La Abogacía del Estado apoya que el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, pueda salir de prisión el próximo 17 de junio para jurar ante la Junta Electoral como eurodiputado. La Fiscalía del Tribunal Supremo que le acusa de rebelión por el 1-O, se mostraba ayer en contra y advertía del peligro para el proceso judicial que podría conllevar que Junqueras obtuviera la inmunidad como diputado del Parlamento Europeo.
El juicio está previsto que acabe este miércoles para dar comienzo la fase de deliberaciones de tribunales y dictado de sentencia. Según fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, la Sala que preside Manuel Marchena tiene previsto deliberar hoy sobre el permiso de Junqueras y anunciar mañana la decisión.
En un escrito de 5 páginas remitido al Supremo, la abogada del Estado, Rosa Seoane, considera que es a la Junta Electoral a la que corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a los candidatos electos. Singularmente los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación supondría la suspensión de Junqueras también como europarlamentario y que ya se le aplicó en el Congreso de los Diputados.
El escrito de la Abogacía del Estado se basa, dice, en la doctrina expuesta por el propio tribunal hace tan solo unas semanas, cuando se concedió permiso a Junqueras y a otros presos en la misma causa que resultaron electos para salir de la prisión madrileña de Soto del Real. Según la Abogacía, se amparó en el "ejercicio de sus derechos de representación política" para tomar posesión de sus escaños en el Congreso y en el Senado. Posteriormente, todos fueron suspendidos de sus cargos.
La abogada del Estado, Rosa Seoane, pide que el traslado de Junqueras al Congreso de los Diputados, donde se ubica la Junta Electoral, se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y del Senado. Además, solicita que se envíe a este órgano el auto de conclusión del sumario de la causa del procés y la comunicación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado español.
Según la Abogacía, corresponde a la Junta Electoral Central y no al Parlamento Europeo la competencia para valorar el cumplimiento de los requisitos, mientras que posteriormente es la Cámara europea la que debe resolver las controversias que pudieren eventualmente suscitarse: "El Parlamento no puede poner en cuestión la propia regularidad de la proclamación efectuada por la Junta Electoral nacional".
Respecto a la inmunidad, los Servicios Jurídicos del Estado que representa Seoane indican que "la extensión y alcance del régimen de las inmunidades de los Parlamentarios Europeos se remite al derecho nacional de cada uno de los parlamentarios". "Vendrán determinados por la extensión que les reconoce el derecho español", añadía el escrito.
La Abogacía se posiciona así de forma opuesta a la Fiscalía, que rechaza que se le conceda el permiso en un informe en el que advierte que, de obtener la condición de europarlamentario, ello obligaría a pedir un suplicatorio a la cámara europea para poder seguir avanzando en el procedimiento que causaría "interferencias absolutamente irrazonables" en el procedimiento judicial.