Son muchos los que acusan a Vox de querer iniciar una auténtica caza de brujas en Andalucía por pedir información sobre los trabajadores que forman parte de las unidades de violencia de género. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense avala la iniciativa de Francisco Serrano y advierte de que la falta de formación de los peritos de violencia doméstica hace que la mayor parte de los casos sean sobreseídos por falta de pruebas.
En declaraciones a Es la tarde de Dieter, el catedrático Ramón Arce asegura que "cuando se invierte en un recurso público, evidentemente hay que tener un control de calidad, no cabe la más mínima duda" y, precisamente por eso, más allá de las formas, respalda la petición de Vox. "No sé cuál es la situación legal y administrativa, si se pueden identificar, si no se pueden identificar –insiste Arce–, pero sí solicitarles que tengan esa capacitación y cuáles son los procedimientos y técnicas que utilizan, y verificar que los utilizan adecuadamente, porque estamos hablando de temas de una gravedad social y personal muy grande".
Según el presidente de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, dicha exigencia viene avalada por la propia Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, que establece que los peritos han de contar con la titulación especializada de la materia de que se trate. En este sentido, Arce denuncia que, a día de hoy, la inmensa mayoría de los peritajes de toda España los están haciendo psicólogos y no psicólogos forenses, una titulación oficial que introdujo el plan Bolonia. En el caso de los licenciados con anterioridad, el catedrático cree que la administración debería comprobar los conocimientos que tienen y "homologarlos, como se hizo con los sanitarios o con otras muchas profesiones que fueron surgiendo", ya que, en la actualidad, los peritajes dejan mucho que desear. "Cada uno aplica lo que estima, lo que le han dicho por allí o lo que ha aprendido en alguna formación puntual que hayan tenido, pero, por lo que se ve, no son conscientes ni de los límites, ni se los explican, ni tienen entrenamiento".
En los casos de violencia doméstica o de posibles agresiones sexuales, por ejemplo, es fundamental la entrevista que el perito mantiene con la víctima. "Es muy difícil y requiere bastante práctica para poder obtener un buen testimonio sin contaminarlo", advierte Arce. De ahí que, ante la falta de formación, los peritajes se acaben basando "en el criterio subjetivo de la persona".
A pesar de las críticas que Vox ha recibido por parte de las asociaciones de mujeres contra la violencia de género, el presidente de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense advierte de que las principales perjudicadas son las propias víctimas, ya que, cuando llega el juicio, "la prueba no es aceptada, o hay un contrainforme y se pierde el caso, o no la realizan bien y ya se desestima a priori". Para sustentar sus palabras, el catedrático apela a los datos anuales del Observatorio del Poder Judicial. "Del total de denuncias, la tasa de condenas oscila entre un 18 y 22%, y la cuestión por la que la tasa es tan baja es por sobreseimiento por falta de pruebas".
Las críticas de los psicólogos forenses llegan después de que el Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos denunciasen en Es la Tarde la privatización de los peritajes de violencia doméstica en Andalucía. Según su vicepresidente primero, Fernando Chacón, el hecho de que este servicio se adjudique a la empresa privada que ofrezca el servicio más barato, hace que siempre ganen "los que presenten menos precio, pero probablemente menos calidad".