El Gobierno andaluz ha cifrado en 762 millones de euros el desembolso de la administración autonómica por sentencias judiciales desfavorables, de los que ya ha desembolsado 548 millones entre 2016 y 2018, y a los que se sumarán 214 millones en los próximos ejercicios presupuestarios, "como consecuencia de las malas decisiones políticas" de los anteriores gobiernos socialistas.
Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien ha comparecido este miércoles, a petición del PP-A, ante el Pleno del Parlamento de Andalucía para informar sobre el cumplimiento y número de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Junta.
Durante su intervención, Bendodo ha explicado que el fallo judicial más importante es el relacionado con el Metro de Sevilla por el que la Junta tendrá que consignar en el próximo Presupuesto 167 millones de euros. Según ha indicado, la intención del Gobierno andaluz es abonarla a la mayor brevedad posible "ya que cada mes que transcurre origina un incremento de 300.000 euros en concepto de intereses".
Bendodo, que ha asegurado que "el gobierno del cambio no tiene nada que ocultar" y que su obligación es ser "transparente" y aportar toda la información que se les solicite por los cauces parlamentarios, ha precisado que entre las sentencias judiciales desfavorables se encuentran las del caso Nevada (156 millones), los centros sanitarios Pascual (21 millones) y Red Eléctrica (57 millones).
Por departamentos, las condenas más millonarias están en los antiguos de Presidencia (1.100 millones de euros), Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (261,4 millones), Justicia e Interior (48,8 millones), Fomento y Vivienda (22 millones) y Empleo (21,9 millones). Además, el Servicio Andaluz de Sanidad está condenado al pago de 145 millones de euros y el Servicio Andaluz de Empleo tendrá que pagar 9,7 millones.
El titular del ramo ha informado también en el Parlamento de que el gabinete jurídico de la Junta tiene contabilizados desde 2014 en el Sistema de Información operativo más de 60.0000 expedientes. Estos procesos están relacionados con casos de posible responsabilidad patrimonial de la administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios.
Ha asegurado que estos procedimientos judiciales pueden acabar determinando un gasto porque finalmente existan responsabilidades patrimoniales de la administración o se fije un justiprecio. También, en algunos casos, pueden generar un ingreso por sanciones o
expedientes tributarios abiertos que sean positivos para la Junta de Andalucía.
Junto a ello, el consejero ha anunciado que el Gobierno andaluz quiere reducir la litigiosidad de la Administración, especialmente en aquellos proyectos de gran envergadura. Por ese motivo, se ha creado una comisión interdepartamental que trabajará en desbloquear aquellos asuntos más urgentes y evitar así la vía judicial.
Se trata de un plan de choque que incluirá, entre otras medidas, la reasignación de personal durante 18 meses para estas tareas. Igualmente, también se trabaja en la creación de una oficina de responsabilidad patrimonial para unificar criterios y acciones de la
Junta de Andalucía en esta materia.
En esta comisión, de carácter transversal, estarán representadas, además de Presidencia, Administración Pública e Interior, las consejerías de Hacienda, Industria y Energía; la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; y la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se trata de las consejerías que se ven involucradas en más litigios judiciales.
"Cuánto daño le habéis hecho a Andalucía"
Por su parte, el diputado del PP-A, Toni Martín, ha considerado "una barbaridad" la cifra de 762 millones de euros en sentencias desfavorables, "con la que se podría hacer más de 30 planes de choques como el puesto en marcha en materia de dependencia", y ha afirmado que "mirando a la bancada del PSOE-A no me queda más remedio que decir: cuánto daño le habéis hecho a Andalucía".
Así, tras pedir a los socialistas que pidan perdón a los andaluces, ha lamentado que haya "cientos de millones enterrados mientras a Andalucía la devoraba el paro, la crisis económica y la falta de oportunidades". "Se trata de una herencia recibida en forma de baúl de los malos recuerdos y las sorpresas desagradables, que está lleno de deudas milmillonarias", ha apuntado.
Para Martín, las consecuencias de una gestión "catastrófica" caracterizada para "la ineficacia y la mala gestión" han terminado en sentencias condenatorias "con costes económicos que tienen que pagar los andaluces". "Este regalito envenenado es una hipoteca para los andaluces, que no ganamos para sustos porque cada mañana nos desayunamos con una nueva sorpresa acompañada de muchos ceros detrás", ha apuntado.