Se trata de Nuria Gómez Álvarez, persona de la total confianza del superconsejero Juan Marín, que engloba entre sus competencias nada menos que Regeneración, Justicia, Administración local, sector Ayuntamientos y Diputaciones. Es precisamente en esta área donde fue nombrada Gómez Álvarez como secretaria general.
Su nombramiento apareció en el BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 36 de 21/02/2019. En su texto, en el capítulo 2. Autoridades y personal 2.1 Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local Decreto 378/2019, de 19 de febrero, se dispuso el nombramiento de doña Nuria Gómez Álvarez como secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia.
En las noticias oficiales de la Junta, se dice que Nuria Gómez Álvarez, la flamante secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, nació en 1973 y "es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla. Empezó su carrera profesional como Account Manager del sector público en Andalucía Occidental en la empresa Desarrollo Informático S.A. y posteriormente como gerente y socia de la empresa Vector Desarrollo S.L., cuyo objeto social es la distribución y abastecimiento a "organismos no gubernamentales" fuera del territorio español".
Y sigue: "Ha sido asesora técnica en la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio durante 15 años, hasta que entró a trabajar como asesora económica en el grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía". Y es precisamente con esta última afirmación con la que empiezan los problemas del currículo. Libertad Digital trató de hablar con Ciudadanos y su servicio de prensa en dos ocasiones para aclarar estas dudas pero no fue posible.
Es más, en la red Linkedin, donde el interesado publica sus propios datos, Nuria Gómez Álvarez dice haber sido "Asesora Técnica en la Administración Autonómica. Nombre de la empresa: Consejería de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio. Fechas de empleo nov. de 2005-ago. de 2016. Duración del empleo: 10 años y 10 meses. Ubicación Sevilla, Andalucía, España".
¿Cuál es el problema? Que para ser asesora técnica, como puede comprobarse fácilmente en cualquier relación de puestos de trabajo de la Junta, hay que ser funcionario/a y Gómez Álvarez no lo es y no aparece como tal en la Consejería que señala en 2006, ni en 2007 ni en 2008, cuando menos.
Según el experto José Luis Roldán, hasta hace muy poco asesor jurídico del Sindicato Andaluz de Funcionarios y uno de los mejores conocedores de la Administración de la Junta de Andalucía, en su blog Ídolos y Llanto, su afirmación de haber sido "asesora técnica" enmascara "una mentira y una usurpación de funciones públicas. Y, lo que es peor, la realidad subyacente bajo la misma pudiera ser constitutiva de infracción penal; concretamente, prevaricación y fraude en la contratación".
Y sigue: "No es verdad que la señora designada haya sido 'asesora técnica' en la Consejería de Medio Ambiente, por la sencilla razón de que esta señora no es, ni ha sido, funcionaria –ni de carrera ni interina–. Sin embargo, la expresión 'ha sido asesora técnica', pretende dar a entender lo contrario; es decir, que ha sido funcionaria".
¿Por qué afirma que fue asesora técnica? No hay otra explicación sino que la nueva secretaria de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta no quería desvelar la verdadera relación que mantuvo con la Junta, una relación que encaja mal con el cargo para el que ha sido nombrada porque tenía poco que ver con la regeneración y desde luego, nada con la transparencia.
Al parecer, Nuria Gómez Álvarez no fue asesora técnica sino que fue la administradora única de una empresa, Vector Desarrollo, SL, que contrató servicios de asistencia técnica o de servicios sujetos al régimen jurídico regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, y no por el derecho laboral ni por el derecho administrativo funcionarial. Es decir, y así lo afirma Roldán, legalmente, su relación no era de carácter laboral. No era una empleada de la Junta de Andalucía, sino una contratista.
La duda se sustenta en que la plataforma de contratación del portal de la Transparencia de la Junta sólo ofrece datos desde 2008 y sólo puede constatarse la existencia de dos contratos de servicios (el que lleva el número de expediente: 883/08/I/00; y el otro, el número de expediente: 300/2010/I/00), celebrados por procedimiento negociado sin publicidad, cuyo objeto, en ambos, era "apoyo a la gestión y seguimiento de las diferentes categorías de gastos del programa operativo FEDER de Andalucía (2007-2013)", por importes, respectivamente, de 30.844,92€ y 55.295,24€. Curiosamente, el primero de esos contratos se adjudicó definitivamente por 30.844,92 Euros, cuando en la adjudicación provisional lo fue por un importe inferior: 26.590,45€.
Según José Luis Roldán, esto significa que Nuria Gómez Álvarez participó en una contratación ilícita porque "la realización de las funciones que constituyen el objeto de dichos contratos corresponde exclusivamente a los funcionarios de la propia consejería, conforme a la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
Además, tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Cuentas han señalado que ningún contrato de asistencia técnica justificado en la falta de funcionarios idóneos podría prolongarse en el tiempo más allá de lo necesario para crear las correspondientes plazas en la Relación de Puestos de trabajo. Así pues, el hecho de que esa situación se haya prolongado durante 15 años, como se afirma en el currículum oficial, no deja de ser otra prueba de su ilicitud.
Por si fuera poco, "el hecho de celebrar varios contratos con idéntico objeto y escenario temporal (2007-2013) puede suponer un fraccionamiento ilícito de lo que pudiera ser un único contrato de –al menos– 86.000 euros y, en tal caso, podríamos hallarnos ante un posible delito de fraude en la contratación, en el que incurriría tanto el contratante como el contratista, es decir, el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente y la adjudicataria del contrato".
Fraccionando el contrato en varios, se posibilitó que la adjudicación pudiera realizarse mediante el 'procedimiento negociado sin publicidad'; es decir, que no se anunciara públicamente la licitación y así, como efectivamente sucedió, adjudicarse "a dedo", sin que ninguna otra persona o entidad tuviesen la oportunidad de postularse para prestar el servicio. O sea, sin transparencia, de forma opaca y arbitraria.
Paralelamente, la ejecución del contrato supuso necesariamente que esta persona –la actual secretaria general de regeneración, racionalización y transparencia– estuviese desempeñando ilícitamente, durante ese largo período, funciones públicas reservadas por la ley exclusivamente a funcionarios públicos; todo ello sin ser funcionaria y en virtud de unos contratos asimismo ilícitos. O sea, usurpando funciones públicas.
La cuestión es si, cuando se despejen estas dudas y se confirmen algunos de sus extremos, Nuria Gómez Álvarez, sabía que su relación jurídica con la Junta de Andalucía fue irregular y si, por ello, su trayectoria es la adecuada para desempeñar precisamente la secretaría general de Regeneración, Racionalización y Transparencia.
De hecho, según fuentes internas de esa Consejería, ella misma exigió cambios en su relación por ser inadecuada y precisamente por ello se prescindió de sus servicios pasando a ser asesora del grupo parlamentario de Ciudadanos en 2016.