El pleno del Parlamento andaluz ha abierto este jueves la puerta a reformar el Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos políticos al tomar en consideración la propuesta de PP y Ciudadanos, que ha contado con el respaldo de Adelante Andalucía y Vox y la abstención del PSOE.
El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, ha mostrado su "orgullo" por defender esta iniciativa que es "una obligación moral con los andaluces" y que "debía estar aprobada hace tres años", ya que figuraba en el pacto de investidura con el PSOE en la pasada legislatura, que Cs rompió precisamente por este incumplimiento.
Ha preguntado a los socialistas si "tienen miedo" de suprimir lo que considera un "privilegio" y les ha acusado de haber pasado tres años "encerrados en el inmovilismo", además de lamentar que pidieran una reforma "más profunda" para negarse a acometerla: "Esto es modificar cuatro artículos y se llama democracia", ha sentenciado.
"Andalucía ha esperado mucho tiempo, el momento de regenerarse es hoy", ha dicho Romero, para quien suprimir los aforamientos "evitará que los vicios se asienten", algo en lo que coincide con el portavoz del PP, Toni Martín, que cree que esta "no es la panacea para solucionar la corrupción, pero puede serlo si se suma a otras medidas de regeneración que ya se están poniendo en marcha".
El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, se ha mostrado de acuerdo con la supresión de los aforamientos, pero ha sostenido que el Estatuto "es sagrado y necesita del acuerdo de todos", para criticar que no se haya posibilitado un debate previo y acusar a PP y Cs de "monopolizar la reforma, lo que no ha ocurrido jamás".
"Se les están pegando los tics autoritarios de la ultraderecha con la que gobiernan", ha dicho Jiménez, que ha arremetido también contra Adelante Andalucía por su "absolutamente impresentable actitud cómplice" y les ha preguntado si "les parece razonable votar con una fuerza política que quiere acabar con el Estatuto y la autonomía andaluza".
Ángeles Aguilera, de Adelante Andalucía, ha defendido su voto argumentando que su grupo es "demócrata" pero ha calificado la reforma como "de pacotilla, parcial e interesada", realizada "manoseando un Estatuto de Autonomía sin consenso y sin negociar", por lo que es "digna de un Gobierno pequeño incapaz de ver más allá de un debate que es de enorme calado".
Para Manuel Gavira, de Vox, la supresión de esta figura es "una oportunidad de reforzar la igualdad" y ser iguales ante la ley "es una aspiración que las sociedades avanzadas tienen que tener", por lo que ha asegurado que Vox "por coherencia, quiere ser como el resto de los andaluces".
Reforma fiscal
El Pleno del Parlamento andaluz también ha convalidado con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que PSOE-A y Adelante Andalucía han votado en contra, el decreto-ley sobre las nuevas medidas fiscales del Gobierno autonómico y que supone la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la comunidad autónoma en materia de tributos cedidos, para el impulso y dinamización de la actividad económica. El Pleno ha rechazado además la tramitación del decreto como proyecto de ley.
Según ha expuesto ante el Pleno del Parlamento el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, esta medida supone una reforma fiscal que afecta al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al tramo autonómico del IRPF y al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Con esta reforma fiscal, el Ejecutivo andaluz persigue un doble objetivo, "colocar a Andalucía entre las comunidades autónomas con una fiscalidad más baja y generar condiciones que favorezcan la dinamización de la economía". Para el consejero, dotar a las familias y los emprendedores de una mayor liquidez, "se traducirá en mayor consumo y mayor inversión y, en consecuencia, sirva de palanca para potenciar un escenario de creación de empleo".
Así, ha precisado que esta reforma y su consecuente reducción de impuestos se aplicarán de forma progresiva para garantizar la sostenibilidad financiera, así como que es una palanca para potenciar la creación de empleo en Andalucía.
Por su parte, el diputado del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, ha denunciado el "electoralismo" de las medidas fiscales del Gobierno andaluz, porque se han aprobado poco antes de las elecciones, y ha señalado que nada justificaba la urgencia de recurrir al decreto ley, de manera que ha pedido que se dé luz verde a la tramitación como proyecto de ley en el Parlamento. Ha afirmado que el Ejecutivo está generando "incertidumbre" en materia fiscal en esta comunidad. Esa reforma fiscal, según ha añadido, sólo persigue bajar los impuestos a las rentas más altas y ha señalado que los gobiernos del PSOE-A, por el contrario, se los bajaban a las clases medias y trabajadoras.
Ha insistido en que el Ejecutivo se arriesga a que le "recurran" el decreto ley porque no hay justificación de urgencia para haber recurrido a él. A su juicio, las nuevas medidas fiscales del Gobierno andaluz supondrán un "aumento de la desigualdad" entre los andaluces y ha indicado que los presupuestos de la comunidad tendrán que reflejar el impacto real de estas medidas. Ramírez de Arellano se ha referido a las manifestaciones previas de la portavoz de Vox —formación que al final ha apoyado el decreto— relativas a que esas medidas fiscales son una "tomadura de pelo": "Prometo que será la última vez que coincida con Vox".
En nombre del PP-A, su diputada y secretaria general del PP-A, Loles López, ha dicho que la aprobación de este decreto-ley es una "buena noticia" para toda Andalucía "salvo para PSOE-A y Podemos", que han "frito" a esta comunidad a impuestos, siendo la que más pagaba a nivel nacional. "Con este decreto las clases medias se meten en los bolsillos 235 millones, que no van para fiestas, juergas u otros menesteres", ha apuntado.
"Lo que ustedes le sacaron a los andaluces ahora se lo vamos a devolver", ha afirmado la diputada popular, quien ha defendido que no es incompatible bajar impuestos, crear empleo y mantener los servicios públicos fundamentales, "y así lo está demostrando el Gobierno andaluz". Para ello, según ha destacado, el Ejecutivo de Moreno se está "apretando el cinturón" y eliminando "todo lo superfluo".
El diputado de Ciudadanos, Carlos Hernández White, ha manifestado que bajar impuestos es "productivo y eficiente" y ha apuntado que el objetivo de cualquier sociedad es contar con un sistema fiscal "justo, eficiente y que mejore la vida de los ciudadanos", asegurando unos ingresos públicos para que haya servicios públicos de calidad. Ha indicado que se ha comprobado que la política fiscal "excesiva" y por encima de la media que había con los anteriores gobiernos del PSOE-A no ha servido para la convergencia de Andalucía con el resto de comunidades.
"Eso hay que cambiarlo, porque la excesiva presión fiscal no ha ayudado para nada a mejorar la vida de los andaluces", según ha indicado Hernández White, quien ha garantizado que lo que propone el nuevo Gobierno andaluz es un sistema fiscal "progresivo", eliminando "agravios". Se ha mostrado convencido de que el nuevo sistema fiscal andaluz hará posible una mayor convergencia con el resto de España.
El diputado de Adelante Andalucía, José Luis Cano, ha denunciado que la "demagogia" que ha hecho el consejero en la presentación del decreto ley ha sido "brutal" y ha apuntado que es una "insensatez" presentar los impuestos como una "carga", cuando es un ejercicio de "responsabilidad social". Ha mostrado su preocupación por que cada vez más sean las rentas del trabajo las que contribuyen en mayor medida al sostenimiento del Estado, mientras que las rentas más altas son las que menos contribuyen.
"No son bajadas de impuestos lo que trae, sino recortes para el próximo presupuesto", ha dicho al consejero, al que ha reprochado que la única prioridad del Gobierno andaluz sea bajarle los impuestos a "los del taco". Ha señalado que el actual Ejecutivo de PP-Cs se están "cargando" la progresividad del sistema fiscal andaluz.
La portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha asegurado que no estamos ante una "revolución fiscal" sino ante una "venta de humo" por parte del Gobierno andaluz, que trae un decreto de reducción fiscal "absolutamente insuficiente", con reducciones en el IRPF "de muy bajo calado, que no entrará en vigor plenamente hasta 2022" y con una reducción parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que solo afecta a los grupos 1 y 2 y obvia a los restantes.
Tras recordar que en el acuerdo de investidura con Vox se recoge la bonificación al 99% de dicho impuesto también para el resto de grupos, Mulas ha acusado al Ejecutivo andaluz de utilizar este decreto de manera "deshonesta" y con fines electoralistas. "Nos han defraudado y a los andaluces también", ha afirmado Mulas, quien no obstante ha indicado que Vox vota a favor del mismo porque reduce impuestos aunque sea de manera "levísima", y eso "beneficia".