Marchena abronca al abogado del golpista Junqueras: "No necesito la confirmación de mis decisiones por usted"

El presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, y el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, han protagonizado el momento más tenso de todo el juicio sobre el golpe en Cataluña.

Ya estaba concluyendo el interrogatorio al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, cuando el abogado de Junqueras tomaba la palabra y formulaba preguntas sobre cuestiones que la acusación popular que ejerce Vox, que pidió la comparecencia de Torrent, no había planteado. De esta forma, no se cumplía el principio de contradicción obligatorio en el juicio y Marchena lo advertía.

Tras varios avisos, el presidente del tribunal reprochaba a Van den Eynde que sus preguntas no "eran pertinentes". El abogado de Junqueras tomaba la palabra y subía la tensión entre ambos. En ese momento, el magistrado afirmaba: "Parece que no me explico o que no me entiende. No me discuta. No necesito la confirmación de mis decisiones por usted". El letrado desistía entonces de su turno de preguntas, tras formular protesta ante el tribunal.

Por su parte, Roger Torrent ha seguido la línea marcada por la acusada expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, asegurando que la Mesa del Parlamento "no puede entrar en el fondo de las propuestas parlamentarias, aunque sean inconstitucionales". Torrent apuntaba que la Mesa era "un órgano político y que no podía convertirse en un órgano censor". Apostillaba señalando que él "hubiera hecho lo mismo que Forcadell".

Torrent, que se ha quejado de que 11 de los 12 acusados "son o han sido" diputados del Parlamento catalán y que este hecho afecta a su funcionamiento, ha atacado a Vox, calificándolo como grupo de "extrema derecha". También ha insistido ante el tribunal que "la solución al conflicto en Cataluña pasa por votar", como ya se hiciera en el referéndum ilegal del 1-O.

A continuación, el vicepresidente segundo del Parlamento catalán, José Maria Espejo (Cs) afirmaba que en algunas ocasiones se han inadmitido propuestas parlamentarias por cuestiones de "forma". Añadía que el Tribunal Constitucional notificó personalmente la orden de impedir o paralizar las iniciativas tendentes a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, con advertencia de las consecuencias penales de no hacerlo.

Además, sostenía que "el presidente del Parlamento tiene voto de calidad y tiene deber de garantizar los derechos de todos los diputados, la Mesa no es un órgano político sino un órgano gubernativo, que tiene obligación de cumplir el reglamento, las leyes, la Constitución y el Estatuto". "En todas las reuniones de la Mesa en la que se calificaban iniciativas parlamentarias que supusieran un desarrollo de la resolución de inicio del proceso constituyente (anulada por el Constitucional) advertí expresamente que aquello no se podía admitir porque todos habíamos sido advertidos por el Constitucional", concluía.