La Fiscalía italiana ha archivado las ocho denuncias que Juana Rivas ha presentado por maltrato contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, incluyendo las vinculadas a supuestos maltratos del padre a los dos hijos que tienen en común, ante la "inconsistencia" de estas acusaciones y la falta de pruebas.
La justicia italiana ha unificado en un solo procedimiento las distintas denuncias que se han ido produciendo en el periodo de tiempo comprendido entre 2016 hasta finales del año pasado, según consta en el escrito de archivo del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press y que ya ha sido recurrido por la defensa de Juana Rivas.
La decisión de la justicia italiana se basa en "la falta de consistencia" de las denuncias, en las que no se ha podido probar ninguna de las acusaciones de maltrato y se apoya en gran medida en el informe elaborado por la perito judicial en el proceso sobre la custodia de los niños seguido en el Tribunal de Cagliari, en el cual se le define a Arcuri como "un padre cariñoso que cuida a sus hijos" y se hace hincapié en el "grado de manipulación" ejercida por la madre respecto a su hijo mayor.
La Justicia italiana concedió el pasado 20 de marzo la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pueda verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.
Los niños viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos a su padre.
El pasado 14 de marzo la Audiencia de Granada confirmó la condena contra Juana Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, impuesta por el Juzgado de lo Penal 1, después de que permaneciera en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre.
Además de los cinco años de cárcel, Juana Rivas fue condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos y el fallo confirmado por la Audiencia la obligaba también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar a Arcuri, condenado en 2009 en España por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.