La Fiscalía del Tribunal Supremo rechazará la libertad de los golpistas del 1-O al terminar el juicio. La vista oral sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre finalizará la semana que viene. El próximo martes 11 y el miércoles 12 será el turno para que las defensas expongan sus informes finales y posteriormente, los acusados dispondrán de la última palabra.
Los letrados de algunos de los 9 acusados que permanecen en prisión provisional aprovecharán las últimas jornadas de la vista oral para pedir su libertad. Recordamos que en la actualidad permanecen encarcelados el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, el Ministerio Público mantendrán el criterio seguido hasta la fecha. Es decir, rechazará su puesta en libertad para "garantizar" que los acusados estén a disposición del tribunal que preside Manuel Marchena cuando se haga pública la sentencia, prevista aproximadamente para finales del mes de octubre. Cuánto más cerca está la sentencia, lógicamente hay que extremar las precauciones para poder ejecutarla.
Para la Fiscalía siguen concurriendo los requisitos que establece el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM para mantener la prisión provisional, especialmente el riesgo de fuga. También, las penas elevadas solicitadas por la acusación y los graves delitos de rebelión, sedición y malversación agravada por los que están siendo juzgados en el Supremo.
Estas mismas fuentes destacan además que si los golpistas fueran puestos en libertad, la aplicación del artículo 384 bis de la LECRIM que permitió la suspensión como diputados y senadores de Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva, "quedaría sin efecto". Un elemento clave para las negociaciones y pactos de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.
Recordamos que el citado artículo establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
Dicha suspensión fue finalmente avalada por la Mesa del Congreso, después de que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, remitiera un escrito al Tribunal Supremo formulando "sus dudas" sobre la suspensión de los golpistas.
La acusación de rebelión de la Fiscalía
El pasado 29 de mayo, la Fiscalía de Tribunal Supremo confirmaba su petición de pena de prisión para los golpistas del 1-O y su acusación por un delito de rebelión. El Ministerio Público elevaba "así a definitivas" su escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 2 de noviembre de 2018, en el que detallaban el delito por el que acusaban a los golpistas y su correspondiente pena de cárcel.
La Fiscalía pedía también al Supremo que los condenados no obtuvieran el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena, para evitar que se les conceda el régimen de semilibertad en cárceles de Cataluña como ha sucedido recientemente con Oriol Pujol.
En su escrito de acusación del 1-O presentado el pasado 2 de noviembre, la Fiscalía solicitaba 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 años para Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como máximos responsables del delito de rebelión.
En el segundo escalafón, se situaban los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, para los que reclamaban 16 años de cárcel. Junqueras y los exconsejeros eran también acusados de malversación de fondos públicos.
Por último, en un tercer escalafón de petición de penas se encontraban los tres exconsejeros procesados y acusados sólo por malversación y desobediencia continuada y grave para los que la Fiscalía pide 7 años de prisión: Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.