La Fiscalía decidirá si actúa contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia cuando la Junta Electoral Central "agote" o dé por "agotadas" sus funciones.
Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, la Junta Electoral tiene "sus propias competencias" y el Ministerio Público "evaluará" si Torra ha incurrido o no en "una conducta penalmente relevante", cuando este organismo encargado de velar por la ecuanimidad en los comicios finalice su actuación en este asunto.
Ayer se cumplía el segundo plazo de 24 horas dado por la Junta Electoral para que el presidente catalán acatara su ultimátum. Torra enviaba entonces un escrito al organismo electoral pidiendo claridad en lo que respecta a su exigencia para retirar la simbología partidista.
Según el presidente catalán, en el primer requerimiento enviado el pasado 11 de marzo se hablaba de la retirada de "banderas esteladas o lazos amarillos" y sin embargo, destacaba, en el segundo requerimiento con fecha del 18 de marzo se sustituye " la conjunción disyuntiva 'o' por la 'y', por lo cual el significado de la frase sufre una alteración que creemos necesario que la Junta Electoral aclare'".
Inmediatamente después, la JEC remitía otro escrito a Torra para advertirle de que ambos requerimientos son "sustancialmente idénticos" y, por lo tanto, no era necesario hacer la aclaración que se solicita. En consecuencia, añade la Junta Electoral, "no ha lugar a suspender el plazo concedido en el acuerdo de 18 de marzo que ahora deberá observarse con toda exactitud".
De esta forma, la Junta Electoral se reunirá en las próximas horas y podría elevar el caso a la Fiscalía para estudiar si se ha incurrido en un supuesto delito de desobediencia. Sería en ese momento cuando el Ministerio Público entre de lleno a evaluar si Torra podría haber cometido un delito de desobediencia, pudiendo ser incluso inhabilitado.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé en su artículo 144 penas de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses para quienes "infrinjan las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral". También se podría aplicar el genérico de desobediencia, que se recoge en el artículo 410 del Código Penal. Administrativamente, las multas se limitan a un máximo de 3.000 euros y un mínimo de 300.
En paralelo, el presidente catalán pedirá en las próximas horas al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el Defensor del Pueblo en Cataluña, que elabore un dictamen sobre qué hacer con esta simbología y sus posibles consecuencias. Los separatistas actuarán en función de las conclusiones de este informe: "Haremos lo que nos diga el Síndic estemos o no de acuerdo con sus recomendaciones", afirmaba ayer Elsa Artadi. La portavoz también aseguraba que las 13 consejerías actuarán de manera coordinada y, por lo tanto, no retirarán tampoco los lazos de las fachadas.
Además, ha pedido un segundo informe jurídico respecto al requerimiento de la JEC. Pese a que ha destacado que todos actuarán a una, Artadi ha querido insistir en que el Gobierno autonómico no da dado ninguna orden ni a consejeros ni a funcionarios, de modo que podrán actuar libremente. En el caso de los Mossos, si finalmente reciben la orden de arrancar los lazos, Artadi ha mostrado su respeto en cuanto a su acción como policía judicial: "Harán lo que deban hacer con independencia de indicaciones políticas", ha afirmado.