Quim Torra y los consejeros de su gobierno ya llevan un año al frente de la Generalidad sin cumplir ni una sola de sus promesas. El plan inicial era "investir a Carles Puigdemont, restituir el gobierno legítimo, aprobar las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, recuperar el pleno funcionamiento de la hacienda catalana y crear una asamblea de cargos electos", pero de momento no hay nada de todo eso, tal como recordó la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en el ecuador del primer año Torra.
Tampoco ha habido avances en el sentido contrario. Torra es el presidente follonero, el de las pancartas de los "presos políticos" y el que evita saludar al Rey. El ejecutivo autonómico no ha aprovechado el restablecimiento de las comisiones bilaterales con el Gobierno. Los partidos que los componen tienen objetivos opuestos. ERC es partidaria de una cierta "moderación" mientras que Torra, espoleado por el prófugo Puigdemont, emplea una retórica de máximos en sus relaciones con Madrid. Ya nadie le hace caso. Se le considera una simple marioneta de Puigdemont. Las jornadas del Círculo de Economía han sido la última prueba de la nula credibilidad que se dispensa a Torra. Los empresarios le aplaudieron por mera cortesía, no se llenó la mitad del aforo y ni si le hicieron preguntas. Frialdad absoluta.
En un año, Torra ha pisado todos los charcos. Se dio a conocer al gran público con una selección de textos racistas y supremacistas, presumió de que toda su familia está apuntada a los Comités de Defensa de la República (CDR) y no dudó ni un segundo en rendir pleitesía absoluta a su valedor primero en Berlín y luego en Waterloo.
Ofensiva contra el Rey
Tras la toma de posesión del nuevo ejecutivo regional tras el veto que impuso el Gobierno de Rajoy a que se nombraran consejeros presos y fugados, el 2 de junio del año pasado, Torra y sus consejeros aplicaron una agenda plagada de grandes gestos, viajes y discursos que se han convertido ya en habituales en el paisaje político catalán. Torra ya ha viajado a Estados Unidos dos veces para dar ruedas de prensa ante TV3 y Catalunya Ràdio, así como decenas de veces a Waterloo, a Soto del Real y al Tribunal Supremo.
Otro gesto ha sido el de declararle la guerra al Rey. Buscó el cuerpo a cuerpo con el monarca en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, en junio del año pasado, pero no logró perturbar a Felipe VI. Tampoco en la celebración del Mobile World Congress de febrero pudo Torra reventar un acto con la presencia del Rey.
El pacto de Pedralbes
Logró, eso sí, plantarse en Moncloa con el lazo amarillo y acordar con Sánchez el pacto de Pedralbes, un documento en el que el Gobierno reconoce la supuesta naturaleza política del "conflicto". El entendimiento no fue óbice para que los CDR actuaran con extrema violencia para boicotear el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró la mañana siguiente, el 21 de diciembre del año pasado, en Barcelona.
Por aquellas fechas concluía la "huelga de hambre" de los presos de Puigdemont y que Torra secundó prohibiendo los canapés en los actos oficiales y ayunando una noche en el monasterio de Montserrat con gran despliegue de propaganda.
Que el Govern esté roto y los consejeros de ERC vayan por un lado y los de Junts per Catalunya (JxCat) por otro no ha sido impedimento para que Torra haya tomado algunas medidas ejecutivas, como la de subirse el sueldo hasta los 146.926 euros, cosa que hizo nada más aterrizar en la Generalidad, o la de montarse un ejército personal con mossos de acreditado perfil separatista para blindarse ante una hipotética reedición del 155.
Torra ha hecho grandes amigos entre los productores artesanales de ratafía, no así entre los representantes empresariales, que prefieren tratar con el vicepresidente del "Govern" y segundo de Junqueras, Pere Aragonès. Sin embargo, en la guerra soterrada por la representatividad separatista en la Generalidad, Torra cuenta con el aval de Puigdemont, indiscutible para las entidades ANC y Òmnium, el PDeCAT, Junts per Catalunya y el resto de siglas del prófugo.
La respuesta a las sentencias
Ese aval le permitirá encabezar las reuniones a las que ha convocado a representantes de la sociedad civil separatista para arbitrar la respuesta de los golpistas a las sentencias del Tribunal Supremo. En ningún caso está decidido que las previsibles condenas vayan a precipitar una convocatoria de elecciones en Cataluña. Lo único claro son los bandazos del tándem Torra&Puigdemont, la dependencia de Waterloo, la paralización administrativa por la falta de apoyos para sacar adelante los Presupuestos (la región lleva sin cuentas públicas desde 2017) y que el ejecutivo regional está dividido entre los que obedecen al prófugo y los que sólo hacen caso de Oriol Junqueras.