La Fiscalía de Tribunal Supremo ha confirmado su petición de pena de prisión para los golpistas del 1-O y su acusación por un delito de rebelión. El Ministerio Público eleva "así a definitivas" su escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 2 de noviembre de 2018, en el que detallaban el delito por el que acusaban a los golpistas y su correspondiente pena de cárcel.
La Fiscalía pide al Supremo que los condenados no obtengan el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena, para evitar que se les conceda el régimen de semilibertad en cárceles de Cataluña como ha sucedido recientemente con Oriol Pujol.
Tal y como avanzaba esRadio y LD, el Ministerio Público únicamente ha ampliado en su escrito de conclusiones definitivas más datos sobre Unipost y la incautación de material electoral relacionado con el 1-O, conseguidos tras la práctica de la prueba en el juicio.
En su escrito de acusación del 1-O presentado el pasado 2 de noviembre, la Fiscalía solicitaba 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y 17 años para la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, como máximos responsables del delito de rebelión.
En el segundo escalafón, se situaban los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, para los que reclamaban 16 años de cárcel. Junqueras y los exconsejeros eran también acusados de malversación de fondos públicos.
Por último, en un tercer escalafón de petición de penas se encontraban los tres exconsejeros procesados y acusados sólo por malversación y desobediencia continuada y grave para los que la Fiscalía pide 7 años de prisión: Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.
En su escrito definitivo, la Fiscalía recuerda uno de los episodios que fundamentan la rebelión y que afloró en el juicio: "En la tarde del día 28 de Septiembre los mandos policiales, a los que se sumaron los Comisarios Quevedo y Castellví, pidieron una nueva reunión con los responsables de la Generalitat, reunión que tuvo lugar en la sede de la Presidencia con la asistencia del procesado rebelde y de los acusados Junqueras y Forn; los citados mandos solicitaron también que a la reunión asistiera la acusada Carmen Forcadell, en su condición de presidenta del Parlament, quien sin embargo no pudo desplazarse a dicha sede".
"Era altamente probable", añade, "que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial que prohibía el referéndum, de modo que la seguridad solo se podía garantizar mediante la suspensión de la votación del día 1-O. Los mandos policiales pidieron a sus responsables políticos que desconvocaran el referéndum para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de Octubre había violencia declararía la independencia".
"Durante el período temporal comprendido entre el 19-20 de Septiembre y el 27 de Octubre la situación fue claramente insurreccional, ya que a los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se produjeron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el mismo día 1 de octubre, deben sumarse 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarias de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de Septiembre", concluye el escrito.
Abogacia, acusación popular y defensa
Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado, Rosa Seoane, mantiene su acusación de sedición, mientras Vox modifica la acusación sobre el exconsejero de Empresa, Santi Vila, descartando la organización criminal y la malversación, y acusándolo únicamente por desobediencia.
Por último, los letrados de los golpistas han reiterado su petición de absolución, aunque han presentado eximentes en caso de ser condenados por ejercer un cargo o un derecho fundamental en el caso de Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Sánchez, Forcadell y Cuixart.