La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al alcalde podemita de Cádiz, José María González, Kichi, por un delito de calumnias con publicidad por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno municipal, del Partido Popular, suministró "a sabiendas" agua contaminada al barrio de Loreto. Se sabe ahora que uno de los autores de los informes sobre el agua "envenenada" fue el líder de la Manada de Villalba, Ricardo Alonso (ahora en prisión), ingeniero y condenado por la violación en grupo de una joven en Madrid.
Alonso, según ABC y La Voz de Cádiz, trabajaba inicialmente para la empresa, Aquageo, que ya había realizado encargos para la empresa municipal Aguas de Cádiz. Participó en el informe que cuestionaba la actuación de los populares durante los cortes de agua que se realizaron en 2014 como consecuencia de la presencia de bacterias en el agua. La acusación de Kichi al PP de haber suministrado agua "contaminada" a sabiendas a la población del barrio de Loreto tuvo una gran repercusión social.
Posteriormente, tras la denuncia del PP, la sentencia, fechada el 28 de enero, consideró probado que Kichi había cometido un delito de calumnias por afirmar en una reunión con vecinos y periodistas en 2016 que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular suministró agua contaminada "a sabiendas" en el barrio de Loreto. El tribunal lo absolvió, sin embargo, del delito de injurias. Kichi anunció que recurriría la sentencia.
Ahora se ha conocido que Ricardo Alonso Martín, ingeniero de profesión y autor con otros de aquel informe falso sobre las aguas contaminadas, ejercía funciones técnicas en dicha sociedad hidráulica del Ayuntamiento de Cádiz desde 2016, ya con Kichi en la alcaldía, como responsable de proyectos y obras en el departamento técnico. Pero desde 2015 ya estaba acusado formalmente de violación.
Alonso, en sentencia conocida esta misma semana y dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, fue uno de los tres autores, junto a un guardia civil y a un militar, de la violación "de forma continuada" y en grupo a una joven en 2015, ejerciendo sobre ella gran "intimidación ambiental".
Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2015. Aquel día Ricardo Alonso Martín, Miguel Ángel C. O. (militar) y Martín A. F. (guardia civil), tras solicitar a una joven favores sexuales a los que ella se negó, la obligaron a practicarles una felación. Primero fue el contratado por el equipo de Kichi, con quien la víctima había mantenido algún tipo de relación "esporádica" anterior a los hechos, y después los otros dos. Como testificó la joven, la amenazaron de que no saldría del piso al que la habían conducido hasta que lo hiciera. La vivienda donde ocurrieron los hechos era propiedad de la hermana de Ricardo Alonso que se encontraba en el extranjero.
La declaración de la víctima fue clave para que el tribunal estableciera que los tres condenados cometieron la agresión sexual aprovechándose de lo que la jurisprudencia se denomina "intimidación ambiental". Alonso aseguró durante el juicio que la joven accedió libremente a practicarles sexo oral y que, fue ella la que lo propuso "entre risas y cachondeo". Sin embargo, la joven afirmó ante el tribunal: "No pedí sexo en grupo ni por turnos en ningún momento. Yo solo estaba con Ricardo".
Tras el fallo han sido enviados a prisión e inhabilitados de sus funciones públicas, tal y como puede comprobarse en el auto judicial que han consulado los medios de comunicación ya citados.
Alonso Martín estuvo contratado anteriormente por una empresa externa llamada Aquageo que trabajaba para diversas corporaciones públicas. Y en 2016, ya con José María González Kichi en el gobierno municipal y tras realizar un examen cuyo contenido está por comprobar, obtuvo la plaza de jefe técnico en Aguas de Cádiz.
Mientras Ricardo Alonso fue contratado por el equipo de Kichi en Cádiz ha participado incluso en ponencias representando a la empresa municipal en un congreso que se celebró en el parque ferial Ifema de Madrid los pasados días 29 y 30 de octubre titulada Gestión Inteligente del Agua Urbana en Cádiz. En la ficha de dicha conferencia Alonso, ahora condenado, se presentaba como ingeniero de caminos, canales y puertos, y experto en hidráulica y energética.
Aguas de Cádiz, la empresa municipal de aguas de Cádiz, que depende del Ayuntamiento que preside José María González Kichi ha negado que tuvieran conocimiento de la acusación e implicación de su jefe técnico en este turbio y delicado asunto. Pero necesariamente tuvo que tener constancia de la ausencias del técnico debido a las circunstancias de su enjuiciamiento criminal.
Según su comunicado, Aguas de Cádiz dice que fue el pasado 5 de marzo de 2019 cuando se enteró de que Alonso Martín había ingresado en prisión como medida cautelar han procedido "conforme dispone la normativa laboral aplicable art.45.1. d del Estatuto de los Trabajadores, a suspender su contrato laboral hasta el momento en el que exista una sentencia firme".
