El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha afirmado que "en Cataluña hubo un golpe de Estado" durante el informe final del Ministerio Público en el juicio sobre el 1-O.
"Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales. Esto es lo que pretendían los acusados: derogar y suspender la Constitución y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el procés", señalaba el fiscal mientras hacía referencia al jurista Hans Kelsen, que tuvo que huir a EEUU, ante el auge del nazismo.
Zaragoza sostenía que lo vivido en Cataluña "ha sido la crónica de un alzamiento anunciado, los españoles la han visto todo a través de las televisiones. Son hechos públicos y notorios, que quizá no haga falta probar con elementos de prueba, pero hay documentos que prueban el concierto entre Generalitat, Parlament y asociaciones civiles".
El fiscal recordaba que los golpistas "han desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional" y "han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional, han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales, han destinado los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio".
Además aseguraba con rotundidad que en esta causa "no hay presos políticos, no son presos políticos. Un preso político es aquél que se mantiene encarcelado no por haber cometido un delito tipificado como tal, sino porque sus ideas o sus opiniones suponen un desafío para el sistema establecido". "No se persiguen ideas políticas. Los acusados son perfectamente conscientes de esto. La razón es haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento de nuestra convivencia", destacaba.
El representante del Ministerio Público también ha defendido la actuación policial: "El uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios". Después, descartaba que el golpe en Cataluña se trate de una sedición: "No puede ser una sedición, crimen contra el orden público; esto fue un ataque contra el orden constitucional".
A continuación, fundamentaba la acusación de rebelión: "El carácter violento no implica ni violencia grave ni violencia armada, no hacen falta armas, ni militares, ni que vaya precedido de la declaración del estado de sitio. La única violación de derechos civiles que hoy se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución".
Junqueras fue el "motor" de la rebelión
El fiscal Javier Zaragoza ha aludido al "monólogo" del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, durante su declaración en el juicio del 14 de febrero y sus "sofismas", que consideraba un "ejercicio de cinismo sin precedentes" al asegurar que el Gobierno no quería negociar con ellos.
"Junqueras es el motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando desde hace mucho tiempo para que esta situación se produjera. Sus dos principales cargos políticos, Jové y Salvadó, eran encargados de toda la infraestructura del referéndum y creación de las estructuras de Estado", añadía Zaragoza.
El fiscal también destacaba la reunión del 28 de septiembre de 2017 con la cúpula de los Mossos, cuando les advirtieron de la "altísima probabilidad" de una escalada de violencia si seguían adelante con el referéndum ilegal del 1-O, ya que las fuerzas del orden iban a cumplir el mandato judicial contra la consulta ilegal y se iban a encontrar en la calle con dos millones de personas. Junqueras "trasladó a la ciudadanía la imagen de que el referéndum era legal y había que votar".
Las pruebas, la malversación y el dogma penal
El fiscal Jaime Moreno ha detallado todas las pruebas obtenidas contra los golpistas durante el juicio del 1-O, ha desmontado la falacia de que "votar no es delito" y ha recordado que el Gobierno de Carles Puigdemont decidió seguir adelante con el referéndum ilegal sabiendo que habría violencia: "Todos ellos eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos. No estamos ante un dolo eventual, con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo".
"Ha sido probado que desde el 19 de septiembre hubo violencia, que fue suficiente para los objetivos que se habían trazado; sin ella no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en la hoja de ruta, los acusados lo sabían y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse", añadía.
La fiscal Consuelo Madrigal explicaba al tribunal la acusación de malversación, aseguraba que "el desvío de fondos puede ascender a unos tres millones de euros" y que "todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos". "La conducta no solo perjudicó a la hacienda pública española y catalana, sino que constituyó un execrable ataque al Estado de derecho", afirmaba.
Madrigal parafraseaba a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y su célebre frase "el dinero público no es de nadie", para asegurar que las personas que asumen esta frase son los que "abusan" de los fondos públicos cometiendo el delito de malversación.
Por último, el fiscal Fidel Cadena se encargaba de exponer el dogma jurídico de los hechos juzgados e impartía una lección magistral de derecho penal, argumentando por qué los golpistas cometieron rebelión y no sedición: "Estamos en el ámbito del orden constitucional y no del orden público. No se puede calificar esto como sedición. Es un delito que se consuma desde el momento en que te alzas con esos propósitos, no es necesario obtener el resultado".
Sobre los Mossos, Cadena aseguraba: "Si existe pasividad de los Mossos hay planificación. Un cuerpo armado se pone al lado de la rebelión". "El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña", concluía el representante del Ministerio Público.
Por último, ha recordado que el Rey Felipe VI tuvo que hacer una aparición pública el 3 de octubre de 2017 para pedir que en Cataluña se "respetara el orden constitucional, no la paz pública", para exigir el "cumplimiento de las obligaciones constitucionales".