El programa electoral de Ciudadanos, una enmienda a la totalidad del sanchismo

El sanchismo, ese virus que, según Albert Rivera, tiene secuestrado al PSOE, impidiendo que esas históricas siglas se adhieran al bloque constitucionalista, es el principal enemigo a batir en el programa electoral de Ciudadanos. El texto aún no ha sido presentado oficialmente pese a haber arrancado ya la campaña, pero según el borrador al que ha tenido acceso Libertad Digital el partido naranja pretende desterrar determinadas prácticas del actual Gobierno socialista y blindar por ley esas modificaciones.

Es el caso de los decretos leyes, los decretazos cuyo abuso Pedro Sánchez criticó con dureza cuando lideraba la oposición y era Mariano Rajoy quien se acogía a esa figura, y que en nueve meses ha utilizado con profusión el actual inquilino de La Moncloa. En un escueto enunciado, dentro de un bloque donde se plantean modificaciones sustanciales de la Constitución, el programa que ha coordinado el portavoz económico de la formación, Toni Roldán, número dos por Barcelona, aboga por su supresión: "Eliminar la figura del Real Decreto-ley para acabar con los abusos del Gobierno de turno y evitar que puedan esquivar el debate parlamentario".

Con la misma economía de palabras se alude en ese capítulo de reforma de la Carta Magna a la necesidad de "reforzar las competencias del Estado para garantizar la igualdad entre todos los españoles, la libertad de movimientos y la unidad de mercado" así como a "fijar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, sin posibilidad de transferencia, para reforzar la seguridad jurídica".

Un programa con nombres propios: Torra y Puigdemont

De la importancia que Ciudadanos concede al golpe secesionista de 2017, que se juzga ahora mismo en el Tribunal Supremo, da cuenta el primer capítulo del programa, titulado "Defender una España de ciudadanos libres e iguales". Allí, Rivera se compromete con los españoles a enviar "inmediatamente" el requerimiento previo del 155 a Quim Torra para que "acate la Constitución y garantice la convivencia entre todos los catalanes" y también a recuperar el control financiero de las cuentas del Gobierno de Cataluña, "al que renunció Pedro Sánchez" se afirma, "para garantizar que no se destinen fondos públicos a actividades contrarias al interés general".

Pero mirando más a largo plazo, y ante la eventualidad de que se vuelva a repetir un desafío similar a la legalidad, el programa naranja para las elecciones del 28 de abril propugna actualizar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal e incluir el "grave riesgo para el orden constitucional entre los supuestos de interés contemplados por la Ley de Seguridad Nacional".

No es el de Torra el único nombre propio que figura entre las propuesta de Ciudadanos. Su antecesor, Carles Puigdemont, aparece citado en el punto 3, donde se aboga por impedir que "quienes se fuguen de la justicia puedan presentarse a las elecciones y/o beneficiarse del dinero de todos". La formación naranja califica en ese punto de "inadmisible" el hecho de que "se destine dinero público a pagar la propaganda separatista y los gastos de Puigdemont [candidato a las elecciones europeas de mayo] y el resto de consellers huidos de la justicia en el extranjero. Con Ciudadanos, los políticos fugados de la justicia perderán automáticamente su cargo, no podrán presentarse a ningunas elecciones y no podrán beneficiarse, directa o indirectamente, de recursos o financiación con cargo a los presupuestos públicos".

Una nueva ley de lenguas

Otro apartado destacado del programa, y también relacionado con la cuestión catalana, es el de las políticas lingüísticas. Rivera ha reiterado que el castellano debe ser lengua vehicular en todas las escuelas de España.

Un compromiso que se traduce en una nueva Ley Orgánica de Lenguas Oficiales "que garantice el uso del español como lengua oficial y común en toda España". Igualmente, y en línea con las reformas planteadas por el grupo de Ciudadanos durante la última legislatura, el programa aboga porque el conocimiento de una lengua cooficial pueda ser considerado, en el acceso a empleo público, como "un mérito en función de las tareas a desempeñar, pero nunca un requisito".

También por reforzar la Alta Inspección del Estado (a juicio de Ciudadanos con insuficientes recursos humanos y técnicos) con el objetivo de "garantizar que la enseñanza impartida en las aulas y el contenido de los libros de texto no sean contrarios a la ley y a la Constitución".