La sectaria, caótica y excluyente política de personal comenzó en la fundación de Canal Sur (IV)

Curiosamente, cuando la Asociación de la Prensa de Sevilla era un cuerpo más vivo y crítico, el enfrentamiento con los modos y maneras de la inaugurada Canal Sur fue inmediato. De hecho, rechazó en 1988 la convocatoria que el nuevo director de la RTVA, Salvador Domínguez, hizo para cubrir plazas de reporteros de radio con todo tipo de personas sin necesidad de titulación expresa.

Fue el letrado Jesús López de Lemus, con Javier Pérez Royo en la sombra, quien, en nombre de la Asociación, requirió notarialmente al director general de RTVA, Salvador Domínguez, para que en el plazo de 24 horas dejase sin efecto la convocatoria de exámenes de las plazas de reporteros de radio por considerar que la misma "vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española".

El estilo marrullero y tramposo de Domínguez se reflejó en el hecho de que, a espaldas de los periodistas andaluces y sevillanos, el entonces presidente de la Asociación de la Prensa sevillana, Ángel Botana, director de la SER, actuó en nombre de la Coordinadora de Asociaciones de la Prensa de Andalucía y llegó a un acuerdo con Domínguez. Todo valía para colocar a quienes debían ser colocados, por encima de la polémica sobre las titulaciones.

El día 9 de junio de 1988, la Asociación de la Prensa de Sevilla volvía a rechazar los planes de Domínguez y el gobierno de Borbolla considerando favorecedoras del "intrusismo" en la profesión las normas y las consecuencias de su convocatoria. Para rematar, las oposiciones convocadas por Domínguez estaban extrañamente relacionadas con la Productora Audiovisual Omeya, propiedad de Antonio Pérez, dueño, además, de Videoplaning.

De hecho, la presentación de solicitudes para aquellas oposiciones tenía que hacerse en un chalé de la avenida de Manuel Siurot número 34, chalé en el que se encontraba ubicada la Productora Audiovisual Omeya, propiedad de Pérez y Vázquez.

Por si fuera poco, Domínguez se negó a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en ningún otro medio de comunicación las fechas de las pruebas o las listas de admitidos, a pesar de que estaba previsto en las normas. Ya no podía extrañar a nadie.

Hasta el guerrismo aprovechó la ocasión para presionar al presidente Rodríguez de la Borbolla logrando que el Grupo Parlamentario Socialista votara favorablemente una resolución en el Parlamento andaluz que desautorizaba la actuación de Salvador Domínguez como director general de RTVA y le obligaba a negociar con los profesionales la modificación de la convocatoria de oposiciones para acceder al nuevo canal de radio y televisión "público".

Pero Domínguez siguió adelante para su convocatoria de 46 plazas tras haber colocado a dedo a toda la estructura directiva de la RTVA. Pocos pueden expresar mejor la situación que lo hicieron Javier Pérez Royo y su asesorado, López de Lemus: "Al no existir la titulación, se devalúa el ejercicio de la profesión, la retribución económica de los profesionales, se abre el abanico extraordinariamente, lo que convierte en muy difícil la selección por parte del tribunal, dando pie a una posible arbitrariedad, y, por último, todos estos factores confluyen en la posible docilidad de los profesionales finalmente elegidos a las órdenes del director general, que es, en definitiva, lo que creemos que se pretende".

De las discrepancias internas del PSOE da cuenta el hecho de que los miembros mayoritariamente borbollistas del PSOE en el Consejo de Administración de RTVA se negaran a paralizar las oposiciones para cubrir las cuarenta y seis plazas de reporteros de radio a pesar del acuerdo del Parlamento andaluz, PSOE incluso, que deseaba una salida airosa al conflicto. La UGT apoyaba a Domínguez, pero no CC.OO. Un lío descomunal sin salida visible. Finalmente, las pruebas para reporteros fueron suspendidas por la Audiencia Territorial de Sevilla.

La política sectaria, arbitraria e irregular de personal había comenzado. El último día del año 1987, los consejeros de la RTVA de la oposición en calificaron de impresentable y escandalosa la composición del tribunal que seleccionaría a los futuros profesionales de la radio y la televisión andaluzas, y que presidiría, tomen nota, el propio Salvador Domínguez – conocido "experto" en materia de periodismo y televisión–, e iba a estar compuesto por varios altos cargos de RTVA ya nombrados a dedo por Domínguez.

La oposición pedía que fueran personas expertas e independientes los que mayoritariamente compusiesen el Tribunal. Poco a poco comenzaron a surgir nuevas irregularidades y sospechas. Publicado fue el caso de la convocatoria de cuatro plazas de licenciados en Derecho cuando sólo uno de los miembros del tribunal era profesor de Derecho. El resto eran el propio director general y sus amiguetes ya colocados en la RTVA.

De hecho, el propio Domínguez reconoció que la nueva RTVA iba a tener unos 350 empleados de los que 29 altos cargos, con un coste de 200 millones de pesetas al año, ya habían sido libremente designados por él mismo.

El tribunal, además del letrado mencionado, estaba compuesto por:

- Salvador Domínguez, que abandonó los estudios de Económicas, en el primer curso, luego participante en productoras.

-Francisco Cervantes Bolaños, director del Canal Sur de Televisión, ex técnico de discos en Radio Nacional de España, luego dueño de una productora

-José María Durán Ayo, director del Canal Sur Radio y periodista, luego dueño de una productora;

-Luis Eduardo Orbe, director del gabinete Económico-Financiero de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía:

-Inés Gete, directoras del gabinete jurídico de la RTVA

- Pedro Jiménez Campos, secretario general de la Empresa Pública Radio y Televisión de Andalucía.

Todos ellos menos uno, el letrado, colocados a dedo por Domínguez. Al grupo había que sumar los dos representantes sindicales, de UGT y CCOO, que no tenían cualidades profesionales para enjuiciar una prueba de esta envergadura. Por cierto, el representante de CC. OO era Blas Ballesteros Sastre, que fue expulsado posteriormente de la organización sindical por oscuras circunstancias y ahora es un alto cargo del PSOE andaluz que se ha visto envuelto en no pocos escándalos.

No había duda alguna de que los criterios políticos iban a prevalecer sobre los profesionales en las más altas esferas de Canal Sur TV y Radio ya que el propio Domínguez había dicho públicamente que los altos cargos de la radio y la televisión "públicas" andaluzas iban a ser "hombres del PSOE", era previsible ese iba a ser el objetivo de las demás contrataciones. Un jurado como el decidido por Domínguez sólo se constituyó para "politizar" arbitrariamente el resultado de las pruebas, no para preservar su objetividad y rigor.

Pero es que ni siquiera estas pruebas fueron limpias. Los opositores participantes denunciaban las anomalías que detectaban. Una de ellas, la prohibición de presentarse a las mismas por varias plazas, aunque se hubieran pagado los derechos. El opositor que hubiera satisfecho diez mil pesetas para tener diez oportunidades, a mil pesetas la oportunidad, se encontraba con la sorpresa de que sólo tenía derecho a un único examen, como los que habían pagado sólo 1.000 pesetas.

Otra anomalía surgía de la falta de rigor del Jurado. La primera fase de las pruebas para técnicos de sonido consistía, contó ABC, "en grabar en cinta abierta tres secuencias diferentes, procedentes de una casete cuya señal pasaba por una mesa de mezclas. Cada opositor grababa en el mismo segmento de cinta facilitado por el tribunal, con lo cual cada opositor borraba automáticamente el ejercicio del que le precedía en el examen, por lo que los 'listillos del PSOE' sólo disponen del último examen del último opositor. Si alguien hubiera impugnado la prueba, no sé cómo se las hubieran arreglado estos señores".

Hasta la UGT, que, en triple salto mortal oportunista, se enfrentó a Domínguez después de haberle apoyado, dijo que las pruebas parecían más una criba que una selección. De las 10.000 personas que se presentaron para diferentes puestos, sólo superaron la primera fase alrededor de 800, entre auxiliares administrativos, operadores de sonido, auxiliares de documentación, recepcionistas, etc. En el tribunal calificador seguían, cómo no, la propia y coherente UGT, y, desde luego, el director general y los componentes de su equipo designado por él mismo. Ni se respetaban las mínimas garantías ni los más elementales criterios de evaluación de los aspirantes.

Luego se supo que los trabajadores contratados previa y eventualmente por Domínguez que se presentaron a las pruebas obtuvieron las máximas puntuaciones. Por si fuera poco, uno de los que participaron en la elaboración de las pruebas, el abogado eventual Carlos Salazar Murillo, consiguió la máxima nota en la primera prueba para la plaza de jefe de departamento de Recursos Humanos.

También otro de los participantes en la citada elaboración, el abogado eventual Carlos Millán Raynaud logró la puntuación más alta en el primer examen para la plaza del Gabinete de Relaciones con la Administración de Justicia. Carlos Millán ya trabajó con Inés Gete, actual asesora jurídica de la RTVA y miembro del tribunal examinador.

Por seguir digamos que un diez sacó Inmaculada Martínez Fernández (ex secretaria de Inés Gete en el IFA). Carmen Blanco, ex secretaria de Salvador Domínguez, alcanzó la máxima nota para técnico del Gabinete del director general, un 8. Manuel Cadaval, ex delegado en Sevilla de la agencia Efe y uno de los contratados por Salvador Domínguez para poner en marcha el Tercer Canal, había obtenido también la máxima nota, un 8,5, para la plaza de director de comunicación y relaciones externas de la RTVA. Y la lista era más amplia.

Silvia Caballero Galnares, secretaria personal de Francisco Cervantes en la RTVE y luego en la Televisión Autonómica, obtuvo una de las mejores notas en su epígrafe, secretaria de dirección. Mercedes Adell Buqueras, contratada por Domínguez desde antes, obtuvo un 9, la máxima nota, para el puesto de jefe de Departamento de la Administración. Juan Miguel Castro Marín, que logró un 8, también la máxima nota, para optar al puesto de jefe de la Segundad Social, fue contratado con anterioridad por la RTVA.

Y naturalmente, Francisco Javier Chaves González, hermano de Manuel Chaves, entonces ministro de Trabajo y luego presidente de la Junta de Andalucía, conseguía la mejor calificación de los que aspiraban a la plaza de jefe de sección Laboral o Servicios Generales.

Según el acorralado Domínguez, el hecho de que sus "contratados a dedo" hubiesen tenido las mejores calificaciones demostraba que eran personas competentes y solventes.

La prueba final consistía en una entrevista personal con… el propio Salvador Domínguez.

Hubo muchas reclamaciones, casi un centenar, ante el descaro de tapar contrataciones a dedo con oposiciones ficticias o manipuladas. Pero lo que pasó, pasó. Como pasó lo de los reporteros. A la vista de la paralización de las pruebas convocadas por la RTVA, su director, Domínguez, "un golfo en la RTVA" según ABC, reconoció a los miembros del consejo de administración que se estaba procediendo a la contratación directa de profesionales de la información sin esperar que se resolviese el contencioso pendiente en los tribunales. Es decir, los contrató a dedo puenteando a la Audiencia de Sevilla.

El propio Domínguez admitió que las contrataciones, sobre las que no informaba ni al Consejo de la RTVA, fueron numerosas y que muchas coincidían con los perfiles exigidos en las oposiciones. Izquierda Unida afirmó que, desde el 1 de septiembre al 18 de octubre de 1988, la dirección general de RTVA había contratado a treinta y tres personas destinadas, fundamentalmente, a Canal Sur Radio, bien para programas determinados o para funciones habituales dentro de la programación. "Con este ritmo de contratos (cuya cuantía desconocemos), el personal igualará o superará en breve plazo la plantilla orgánica de RTVA, lo que supone una alteración profunda en la gestión de las empresas públicas".

Finalmente, el conflicto de los reporteros de radio fue zanjado admitiendo Domínguez la presencia de reporteros titulados, aunque sólo se comprometió a meter a uno.

En noviembre de 1988 se anunciaron nuevas oposiciones a redactores de radio y televisión con nuevas bases, pero el jurado seguía presidido por Salvador Domínguez, cinco miembros nombrados a dedo por él (entre ellos Francisco Lobatón, luego propietario de una de las productoras "pata negra" y que había dirigido una Escuela Taller aprobada ad hoc para suministrar personal a la RTVA), dos sindicalistas y un profesor de Periodismo.

Tampoco las nuevas oposiciones estuvieron exentas de irregularidades, como denunció Comisiones Obreras. UGT recurrió las oposiciones por "inconstitucionales". Fíjense. Ya en abril de 1988, el cese de Domínguez fue exigido por la oposición política porque, como era habitual, Domínguez se negaba a presentar documentación económica alguna, ni siquiera al Consejo de Administración de la RTVA.

En octubre de 1988, a pocos meses de la inauguración del Canal Autonómico Andaluz, Domínguez se atrevió a decir que no renunciaba a la contratación directa de algunos profesionales "afectos o adictos a las simpatías políticas del director general de turno, en este caso las mías".

Por ello, los "enchufados" siguieron apareciendo. Uno de los más escandalosos fue el nombramiento de su amiguete del coro carnavalesco, José Antonio Cervantes y Segura, ATS de profesión, como director de Canal Sur Radio en Cádiz. Domínguez intentó también que el autor de las letras y la música de su coro, Julio Pardo Melero, se incorporara a la empresa pública en calidad de responsable de los programas musicales. A esto había que añadir el rosario continuo de anomalías y denuncias provocadas por las oposiciones.

Desde 1990, la práctica oscurantista e irregular en la contratación y en la información desde la RTVA fue seguida por el sucesor de Salvador Domínguez, Manuel Melero. Melero aplazó las oposiciones previstas para cubrir las plazas de redactores de radio y televisión según el presupuesto de 1990. Mientras tanto, los puestos necesarios se fueron cubriendo con personal interino contratado por la dirección de la RTVA. IU denunció el hecho por considerar que el PSOE trataba de afrontar las elecciones andaluzas de 1990 con personal "fiable".

Sí se convocaron, empero, oposiciones para 151 plazas previstas en el presupuesto de 1989, probablemente una de las más transparentes realizadas en el Ente, aunque destinadas casi todas ellas a puestos de carácter técnico.

CCOO denunció en 1997 que el equipo directivo de Canal Sur había contratado con sueldos millonarios a varias personas sin experiencia televisiva, mientras que a un «importante grupo de contratados se les niega el complemento de disponibilidad que les corresponde por convenio colectivo». Entre los «afortunados» denunciados, se hallaba Carlos Santos Gurriarán, sobrino del jefe de los Servicios Informativos y cuyo sueldo era de 10.500.000 pesetas anuales.

Igualmente afirmó que Francisco Luis Córdoba, proveniente de la Oficina del Portavoz de la Junta, ligada al presidente Chaves, cobraba 8.600.000 pesetas anuales como "coordinador".
En 1999, la CGT denunció irregularidades de contratación y llamó a la situación un "coladero vergonzoso". La situación laboral del ente público Radio Televisión de Andalucía caracterizado por la CGT como "enchufismo. La situación es alarmante y bochornosa". De hecho, precisó 110 ejemplos concretos de personal colocado a dedo en la RTVA, al margen incluso de la bolsa de trabajo.

Además, la CGT denunció en el año 2000 otra prueba restringida para 232 trabajadores que venía a significar, otra vez, que personas colocadas "a dedo" luego eran asimiladas a la plantilla por este procedimiento. Aunque tardó ocho años, en enero de 2008 el Tribunal Supremo sentenció que la RTVA y sus sociedades filiales (Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) "violaron los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública", según nos informó en su día la Asociación de Licenciados de Imagen y Sonido de Andalucía, ALISA, impulsora de su recurso a través del abogado Antonio Sánchez Rodríguez.

En suma, el Tribunal Supremo anuló las oposiciones casi "clandestinas" celebradas en la Radio Televisión Andaluza en el año 2000 y que dieron plaza fija a más de 200 trabajadores temporales de la propia RTVA, naturalmente en su mayoría, colocados por decisión de los directivos. La convocatoria sólo se difundió en los tablones de anuncios de la RTVA y permitió participar en el proceso de selección únicamente a los trabajadores que llevasen en la empresa al menos seis meses. No permitía concurrir a trabajadores temporales con antigüedad inferior a los seis meses ni a personas que, estando cualificadas, no hubiesen trabajado antes en la RTVA.

En 2003, con el ex portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves, Rafael Camacho en la dirección general, los sindicatos denunciaron contrataciones irregulares. En este caso, otras 40 personas fueron contratadas en los centros territoriales de la RTVA sin tener en cuenta ni bolsas de trabajo ni mesas de contratación. Incluso se superaba el porcentaje de libre designación reservada a la Dirección.

Todavía en 2006 podía El Mundo publicar una noticia como esta: "La dirección de Canal Sur apela a la Constitución para justificar la viabilidad jurídica de su propuesta de convertir en fijos a unos 300 trabajadores temporales sin someterlos previamente a ninguna prueba, lo que contravendría la propia Ley de Creación de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el convenio colectivo. Pero de eso hablaremos en una próxima entrega.

Pretender ahora, cuando los hombres de negro ya están en su sede, que el origen y composición de la plantilla responde a la legalidad y a la profesionalidad, es sencillamente indecente.