El presidente catalán, Quim Torra, seguirá desobedeciendo a la Junta Electoral Central pese a la segunda oportunidad que le daba este lunes el organismo para retirar toda la simbología separatista que cuelga de los edificios públicos. Arriesgándose a ser incluso inhabilitado por incurrir en un posible delito de desobediencia, la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi ha confirmado que Torra mantendrá el lazo que cuelga de la fachada del edificio de la Generalidad y los que cuelgan también del resto de edificios públicos dependientes de las consejerías.
En paralelo, el presidente catalán va a pedir en las próximas horas al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el Defensor del Pueblo en Cataluña, que elabore un dictamen sobre qué hacer con esta simbología y sus posibles consecuencias. Los separatistas actuarán en función de las conclusiones de este informe: "Haremos lo que nos diga el Síndic estemos o no de acuerdo con sus recomendaciones", ha dicho Artadi. La portavoz también asegura que las 13 consejerías actuarán de manera coordinada y por lo tanto, no retirarán tampoco los lazos de las fachadas.
Torra también ha pedido un segundo informe jurídico respecto al requerimiento de la JEC. Pese a que ha destacado que todos actuarán a una, Artadi ha querido insistir en que el Gobierno autonómico no da dado ninguna orden ni a consejeros ni a funcionarios, de modo que podrán actuar libremente. En el caso de los Mossos, si finalmente reciben la orden de arrancar los lazos, Artadi ha mostrado su respeto en cuanto a su acción como policía judicial: "Harán lo que deban hacer con independencia de indicaciones políticas", ha afirmado.
A las 14:33 horas- momento en el que entró en registro- finalizaba el plazo dado por la JEC a Torra para cumplir el requerimiento y será la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien deba remitir ahora un informe a la Junta Electoral sobre el cumplimiento o no de esta instrucción. En caso de no acatarlo, la JEC recordaba este lunes que se tomarán las acciones pertinentes que incluyen, desde una multa de máximo 3.000 euros, como responsabilidades penales que podrían pasar por una posible inhabilitación de Torra. Es lo que ocurrió en 2018 con la alcaldesa de la CUP de Berga ( Barcelona) tras negarse a retirar la propaganda separatista de la fachada del consistorio durante la campaña electoral de 2015.
Intercambio de escritos entre Torra y la JEC
Una vez se cumplía el plazo dado por la Junta Electoral para que el presidente catalán acatara su ultimátum, Quim Torra ha enviado un escrito al organismo electoral pidiendo claridad en lo que respecta su exigencia para retirar la simbología partidista. Según este escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Torra especifica que en el primer requerimiento enviado el pasado 11 de marzo se hablaba de la retirada de "banderas esteladas o lazos amarillos" y sin embargo, destaca Torra, en el segundo requerimiento con fecha del 18 de marzo se sustituye " la conjunción disyuntiva 'o' por la 'y', por lo cual el significado de la frase sufre una alteración que creemos necesario que la Junta Electoral aclare'", rezaba el escrito.
Inmediatamente después, la JEC ha remitido otro escrito al presidente catalán para advertirle de que ambos requerimientos son "sustancialmente idénticos" y por lo tanto, no es necesario hacer la aclaración que se solicita. En consecuencia, añade la Junta Electoral, "no ha lugar a suspender el plazo concedido en el acuerdo de 18 de marzo que ahora deberá observarse con toda exactitud". La Junta Electoral se reunirá en las próximas horas y podría elevar el caso a la Fiscalía para estudiar si se ha incurrido en un supuesto delito de desobediencia.