El clima de confusión en Andalucía está llegando un poco más lejos cada día. NI el PP ni Ciudadanos están logrando dar la impresión de una voluntad de cambio decidida y sistemática tras 36 de años de "régimen" socialista. Por si fuera poco, algunas decisiones judiciales y algunos comportamientos ponen en entredicho la transparencia de la política andaluza en su conjunto.
En los últimos días, el gobierno "del cambio" ha seguido denunciado los defectos y errores del gobierno de Susana Díaz, pero nada se sabe de las auditorías sobre entes de la administración paralela, ni sobre la reforma de Canal Sur TV ni sobre otros muchos cambios prometidos. Al ya conocido escándalo de las listas de espera, que sumó casi 500.000 pacientes perjudicados a los 300.000 largo que se reconocían, se denuncia ahora que la Junta no ejecutó inversiones muy importantes para el empleo, precisamente en la región más afectada por el paro de España.
Ayer, Juan Bravo, consejero de Hacienda nombrado por el PP, denunció que la Junta de Andalucía no ejecutó entre 2013 y 2018, el gasto presupuestado de 3.696 millones de euros, que es más del 10 por ciento del total del presupuesto andaluz de un año, destinados a combatir el paro en la región.
En el Parlamento, Bravo confirmó que estos 3.696 millones de euros no ejecutados guardan relación con las políticas de empleo y añadió que se han perdido más de 1.100 millones más que, procedentes de la financiación del Estado, debían aplicarse a dichas políticas. Ello ha conllevado que no se hayan celebrado cursos de formación ni ayudas a la misma desde 2011, cuando saltó el escándalo del fraude.
Pero la confusión crece por dentro del propio gobierno y por fuera. Por dentro, la evidente desunión y alejamiento entre PP-Cs y Vox se refleja en tantas cosas ya que en una ocasión el nuevo grupo parlamentario de la derecha se ha levantado de sus escaños y se ha marchado del Parlamento andaluz. Recuérdese el caso de la petición de certificación de cualificación profesional de los peritos judiciales en violencia de género.
De hecho, Vox ha tenido que presentar denuncia por pintadas en las que podía leerse "Muerte a Vox" en la cervecería Raimundo de Sevilla donde había celebrado un acto bajo el lema "Cañas por España". Pero ni siquiera sus socios de gobierno, PP y Ciudadanos, parecen darse por enterados ni han condenado la agresión, que se conozca.
Por otra parte, a pesar de que el Parlamento andaluz considera que la actividad profesional del abogado y juez Francisco Serrano, la cabeza visible de Vox en el Parlamento andaluz – y de 16 diputados más -, no es incompatible con el desempeño de las funciones de diputado, la izquierda PSOE-Podemos califica de "lucro indirecto" al resultado de su trabajo legal a pesar de tener los informes jurídicos de la Cámara a su favor.
La nueva trifulca ha sido a cuenta de Salvamento Marítimo, a cuyos equipamientos Vox ha llegado a considerar como "autobuses" o taxis para el traslado de inmigrantes ilegales. Fue su diputada Luz Belinda Rodríguez la que, tras reconocer que Salvamento Marítimo "cumple con sus funciones", dijo haber sido informada por su propio personal de que las mafias les avisan para que los inmigrantes ilegales de las pateras sean rescatados.
Por si fuera poco, está comenzando a trascender la impresión de que el PP, el partido del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, va a desistir de ejercer la acusación particular de todos los macrocasos de corrupción, desde los ERE a Invercaria. O sea, que una vez llegados al gobierno la corrupción y sus consecuencias se dejan en manos de la Fiscalía. Ya dejó el caso Mercasevilla, al que parece seguirán otros.
El caso Spiriman, que ayer mismo desveló que los cinco partidos o coaliciones con representación parlamentaria -Vox incluido -, le han ofrecido puestos de relevancia sin que nadie lo haya desmentido, promete convertirse en escándalo de serias proporciones. Puede comprobarse aquí.
NI siquiera Vox ha dado explicaciones sobre el acontecimiento que supone que todos los partidos del arco parlamentario, de derecha a izquierda, hayan podido, supuestamente, ofrecer puestos a Jesús Candel y por qué.
Por otra parte, está el comportamiento de este médico granadino, con varios procesos judiciales a cuestas y que ya ha sido condenado en algunos, exhibiendo los mensajes privados del actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, presumiendo de tener colocados a su "comando antifraude" en la consejería de Empleo, regida por Ciudadanos, y que iba a tener información directa y de primera mano sobre muchas cosas.
Posteriormente, el "comando" fue defenestrado por el gobierno sin dar explicación alguna de los hechos por lo que la niebla sigue creciendo. A continuación, el "comando" y el propio Spiriman emitieron unos vídeos acusando al gobierno de haber tomado la decisión de echarlos sin que se supieran las razones. Sigue sin saberse. LD ha intentado averiguar lo ocurrido pero el hermetismo es total. Sólo el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se ha referido al caso, aplaudiendo una salida de la que nadie da explicaciones.
El caso de las auditorías está siendo ya inquietante puesto que hace más de 45 días que se prometieron y no a todos los Entes sospechosos de la Administración paralela sino sólo a 14 de los casi 300 existentes, no estando incluido Canal Sur que iba ser fiscalizado por la Cámara de Cuentas. Pero es que el anuncio de las "auditorías" de 45 días de tardanza fue efectuado el 26 de enero de este año y ya estamos a 14 de marzo, esto es, se han superado ya los días fijados y nadie sabe nada sobre sus resultados.
Salvo algunos vetos y algunas exclusiones de responsables tanto en Canal Sur como en algunos entes culturales, aún no se han afrontado las reformas que, por ejemplo, en el caso del acuerdo de PP y Vox incluía la supresión de la administración paralela. Por el contrario, el nuevo gobierno ha aceptado la "estabilización" de más de 8.000 empleado temporales de la Junta, prometiendo pruebas en las que su tiempo en la Administración supondría una "mochila" de puntos de hasta un 40 por ciento.
Por otra parte, además de la confusión creada por un PSOE andaluz agobiado desde la dirección de su partido y desde la nueva Junta, que ha negado la ocultación de las listas de espera y que blande ahora la figura de Spiriman, está el desconcierto generado por sentencias asombrosas, como la ocurrida en Sevilla con el caso de las oposiciones amañadas de la policía local.
Como contó Libertad Digital, decenas de agentes de la Policía Local de la ciudad de Sevilla y otras personas implicadas hasta el número de 45 fueron considerados responsables civiles de una trama de revelación de secreto por la filtración del examen de acceso al Cuerpo en las dos convocatorias celebradas en 2012, gobernando el PP.
El juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García, el mismo que investiga las facturas falsas de UGT Andalucía, a pesar de reconocer que hubo una filtración interesada del examen, ha decidido archivar el caso porque no ha sido posible encontrar a los responsables concretos de la misma.
Otro caso asombroso es el caso del senador y alcalde de Tomares, el popular José Luis Sanz que vio interrumpida en la práctica su carrera política por un caso judicial conocido como "Guerra 21", en el que se le investigó durante años por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Pero ahora, años después, el caso ha sido archivado por la misma jueza que lo impulsó a petición de la propia Fiscalía.
Por si fuera poca confusión, sigue la instrucción desconcertante de la juez Núñez Bolaños, cuyo marido, el forense Julio Guija, acaba de ser agraciado con una distinción por parte del Ministerio de Interior y su titular, María Dolores Delgado.
Su último despliegue de extrañas decisiones ha tenido lugar el pasado 8 de marzo. Cuenta ABC que, sin aclarar los motivos, la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños, ha rechazado las pesquisas que había solicitado el PP andaluz en una pieza separada que investiga las sobrecomisiones que se pagaron a consultoras e intermediarios de las ayudas irregulares de la Junta de Andalucía. Sólo tardó 48 horas en decidirlo y no ha explicado por qué.
Lo curioso es que sólo quince días antes, la misma juez había aceptado las diligencias que había pedido la defensa del dueño de la consultora Uniter, José González Mata, acusado de cobrar gastos de corretaje innecesarios por gestionar las pólizas de los ERE.
Demasiado barullo para tan pocas claridades en una época preelectoral.