Por la Sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo han desfilado esta semana más de 20 personas, entre acusados y testigos. Muchos de ellos, eran muy esperados por su valor probatorio en el juicio del 1-O y decepcionaron, otros sorprendieron y en cambio, otros causaron risa o estupor.
Uno de los testimonios más esperados era el del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El dirigente popular se colgó la túnica de Poncio Pilato para "lavarse las manos" y desvincularse completamente del dispositivo policial del 1-O y de las órdenes para actuar en los centros públicos donde se celebraba el referéndum ilegal. Zoido despejó el balón hacia los "operativos", es decir, al coronel Diego Pérez de los Cobos y otros mandos de la Policía y la Guardia Civil. Él, como ministro del Interior, sólo pasaba por allí.
Uno de los momentos más cinematográficos de sus declaración fue cuando el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Xavier Melero, rememoró aquella escena de la película Algunos hombres buenos, protagonizada por Jack Nicholson y Tom Cruise. Melero en su papel de Cruise preguntaba a Zoido si "ordenó el código rojo", es decir, si había dado las órdenes policiales durante el 1-O. El exministro del Interior menos valiente, pero más inteligente que Nicholson, lo negaba y la escena perdía toda su gracia. Y es que Zoido es juez y sabe de lo que va la película. Eso sí, defendió con uñas y dientes la actuación y "proporcionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un año y medio después del 1-O, quizá iluminada por la cocina de José Félix Tezanos en las encuestas del CIS, siguió manteniendo que en la jornada del referéndum ilegal se registraron 1.000 heridos en Cataluña, 300 de ellos en Barcelona. Colau reivindicó su apoyo institucional a los convocantes de las protestas "pacíficas" y atacó duramente la labor de la Policía y la Guardia Civil.
Uno de los testimonios de mayor calado político, lo protagonizó el lehendakari, Iñigo Urkullu. Confirmando el relato del acusado y arrepentido exconsejero Santi Vila, Urkullu reconoció su papel de "mediador" entre la Generalidad de Carles Puigdemont y el Gobierno de España. Según su relato, Mariano Rajoy siempre escuchaba con atención, pero marcaba los límites en la Constitución española. Se llegó a conseguir un principio de acuerdo, elecciones a cambio de no aplicar el artículo 155 en Cataluña. Sin embargo, Puigdemont lo rompió en el último momento, alentado por la presión de los golpistas en la calle.
El circo de Tardá y el "no diálogo" de Rajoy y Soraya
El diputado de ERC, Joan Tardá, iniciaba la temporada de circo en el Supremo, asegurando que contestaría en catalán a la acusación popular que ejerce Vox. No obstante, su numerito fue neutralizado rápidamente por Manuel Marchena.
A continuación, llegaba el expresidente catalán, Artur Mas. Él fue el ideólogo del golpe a través del llamado "Libro blanco", además lideró el ensayo del 1-0, la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, el 9-N. Sin embargo, declaraba como testigo y no como acusado, sorprendentemente. Mas aseguró que participó en reuniones preparatorias del 1-O y que su objetivo fue siempre el "diálogo" con el Gobierno de España. En ese momento, el fiscal Javier Zaragoza se mordía la lengua e ironizaba por lo bajini: "¿Diálogo? No voy a hacer valoraciones...".
Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que no existió la Operación Diálogo con la Generalidad y que se reunió con Oriol Junqueras en tres ocasiones para hablar sobre otras cuestiones que afectaban a la Comunidad. Defendió que en el 20-S y el 1-O hubo "violencia, acoso, amenazas y coacciones". En la misma línea se pronunciaba Mariano Rajoy, que negó con insistencia cualquier tipo de diálogo con la Generalidad de Puigdemont, porque "querían liquidar la Constitución y la soberanía nacional". Además, afirmó que decidió aplicar el artículo 155 porque era "más operativo" que el estado de sitio o el estado de excepción.
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechaba el capote que le brindaba el fiscal Zaragoza para dejar abierta las puertas de la malversación, tras negar durante la instrucción de la causa que "las urnas" del 1-O se hubieran comprado con dinero público. Montoro reconocía ahora que se pudieron cometer "irregularidades contables" por parte de la Generalidad para financiar el golpe.
Marchena sacó varias amarillas y 2 rojas
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha vivido quizá su semana más difícil en lo que va de juicio. Como bien ilustraba el compañero Pablo Planas, Marchena se ha erigido en un arbitro dialogante y explicativo como Mateu Lahoz, no se olvida que hay partido de vuelta en el TEDH de Estrasburgo, pero que no duda en sacar tarjetas amarillas y rojas cuando es menester. En estas tres sesiones, ha sacado varias amonestaciones al algunos abogados de los golpistas como Francesc Homs o Andreu Van den Eynde. También tuvo que sacar dos tarjetas rojas a los exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulalia Reguant, por negarse a responder a Vox y pitorrearse del juicio, entre los visibles aspavientos de enfado del magistrado Luciano Varela.
Esta semana hemos visto a un Marchena más incisivo e intervencionista para evitar que el Supremo se convierta en una suerte de preámbulo electoral donde los testigos políticos pudieran proclamar sus soflamas. Se esperaba mucho espectáculo del diputado de ERC, Gabriel Rufián, pero sus bufonadas se limitaron a ironizar sobre la violencia y la rebelión, asegurando que "él fue a merendar" y que en las revoluciones "no se va a merendar". Los otros conatos de payasadas fueron rápidamente bloqueados por el sheriff Marchena. Rufián confesaba que se había comprometido con las defensas de los golpistas a no montar el show.
Cuixart el "desobediente" y Forcadell la "simbólica"
El presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, comenzaba la semana defendiendo frente a los 7 magistrados del tribunal la "desobediencia civil sin violencia", citando a Martin Luther King o Gandhi. Dentro de su delirio golpista en el que no hubo violencia en el asalto a la Consejería del 20 de septiembre, se pudo vislumbrar un relato más valiente que el del resto de acusados. Reconoció los hechos, a su forma, y dejó claro que entre hacer caso a los mandatos del Tribunal Constitucional y defender "los derechos fundamentales", él obviamente desobedeció al TC con "mucho orgullo", por cierto.
La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, visiblemente desmejorada y menos envalentonada que cuando dirigía el golpe institucional desde Cataluña, quitaba importancia y relevancia al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre, que calificó como "un acto político sin consecuencias jurídicas".
En ese momento, la fiscal Consuelo Madrigal dejaba en evidencia su argumento con una pregunta: "Si no tenía efectos la DUI, ¿por qué decidieron suspenderla? Forcadell se quitaba además responsabilidades afirmando que desde la Mesa del Parlamento, no se entraba en "el fondo de las propuestas parlamentarias, aunque fueran inconstitucionales".