Si el próximo 28 de abril llega a La Moncloa, Pablo Casado quiere iniciar el trámite del artículo 155 de la Constitución en su primer Consejo de Ministros. Los populares están dispuestos a hacerlo "en solitario" y, después, pedir su apoyo a los demás partidos. Pero si esta 'opción A' no es posible, el presidente del PP tiene un 'plan B': hacer que se cumpla la Constitución "desde el artículo 1 hasta la disposición final" mediante el "reforzamiento institucional de la nación".
Un "reforzamiento" que llevaría a cabo "aplicando" leyes actuales y mediante una serie de medidas que afectan desde la seguridad nacional a la educación. En primer lugar, el líder del PP apuesta por "darle un mayor protagonismo a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno" e incluir la moratoria de transferencia de competencias cuando no se ejerce "bien" la responsabilidad en algunas autonomías.
Este plan de reforzamiento incluye también la "prevalencia" de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas, como es el caso de los Mossos d'Esquadra, para que "si reciben órdenes ilegales, en base a la legislación en vigor, ese cuerpo pueda responder al Ministerio de Interior", explican desde el PP. Esta medida la llevaría a cabo con leyes vigentes como la Ley de Seguridad Nacional o la ley de Seguridad Ciudadana.
"Hasta en el último municipio de Gerona"
También proponen la aprobación una "Ley de símbolos" para que "haya banderas de España hasta en el Ayuntamiento del último municipio de Gerona", tal y como aseguran desde el Partido Popular.
Ilegalizar a los partidos que alientan o justifican la violencia, que aquellas formaciones cuyos líderes estén procesados por rebelión "no puedan recibir fondos públicos" y recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndums son otras de las medidas que implementaría Casado si llega a la Presidencia del Gobierno.
También cerraría "las mal llamadas embajadas catalanas y Diplocat", a través de la Ley de Acción Exterior. Casado estudiaría también la forma de "poner orden en TV3", la televisión autonómica catalana, y se podría plantear incluso echar el cierre.
Por otro lado, Casado propone "incrementar muchísimo" la plantilla de la inspección educativa, dentro de su plan para atajar el "adoctrinamiento" en algunas autonomías. A ello se le sumaría una "Ley de Lenguas" que convirtiese a las lenguas cooficiales en méritos para acceder a un empleo público, y no "requisitos excluyentes".