El juicio por el golpe de Estado ha concluido después de cuatro meses y 52 sesiones en el Tribunal Supremo. Poco después de las siete de la tarde de este miércoles, el juez Manuel Marchena ha pronunciado el "visto para sentencia". Los últimos informes de las defensas no han aportado novedades de calado. Insisten en negar los hechos, descalifican las pruebas y los testimonios incriminatorios y sólo admiten que sus mandantes pudieron cometer desobediencia.
La mayoría de los acusados han reivindicado el "derecho de autodeterminación" en sus alegatos finales. Oriol Junqueras, el primero en tomar la palabra, no ha consumido sus quince minutos y no ha sido el suyo el discurso más aguerrido ni el que probablemente esperaban sus bases. En su defensa se ha calificado como "padre de familia" y "profesor" con "vocación política tardía". Ha presumido de su educación en un colegio italiano, de sus convicciones democráticas, republicanas y cristianas. así como de un profundo pacifismo. "Votar y defender la república en un parlamento no puede ser delito, jamás debería ser delito" ha sido su frase más destacada.
Más extenso ha sido su compañero Raül Romeva, el exconsejero de Exteriores de la Generalidad, que se ha remitido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del año 2010 para fijar el origen del "conflicto político". Además, se ha aferrado a la teoría de que el ochenta por ciento de la población de Cataluña quiere un referéndum para justificar sus acciones y ha asegurado que "en este banquillo están sentados más de dos millones de personas".
Los posconvergentes Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull han reivindicado la "naturaleza política" del supuesto "conflicto entre Cataluña y España", han criticado con crudeza a la Fiscalía y a Vox, no así a la Abogacía del Estado. Parecido tono ha empleado Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha resumido los argumentos de su abogada Olga Arderiu. Cree que la juzgan por haber sido presidenta de la ANC hasta 2015 y asegura que no hizo más que sus compañeros de la mesa de la cámara catalana que serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solo por desobediencia.
Cuixart, el más claro
Ha sido Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium, quien más ha dado la nota al reivindicar la desobediencia civil, criticar la contaminación de los mares, el rescate bancario y el discurso del Rey. Ha declarado además que no se arrepiente y que "lo volveremos a hacer". Esa era la intención que planeaba en la mayoría de las intervenciones de los procesados, si bien Cuixart fue el más claro a la hora de expresar las intenciones separatistas.
El contrapunto de esos alegatos, con mezcla de saludos y agradecimientos a familiares, abogados y al "pueblo de Cataluña", ha venido de la mano de Santi Vila, el exconsejero de Cultura que dimitió un par de horas antes de la proclamación de la república y considerado un "traidor" por el independentismo. Vila ha puesto sobre la mesa la negativa de Puigdemont a convocar elecciones al Parlament, decisión que desencadenó el 155 y la respuesta judicial a la intentona separatista. Según Vila, Puigdemont, el gran ausente, "no pudo o no quiso" optar por esa salida, que según todos los indicios hubiera evitado la prisión provisional para algunos de sus colaboradores.
Ambiente judicial enrarecido
El juicio, pues, está visto para sentencia en medio de un ambiente judicial enrarecido por los rumores de cese de la fiscal general de Estado, María José Segarra, por no haber asumido las instrucciones del Gobierno de no solicitar el cargo de rebelión para los acusados, y también por la iniciativa de la Abogacía del Estado de no oponerse a que Oriol Junqueras adquiera la condición plena de eurodiputado, lo que podría comportar que el Supremo se viera obligado a pedir un suplicatorio en el Parlamento europeo para sentenciar al líder de ERC.
Marchena y Zaragoza
Marchena ha seguido inmutable los alegatos de los acusados, algunos empeñados en dar consejos a los jueces sobre cómo debe ser la sentencia y sin mostrar la más mínima autocrítica. Los alegatos tampoco han alterado lo más mínimo a los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena, blanco de las críticas de la mayoría de los procesados. No estaba el fiscal Javier Zaragoza, que junto a Marchena ha sido una de las estrellas del juicio. Contra Zaragoza han ido dirigidas algunas de las invectivas en las palabras finales.
Otro de los grandes protagonistas, el abogado Javier Melero, defensor de Joaquim Forn, no ha expresado el sentir del resto de sus compañeros al comentar fuera de la sala que el juicio dirigido por Marchena se ha desarrollado con un escrupuloso respeto por las garantías procesales. Se da por descontado que la sentencia se emitirá como muy tarde en octubre, cuando se cumplirán dos años del golpe perpetrado en Cataluña.
Del sentido del fallo dirá mucho si el tribunal mantiene la prisión provisional para los acusados o acepta su excarcelación tras la conclusión del procedimiento. En el peor de los casos para sus intereses, los procesados confían en que serán trasladados de nuevo a las cárceles catalanas de la Generalidad, donde gozaban de privilegios impensables en otras prisiones del territorio nacional.