La izquierda, desde el PSOE a Adelante Andalucía, arguye que la petición de Vox del listado de personas que evalúan la "violencia de género" no es más que una cortina de humo para ocultar que la Comisión del Estatuto del Diputado puede negar a Francisco Serrano la compatibilidad de su escaño. Desde Vox se ve al revés. Se trata de impedir que Serrano demuestre la "ideologización" de las políticas de género apartándolo del escaño. En realidad, hay 17 diputados en la misma situación de posible incompatibilidad.
La exigencia de que los diputados andaluces no tengan otros trabajos externos con remuneración es lo que se ha utilizado contra la actividad privada de Francisco Serrano si bien es evidente que es el contenido del trabajo de su despacho –el combate contra la ley de violencia de género–, lo que late detrás de quienes impulsan que el Parlamento andaluz decida este miércoles sobre el tema.
Ante la situación planteada, diario.es apunta que Serrano presentó la semana pasada ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para rebatir la supuesta incompatibilidad de su escaño con la actividad privada que desempeña: el diputado de Vox dirige un despacho de abogados (Serrano Abogados) especializado en litigios de pareja y en custodia de menores.
Ahora son los letrados del Parlamento los que deben decidir sobre la compatibilidad de la presencia de Serrano en su propio despacho con sueldo interpuesto. En la Ley Electoral andaluza se dice en su artículo 6.3 que "el mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, y será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. El régimen de dedicación absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley será aplicable sin que en ningún caso se pueda optar por percepciones o remuneraciones correspondientes a puestos o cargos incompatibles".
¿La mera propiedad de un despacho anterior a su elección como diputado exige su incompatibilidad con el cargo? Si así lo decide la Comisión del Estatuto del Diputado, tendrá ocho días de plazo para decidir qué elige, si despacho o escaño".
Su caso no es el único porque se ha sabido que 8 de los 12 parlamentarios de Vox, todos ellos abogados, están en una situación parecida. Además, hay otros 5 diputados de Ciudadanos (entre ellos Javier Imbroda, el consejero de Educación), 2 del PP y 1 de PSOE y otro de Adelante Andalucía.
La cuestión es que las incompatibilidades vigentes en Andalucía son de tal envergadura y rigor que se eliminan a demasiadas personas de la posibilidad de tener un escaño en el Parlamento andaluz. Por ejemplo, el caso de Javier Imbroda es el de poseer el 20 por ciento de las acciones de una sociedad médica y el popular Toni Martín el tener un 16 por ciento de las acciones de una sociedad familiar.