El Tribunal Supremo se plantea paralizar la exhumación de Francisco Franco el próximo 10 de junio. El Gobierno anunciaba en marzo que los restos del dictador serían exhumados del Valle de los Caídos y vueltos a enterrar el día 10 de junio por la mañana en el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo, de titularidad estatal.
Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tienen previsto deliberar la próxima semana o, como muy tarde, la siguiente sobre las medidas cautelares solicitadas. Siempre, claro está, antes del 10 de junio. La Familia Franco pidió al Alto Tribunal que el acuerdo del Gobierno quedara en suspenso mientras se resolvía sobre el fondo del asunto.
Las mismas fuentes apuntan que si bien "no hay ninguna decisión tomada por la Sala", los magistrados se decantarían por paralizar cautelarmente la exhumación por puro "sentido común y por lógica". Es decir, la Sala Tercera no quiere arriesgarse a rechazar las medidas cautelares de paralizar la exhumación de los Franco y meses después cuando resolvieran el fondo de la causa, tener que anular la exhumación. Un "espectáculo" grotesco y bochornoso en el que los restos del dictador tendrían que volver al Valle de los Caídos, tras haber salido.
El pasado 8 de marzo, el Supremo admitía a trámite el recurso presentado por la familia Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba la ejecución de la exhumación, ya que lo consideraban "nulo de pleno derecho". La Sala Tercera del Supremo abría además una pieza separada de medidas cautelares, que ahora deben resolver. El trámite se ha ido complicando después de que se hayan presentado otros recursos como el de la Comunidad Benedictina encargada del Valle de los Caídos.
Por su parte, el Gobierno fijaba la fecha para exhumación sin esperar a que el Supremo decidiera sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se limitaba a apuntar entonces que la fecha podría ser pospuesta si el tribunal anulara o suspendiera esa decisión del Ejecutivo en el marco del procedimiento contencioso administrativo abierto con la familia.
El magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo encargado del caso es Pablo Lucas, catedrático de Derecho Constitucional y exjefe de Gabinete de Pascual Sala y Javier Delgado, cuando estos eran presidentes del CGPJ.