La "desconexión violenta" impulsada por los golpistas será el eje del informe final de la Fiscalía sobre el 1-O

La "desconexión violenta en Cataluña" será el eje principal del informe final de la Fiscalía sobre el 1-O que presentan este martes, según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital. Una desconexión orquestada por la Generalidad de Cataluña, ANC y Ómnium Cultural con el objetivo final de lograr la independencia.

El informe se dividirá en 4 grandes bloques de 1 hora de duración aproximada, un bloque por cada fiscal encargado de la causa. Javier Zaragoza hablará sobre el planteamiento de la acusación de rebelión y los principios generales. Jaime Moreno detallará las pruebas obtenidas durante el juicio oral y Consuelo Madrigal abordará la malversación de fondos públicos. Por último, Fidel Cadena explicará la dogmática penal sobre los hechos.

El primer hito temático que abordará la Fiscalía tendrá como objetivo desmontar el supuesto "derecho de autodeterminación" que reivindican los golpistas tras las elecciones autonómicas catalanas del año 2015. Unos comicios mal llamados plebiscitarios en los que los partidos independentistas obtuvieron el 48% de los votos.

El Ministerio Público argumentará que la resolución de Naciones Unidas sostuvo que el derecho de autodeterminación sólo podría ser aplicable en determinados casos. Concretamente, en procesos de descolonización de antiguos imperios coloniales, pero no en Estados establecidos históricamente. Ya que si se aplicara de esta forma, cada pueblo, ciudad o comarca podría esgrimirlo y se llevaría a cabo una "fragmentación infinita".

El segundo eje del informe final de la Fiscalía se centrará en "la gran falacia" de invocar el principio de democracia para justificar el referéndum ilegal frente a "la verdadera democracia" que se protege con la Ley y que se garantiza con los procesos democráticos ya establecidos. En este contexto, el Ministerio Público destacará que el principio democrático al que apelan los separatistas no se puede aplicar contra la Ley, tal y como ha plasmado en numerosas resoluciones el Tribunal Constitucional.

El tercer y gran bloque del Ministerio Público que sustentará la acusación de rebelión será la "desconexión violenta" de Cataluña del resto de España. La primera pata de dicha desconexión es la acción parlamentaria efectuada desde 2015 hasta 2017 en el propio Parlamento catalán. Se elaboró una normativa propia que aprovechó el Gobierno de la Generalidad de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum ilegal del 1-O y declarar la independencia.

La segunda pata de la desconexión se sustenta en la organización del golpe, plasmada en el documento Enfocats y en la famosa agenda Moleskine. Unos documentos incautados a Josep María Jové, secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, y mano derecha de Oriol Junqueras. Las anotaciones y escritos que constituyen la hoja de ruta del independentismo se hicieron realidad con el desarrollo de los acontecimientos.

Por último, la tercera pata de la desconexión es la violencia. La Fiscalía defenderá que los golpistas la tenían prevista y que sabían que en el último momento tendrían que recurrir a ella, entrando en juego la población levantada y movilizada, apoyada por los Mossos d'Esquadra.

Al tener el poder político de la Comunidad Autónoma, no necesitaban la violencia desde el primer momento. Por ello, sólo la asumieron y la ejercieron al final con la reacción defensiva del Estado. Especialmente, a partir del 20 de septiembre de 2017, cuando comienzan las acciones judiciales en Cataluña y se moviliza a la ciudadanía para impedirlas, registrándose ataques frontales a los agentes de Policía y Guardia Civil. Desde esa fecha, se producen movilizaciones masivas lideradas por los Jordis y pactadas con el estamento político hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

El alzamiento público y violento que se manifiesta con la presencia de una masa agresiva, que ataca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con escraches, lanzamiento de objetos o cortes de carretera generando un clima insurreccional generalizado. La fase final del alzamiento es el referéndum vinculante del 1-O, imprescindible para la declaración unilateral de independencia.

En este punto, el Ministerio Público recordará una de las pruebas obtenidas durante el juicio. La famosa reunión de seguridad en la que los mandos de los Mossos alertaron de la violencia y de los incidentes que iban a tener lugar si seguía adelante con el referéndum ilegal entre la población y las fuerzas policiales. Puigdemont dijo entonces que "si había violencia el 1-O declaraba en ese momento la independencia".

Estas palabras del entonces presidente catalán demostrarían que no quiso evitar la violencia, lo que constituiría el proceso rebelde. De hecho, se preparó a la ciudadanía con técnicas de resistencia que dicen ser pacíficas, pero que impedían la acción policial. En muchos centros de votación no pudieron entrar.

La malversación para subvertir la Constitución

Finalmente, el Ministerio Público pondrá encima de la mesa la malversación que demuestra que el Gobierno catalán alentó económicamente la rebelión. Una malversación, por tanto, que no es sólo un delito contra el patrimonio, sino contra el orden constitucional, ya que la Generalidad realizó y planificó todos los gastos necesarios para el referéndum ilegal y poder subvertir el orden constitucional de forma violenta.

Con todos estos argumentos expuestos, la Fiscalía justificará por qué es un delito de rebelión y no de sedición. No obstante, defenderán que la cascada de delitos de sedición harían aflorar nuevamente el delito de rebelión en el 1-O.

Por la tarde, será el turno del informe final de la Abogacía del Estado. Su representante Rosa Seoane justificará su acusación de sedición. Por último, tomarán la palabra los representantes de Vox, que ejercen la acusación popular y que también acusaron a los golpistas de rebelión, con más delitos y más pena de prisión que la Fiscalía.