Las expresiones del presidente de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que motivaron que este fin de semana su propio partido explicara que lo dicho por el ex juez eran meramente opiniones personales, pone en cuestión su aparente papel "representativo" en Andalucía. La posición del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha sido clara y contraria en buena medida a lo publicado por Serrano.
De hecho, los Estatutos de Vox no contemplan ninguna presidencia andaluza de Vox porque no incluye el nivel autonómico en su estructura, sino sólo la presencia de los Comités Provinciales. En realidad, el calificar a Serrano de presidente de Vox en Andalucía, como se ha hecho hasta ahora, es más una cuestión honorífica que estatutaria. No hay autoridad autonómica en Vox sino sólo autoridad provincial. De haber alguna autoridad andaluza en Vox lo sería el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández.
El caso de la Manada ha producido numerosas tensiones. La sentencia del Tribunal Supremo conocida el viernes –que agravaba las penas y corregía la valoración de las pruebas efectuada por la Audiencia Provincial de Navarra–, ha terminado por afectar muy especialmente a Vox Andalucía, sobre todo por determinadas declaraciones de su presidente, Francisco Serrano, juez en excedencia, que tiene en su punto de mira la violencia de género como tema casi único de sus apariciones públicas.
Desde el pasado fin de semana, Francisco Serrano, ha sido desautorizado por todos los partidos políticos andaluces e incluso desde su propio partido se ha asegurado que sus declaraciones eran meramente personales. El propio Serrano así lo ha expresado y ha borrado los tuits que dieron lugar a la convulsión interna más grave sufrida por Vox.
Mucho antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, las declaraciones de Serrano, especialmente vía redes sociales y casi siempre sobre violencia intrafamiliar o doméstica, han provocado numerosos conflictos mediáticos. Pero de hecho, en las negociaciones sobre los presupuestos con el PP y el nuevo Gobierno andaluz y otras negociaciones anteriores, Serrano apenas ha participado.
La última vez que hizo declaraciones destacadas fue con motivo del personal que componen los expertos en Violencia de Género de la Junta de Andalucía, solicitando el mayor numero de datos posibles sobre su identidad y formación, sospechando que algunos de ellos no disponían de la cualificación suficiente o los requisitos exigibles para tal cometido.
Posteriormente, se comprobó que Serrano llevaba razón al sospechar que algunos de estos trabajadores no estaban suficientemente cualificados. De hecho, se conoció que la Junta, mientras la presidió el PSOE, no había hecho cumplir el requisito de estar colegiado en los respectivos colegios profesionales.
Posteriormente, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local dirigida por Ciudadanos confirmó que de 29 psicólogos que trabajaron en estos organismos entre los años 2012 y 2019, 12 no estaban colegiados. De 19 trabajadores sociales, tampoco lo estaban 7 de ellos y de 53 médicos forenses, 18 no están colegiados.
Lo que verdaderamente ha dicho Francisco Serrano
Baltasar Garzón, la Fiscalía General del Estado, los partidos políticos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y muchos otros, incluso antes de conocerse públicamente la sentencia, aplaudieron la corrección del Tribunal Supremo sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que convertía el abuso sexual en agresión y elevaba las penas de los condenados.
Francisco Serrano, presidente de Vox en Andalucía, lamentó el sábado que la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los miembros de la Manada por un delito de agresión sexual, y no de abuso sexual, como se hizo en primera instancia, estuviera "cargada de condicionantes mediáticos y políticos".
En el medio de comunicación preferido por Serrano, Twitter, razonaba que lo dictado con anterioridad por los correspondientes órganos judiciales "técnicamente no se puede cambiar, alterar ni empeorar", en relación a la nueva sentencia condenatoria que ha corregido la valoración de las pruebas.
Debido a ello, Serrano, exjuez en excedencia y especialista en la materia, dijo que "nos volvemos a encontrar con una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará ante el Tribunal Constitucional", lo que "no es la primera vez ni será la última".
Añadió Serrano que la revocación por "error" en la prueba exige que "la sentencia recurrida carezca de motivación y resulte incongruente y carezca de razonabilidad" por lo que "sólo podría revocarse por infracción de normas sustantivas, entiendo que no antes sin oír a los acusados para no causar indefensión", ha dicho.
A su juicio, precisó, "la diferencia entre el delito de violación y agresión sexual no depende más que de la propia apreciación de unos hechos probados que no se pueden alterar y que se practicaron, valoraron y razonaron con inmediación en primera instancia".
Pero luego su afición insuperable a los mensajes vía redes sociales, le llevó a decir en las redes sociales que "la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis te puede salir más caro", en relación al caso de la Manada y que "la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente a través de la prostitución".
Además, dijo que "si una mujer dice sí, pero en cualquier momento posterior dice no, inclusive varios días después, el denunciado será condenado a prisión por violación". Y seguía: "Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión". Esta fue la expresión que desató el terremoto mediático y político.
Esta vez no sólo han sido el PSOE y Podemos los que han reaccionado contras las declaraciones de Francisco Serrano, sino que ha sido el nuevo Gobierno del cambio quien asimismo lo ha hecho, desautorizando las palabras de quien es su socio en parte del programa, muy especialmente en lo que se refiere a la violencia de género.
Pero fue la apreciación del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, cada vez más presente en los asuntos del partido en Andalucía y muy especialmente en los pactos de Gobierno y el pacto presupuestario, quien advertía que lo dicho por su presidente, Francisco Serrano, era una opinión personal y que en Vox se le tiene el máximo respeto por las resoluciones de nuestros Juzgados y Tribunales y que desde VOX "pedimos ya hace tiempo un endurecimiento de las condenas para los delitos de violación. Seguiremos luchando por un poder judicial autónomo e independiente".
La disensión ha sido tan evidente y la posición de Francisco Serrano tan reiterada y tan insistente que, aún a pesar de haber borrado los tuis más llamativos y de haber admitido que expresaban su opinión personal, se espera que en las próximas horas se aclare definitivamente lo sucedido y conocer si el papel de Serrano es modificado o no por el partido.
Manadas visibles y manadas invisibles
El caso de La Manada de Pamplona sólo es uno de los muchos casos parecidos que han tenido lugar en España desde 2016, como ha demostrado El Mundo, que ha contabilizado hasta 104 casos y 356 agresores sexuales en grupo. De todos ellos, apenas se conoce nada y pasan extrañamente desapercibidos.
Por poner un ejemplo relacionado también con Andalucía, tenemos el caso de la manada de Villalba, en la provincia de Madrid. Ricardo Alonso Martín, su principal componente, era técnico de la sociedad hidráulica del Ayuntamiento de Cádiz desde 2016, ya con José María González Kichi en la alcaldía, como responsable de proyectos y obras en el departamento técnico. Desde 2015 ya estaba acusado formalmente de violación.
Ingeniero de profesión fue el autor con otros de un informe falso sobre las aguas contaminadas en Cádiz, contaminación de la que el alcalde podemita José María González Kichi acusó al PP, siendo procesado y condenado por ello.
Alonso, en sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, fue uno de los tres autores, junto a un guardia civil y a un militar, de la violación "de forma continuada" y en grupo a una joven en 2015, ejerciendo sobre ella gran "intimidación ambiental". Tras el fallo los tres fueron enviados a prisión e inhabilitados de sus funciones públicas.
Alonso Martín estuvo contratado anteriormente por una empresa externa llamada Aquageo que trabajaba para diversas corporaciones públicas. Y en 2016, ya con José María González Kichi en el Gobierno municipal y tras realizar un examen cuyo contenido está por comprobar, obtuvo la plaza de jefe técnico en Aguas de Cádiz.
Ricardo Alonso, tras ser contratado por el equipo de Kichi en Cádiz, había participado incluso en ponencias representando a la empresa municipal en un congreso que se celebró en el parque ferial Ifema de Madrid los pasados días 29 y 30 de octubre de 2018 titulada Gestión Inteligente del Agua Urbana en Cádiz. En la ficha de dicha conferencia Alonso, ahora condenado, se presentaba como ingeniero de caminos, canales y puertos, y experto en hidráulica y energética.
Aguas de Cádiz, la empresa municipal de aguas de Cádiz, que depende del Ayuntamiento que preside José María González Kichi negó que hubiese tenido conocimiento de la acusación e implicación de su jefe técnico en este turbio y delicado asunto. Pero necesariamente tuvo que tener constancia de la ausencia del técnico debido a las circunstancias de su enjuiciamiento criminal.
Según su comunicado, Aguas de Cádiz dijo que fue el pasado 5 de marzo de 2019 cuando se enteró de que Alonso Martín había ingresado en prisión como medida cautelar han procedido "conforme dispone la normativa laboral aplicable art.45.1. d del Estatuto de los Trabajadores, a suspender su contrato laboral hasta el momento en el que exista una sentencia firme".