A Mercedes Alaya, juez original y primera instructora del caso ERE, que tiene pendientes de sentencia a una veintena de ex altos cargos de la Junta, dos presidentes entre ellos, Manuel Chaves y José Antonio Griñan, se la acusó en repetidas ocasiones de lentitud y retrasos en su instrucción. Pero en el tiempo que lleva su sustituta, María Núñez Bolaños al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sólo del caso ERE, se han archivado 33 piezas.
Mercedes Alaya abrió estas diligencias previas por el caso ERE el 19 de enero de 2011 y el 16 de junio de 2015 fue sustituida por Núñez tras ganar una plaza en la Audiencia. Hasta ese momento, Alaya recibió críticas de muchas instancias judiciales por los "retrasos" que parecían evidentes en su instrucción, muchas de ellas de la propia Fiscalía, cuya jefatura desempeñaba entonces la hoy fiscal general del Estado, María José Segarra.
Destacable es que el 23 de mayo de 2013, el entonces presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, barajó la posibilidad de abrir un expediente disciplinario contra la juez de Sevilla Mercedes Alaya, porque "no es normal ni aceptable" el retraso en tomar declaración a algunos de los imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
El caso ERE, recuérdese, sumario único hasta que fue despiezado por la actual juez, contra el criterio de su antecesora pero de acuerdo con la Fiscalía, cuenta con casi 300 imputados (siendo uno de los casos más importantes que se siguen en la Justicia española por corrupción), se divide en alrededor de 270 piezas y contiene casi 750 millones de euros presuntamente defraudados, el 75 por ciento del presupuesto de la ciudad de Sevilla par todo un año y superior al de la mayoría de las capitales españolas de provincia.
Pues precisamente ha sido el tiempo, la tardanza en la instrucción o la inactividad instructora, lo que ha conducido al archivo de 33 ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía a empresas y entidades públicas desde marzo de 2016. Estos datos han sido puestos de manifiesto este lunes por un informe del diario ABC.
Es decir, que los delitos de prevaricación y malversación incluidos en subvenciones presuntamente ilegales por 4,75 millones de euros, que es lo que importan las piezas archivadas, quedarán impunes, aunque sus perpetradores siguen estando obligados a devolver el dinero a la Junta de Andalucía si ésta se lo reclama.
El tiempo que corre a favor de la prescripción –10 años para el delito de prevaricación y entre 10 o 15 años el de malversación según criterio de la Fiscalía y de la Audiencia de Sevilla–, se interrumpe cuando, en este caso, la juez Núñez Bolaños inicia una investigación contra una determinada persona o entidad.
Con este criterio en las manos, la juez Núñez Bolaños ha archivado ya 14 piezas separadas en el último mes, en la mayoría de las cuales ni siquiera ha ordenado diligencia alguna. De este comportamiento judicial, se han beneficiado particulares, pero también ayuntamientos gobernados por el PSOE en su mayor parte como Chiclana de la Frontera, La Barca de la Florida, Santiponce, Camas y La Puebla del Río.
Desde la llegada de la juez Bolaños al caso ERE, sólo se ha juzgado una de las piezas relativa al procedimiento utilizado por la Junta en el caso ERE, el famoso "fondo de reptiles" como la bautizó el ex director general Francisco Javier Guerrero. Precisamente, esa fue la gran pieza que la juez no instruyó ni cerró porque lo hizo el juez ayudante de apoyo Álvaro Martín.
Los juicios sobre los casos de Surcolor, Acyco, Cenforpre y las empresas del del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo son los que sucederán al juicio celebrado en Sevilla y que ha afectado a Chaves, Griñán y los ex altos cargos de la Junta.
Además de las 33 piezas archivadas, hay dos centenares largos de piezas que o bien se instruyen o bien, como señalan la Fiscalía y el PP, que actúa de acusación particular, están paralizadas. En otras han sido excluidos de toda acusación los ex altos cargos juzgados en el juicio de la vertiente "política" porque, según la juez y la Audiencia, no pueden ser juzgados dos veces por los mismos delitos.
Si a eso se le une el criterio expresado por la juez Bolaños de que muchas de las personas y particulares imputados en el caso "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas", podrá deducirse el grado de confusión que afecta al caso.