El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha suspendido cautelarmente toda actividad cinegética en la región tras la impugnación del reglamento autonómico sobre caza por parte del partido animalista Pacma.
En el programa Es Noticia de esRadio el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López Maraver, ha asegurado que la situación es "total y absolutamente complicada" y que los servicios jurídicos y técnicos del ente federativo están estudiando un recurso ante este auto del TSJCyL. López Maraver ha indicado que ahora mismo no les queda "más remedio que esperar a este recurso y trabajar con la Administración de Castilla y León para ver qué soluciones aportan".
Ha destacado que "es la Administración la que tiene que resolver el problema" porque "ella es la demandada y es la que tiene que acatar la sentencia" mientras ha indicado: "Por desgracia los afectados somos los cazadores".
"Un problema que se veía venir"
El presidente de la Real Federación Española de Caza ha contado que "este mismo tribunal suspendió el Plan de Gestión del lobo hace un año y se debieron de haber elaborado de otra manera las cosas para que esto no hubiera sucedido". Es un problema que "se veía venir" desde hace dos años, ha apuntado López Maraver que ha recordado que llevaban advirtiendo a la Administración "mucho tiempo".
Para el presidente de la RFEC "el origen" de esta sentencia que suspende cautelarmente la actividad cinegética en Castilla y León es la denuncia del partido animalista Pacma al derecto por el que se regula la gestión de la caza y las especies silvestres "por entender que para poder ser cazadas se necesitan unos informes técnicos y científicos lo suficientemente desarrollados". López Maraver ha señalado que "así lo han realizado los técnicos de las federaciones en contacto con la administración".
Impacto económico y ecológico
Ángel López Maraver ha afirmado que "es abismal y prácticamente incalculable el impacto económico" de esta suspensión cautelar en Castilla y León. Ha advertido que se van a ver afectados "cientos de municipios" cuya actividad principal gira en torno a la caza y también "las empresas que trabajan con cazadores".
También ha advertido del "impacto ecológico que puede producir el no cazar durante un año en CyL" y ha dicho que "había que exigir los daños en la agricultura o los accidentes que se pueden producir".