Una asociación ha denunciado ante la Fiscalía andaluza que en la Junta de Andalucía ejercen psicólogos en procesos de divorcio y de tutela de menores "sin estar colegiados". Tal y como publicó LD, Vox confirmaba el pasado mes de mayo que "el 50% de los trabajadores de violencia de género de la Junta no están colegiados".
En la ampliación de denuncia por supuestos delitos de desobediencia judicial y prevaricación remitida el pasado 21 de junio al Ministerio Público, a la que ha tenido acceso esRadio y Libertad Digital, la Asociación Nacional del Menor Gitano afirma que "el hecho de no estar colegiado no es una cuestión de menor entidad, sino todo lo contrario, es una cuestión de vital importancia y que deja desamparados a los ciudadanos. Ejercer la profesión sin estar colegiado es un fraude social al tiempo que un peligro para la atención que la sociedad tiene derecho a estar amparada deontológicamente de quienes se presentan como profesional de una determinada rama o especialidad del saber".
"Como agravante dentro del fraude social que supone el ejercer la profesión de la psicología, trabajo social y medicina forense como funcionario público en Andalucía sin estar colegiado como obliga las sentencias 3/2013 y 63/2013 del Tribunal Constitucional", añade el escrito, "nos encontramos ante el hecho de que además cualquier otro profesional titulado que ejerce la profesión privada o públicamente al estar colegiado sí que está sometido al control deontológico del colegio profesional y por ende su trabajo profesional sometido a las normas deontológicas y disciplinarias del colegio".
La asociación rebate además los razonamientos expuestos por la Fiscalía Superior de Andalucía para archivar la denuncia inicial sobre estos mismos hechos por un posible delito de intrusismo profesional, derivado de los psicólogos que ejercen en la Junta sin estar colegiados.
"El ciudadano queda desamparado y sometido al arbitrio de profesionales no sometidos a control deontológico que además actúan en desobediencia judicial y a sabiendas no obedecen la Ley que le obliga a estar colegiados, siendo una situación generalizada de fraude social, que va en perjuicio de menores, mujeres y hombres", concluye el escrito en el que se insiste en solicitar a la Fiscalía que se investiguen a fondo estos presuntos delitos.
Precisamente, tal y como avanzaba este diario, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación interna en la Fiscalía de Sevilla por un posible delito de revelación de secretos, tras la supuesta filtración de un informe psicológico de un hombre a su exmujer para favorecerla en su proceso de divorcio. Los hechos investigados tuvieron lugar cuando la actual fiscal general del Estado en funciones, María José Segarra, era fiscal jefe de Sevilla.