El funcionariado hunde a la defensa de los golpistas

Los abogados de los encausados por el golpe de Estado separatista vuelven a topar con los funcionarios del Estado. Fracasan en sus intentos de provocar contradicciones en el testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial frente al simulacro de referéndum del 1-O. No logran alterar a la letrada de la Administración de Justicia Montserrat del Toro y descubren al práctico del Puerto de Palamós, Pedro Buil, que echa por tierra todas las excusas del exconsejero de Fomento, Josep Rull, relativas a la negativa de la Generalidad a permitir el atraque del barco "Moby Dada", el crucero con dibujos de la Warner Bros en el casco que el Ministerio de Interior de Zoido alquiló para alojar a parte del contingente de policías nacionales y guardias civiles destinado temporalmente a Cataluña.

La testigo principal de la jornada ha sido la letrada del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, la persona que tuvo que abandonar por una azotea la consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Pronunciación vacilante y a ratos entrecortada para una declaración coherente y consistente. La percepción desde el interior de la consejería de lo que sucedía fuera no encaja con la exhibición de pacifismo catalanista que difunden medios y abogados del separatismo. Al filo de la medianoche, la funcionaria era acompañada por ocho agentes de la policía regional, Mossos d'Esquadra, hasta la calle. Logró salir por un patio del segundo piso de la consejería que conectaba con los camerinos del Teatro Coliseum, camuflada entre unos pocos actores, no entre el público, y protegida por mossos de paisano. Conste en acta que declara que el responsable del teatro puso reparos a la evacuación, lo que retrasó la operación una media hora.

La "fiesta" del 20-S

Aquello era una fiesta. Actuaciones musicales en las proximidades, "performances" artísticas y mensajes pacifistas, avalanchas a las puertas, gritos de "¡No pasarán!", negativas de los Mossos a enviar refuerzos, "negociaciones" entre Jordi Sànchez y el teniente de la Guardia Civil al frente de la policía judicial, pasillos formados por voluntarios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para salir por la puerta grande y el llamamiento desesperado de la letrada al juez: "Sácame de aquí".

El magistrado era Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido el 4 de noviembre del año pasado. Ramírez Sunyer llamó al "major" de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Aproximadamente a las diez de la noche. El juez le pidió que hiciera el favor de facilitar la salida de la comitiva judicial por la puerta por la que habían entrado. Trapero le dijo al juez que no reconocía el teléfono que aparecía en la pantalla de su móvil y que en consecuencia no tenía ninguna garantía de que el interlocutor fuera quien decía ser. Que ya llamaría él al fijo del juez de guardia. Resulta que, mera coincidencia, el juez de noche para imprevistos era el mismo Ramírez Sunyer que había ordenado los registros y detenciones del día. Trapero dispuso el equipo de ocho mossos de paisano que logró evacuar a la letrada.

Las defensas, en especial Marina Puig, la letrada de Jordi Cuixart, intentan socavar la pulcritud de los registros, pero Del Toro alude a sus conversaciones con el magistrado para refutar la mayor. Entraron y se registraron todos los despachos y espacios que autorizó el juez, alega.

Hoteleros amenazados

Comparecen como testigos después de la letrada los gestores de dos hoteles de Reus y Figueras que confirman el hostigamiento contra sus huéspedes de la Policía Nacional y las presiones para que se les aplicara la reserva del derecho de admisión. Cierra la matinal el práctico del puerto de Palamós. Se trata de Pedro Buil. Su testifical responde a que durante la instrucción de la causa envió una carta al juez Llarena para advertirle de que enterado por la prensa de que el extitular de Fomento de la Generalidad, Josep Rull, había declarado que no se había permitido el atraque de un "barco de policías" en Palamós por razones de fuerza mayor, quería participar a la autoridad judicial que eso no era tal como lo contaba el acusado. Buil se ha ratificado en que el barco podía haber atracado en Palamós perfectamente, que no había otros cruceros contratados de antemano ni falta de espacio en el puerto, tal como aducía Rull para impedir la maniobra del buque. Es un detalle relativo al debate sobre la colaboración de la Generalidad con el Estado.

Capitán de la marina mercante

La defensa de Rull quiso dejar claro en todo momento que su patrocinado se atuvo a la legalidad vigente para impedir que el barco contratado por el Ministerio del Interior atracara en el puerto de la localidad gerundense, de titularidad autonómica. El práctico, cargo por oposición para lo que se requiere haber sido capitán de la marina mercante con una experiencia mínima de dos años, ha refutado de cabo a rabo la tesis de Rull. En el hipotético caso de que se le condene por rebelión no será por el testimonio de Buil. Sin embargo, la intervención en el juicio del práctico de Palamós tiene parecido valor a la del coronel de la Benemérita Diego Pérez de los Cobos o la letrada de la Administración de la Justicia Montserrat del Toro. Demuestra la propensión separatista a adaptar la realidad a sus circunstancias. En los días de autos, Rull se jactó de haber impedido que el barco atracara en el puerto de la Generalidad de Palamós. Ya en sede judicial, ante el juez instructor y después en el Supremo, Rull negó que hubiera prohibido el atraque y adujo problemas técnicos y "overbooking" para justificar que el barco fuera desviado.

Es el típico choque entre realidad y ficción del separatismo. Ellos no proclamaron la república y si un buque del Ministerio del Interior no pudo atracar en sus dominios la culpa no fue suya sino del funcionariado, cuyos cuerpos se niegan a sostener tales teorías.

A última hora de la tarde, líderes de opinión del separatismo vuelven a difundir en redes sociales la imagen de la letrada del juzgado de instrucción número 13. De poco ha servido la protección judicial de su rostro contra la que ha protestado la defensa de Oriol Junqueras, siempre cívico y pacífico.