La Fiscalía mantendrá su petición de pena para los golpistas del 1-O: "La rebelión no se toca"

La Fiscalía de Tribunal Supremo mantendrá su petición de pena de prisión para los golpistas del 1-O y su acusación por un delito de rebelión. Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena ratificarán en la vista oral las condenas solicitadas contra los políticos separatistas antes del juicio al considerar que están "ajustadas" a los gravísimos delitos que se cometieron.

Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, el Ministerio Público tiene previsto "elevar a definitivas" su escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 2 de noviembre de 2018, en el que detallaban el delito por el que acusaban a los golpistas y su correspondiente pena de cárcel. El Ministerio Público ampliará en el escrito de conclusiones definitivas más datos sobre Unipost y la incautación de material electoral relacionado con el 1-O, conseguidos tras la práctica de la prueba en el juicio.

Si la fase documental no se extiende demasiado, la Fiscalía podría incluso presentar sus conclusiones definitivas este miércoles y el próximo lunes el informe final. Todo dependerá del tiempo que se invierta en el visionado de los juicios del 1-O durante la fase documental del juicio que ha comenzado este lunes.

Estas mismas fuentes destacan que los 4 fiscales habrían hecho suyo el siguiente eslogan "la rebelión no se toca", por lo que no se moverán ni una coma en la calificación de los delitos que presentaron en noviembre, descartando así una supuesta rebaja a un delito de sedición o de conspiración para la rebelión. Se espera que durante el informe final, los representantes del Ministerio Público se muestren "muy contundentes y firmes" detallando los delitos cometidos por los acusados para dar el golpe en Cataluña.

En su escrito de acusación del 1-O presentado el pasado 2 de noviembre, la Fiscalía solicitaba 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y 17 años para la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, como máximos responsables del delito de rebelión.

En el segundo escalafón, se situaban los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, para los que reclamaban 16 años de cárcel. Junqueras y los exconsejeros eran también acusados de malversación de fondos públicos.

Por último, en un tercer escalafón de petición de penas se encontraban los tres exconsejeros procesados y acusados sólo por malversación y desobediencia continuada y grave para los que la Fiscalía pide 7 años de prisión: Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.

Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al Gobierno del PP de Mariano Rajoy, los 4 fiscales eran presionados desde el Ejecutivo socialista para que variasen su acusación de rebelión. La fiscal general del Estado, María José Segarra, que relevó a Julián Sánchez Melgar apoyó el trabajo de los 4 fiscales, que en ningún momento pensaron en modificar o paliar su escrito de acusación provisional.

El uso de la violencia para dar el golpe el 1-O

El escrito de acusación presentado por los fiscales del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre sostenía que "la estrategia diseñada se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalidad), de las formaciones políticas independentistas con representación parlamentaria (Junts pel Sí y CUP), y de las entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana-ANC, Òmnium Cultural-OC y Asociación de Municipios por la Independencia-AMI), cuyos máximos dirigentes [...] en unión de otros procesados huidos acordaron como principales promotores ponerla en práctica mediante la acción combinada y sincronizada".

"El plan que habían urdido", añadía la Fiscalía, "consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último –con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado– declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional".

Según los 4 fiscales, los acusados "contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación– la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido. De la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".