El expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha asegurado ante el tribunal que le juzga por rebelión que en el asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 "no había tensión" y que era una protesta pacífica".
Sànchez ha comenzado su declaración en el juicio sobre el 1-O en el Tribunal Supremo afirmando que "es un juicio político" y que él es "un preso político". Mismas palabras utilizadas por el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y el exconsejero, Raül Romeva.
El fiscal Javier Zaragoza le ha interrogado sobre las llamadas telefónicas que intercambió con el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, durante el asalto a la Consejería de Economía. Sánchez ha asegurado que él no asumió "funciones de orden público", ya que ésta era la labor de los Mossos: "Yo no asumo la seguridad de nada y no obstaculizo a la comitiva judicial, tampoco los voluntarios o los manifestantes. Si no obstaculizo, no puedo dejar de obstaculizar".
Además, ha añadido que la comitiva judicial pudo "realizar su labor" y que no se puede "criminalizar" las protestas de 60.000 personas, por las acciones de unos pocos, en referencia a los ataques a los coches de la Guardia Civil y al robo de armas largas de los vehículos, que luego fueron devueltas. Todo ello a pesar de que la secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio de madrugada por el tejado y saltar un muro de metro y medio al estar rodeados. Después Sánchez añadía: "Los guardias civiles no los dañaron (los coches). Puedo ser independentista, pero no idiota".
Sobre el referéndum del 1-O, Sánchez asegura que la ANC y Ómnium Cultural no recibieron notificación judicial de que la votación era ilegal y que lo conoció "con posterioridad". También asegura que "el derecho de autodeterminación" no es ilegal. Sí reconocía que la ANC repartió papeletas para que los catalanes votaran.
Posteriormente, afirmaba que "no le consta" que agentes de Policía y Guardia Civil resultaran heridos durante la jornada del 1-O, y que los Mossos resultaron más eficaces incautando las urnas y clausurando los colegios. Después, contestaba a la Abogacía del Estado.
Sánchez respondía a su letrado asegurando que el 1-O era "un acto político", que el derecho de autodeterminación "no es ilegal" y que la "Ley no puede ahogar a la democracia".
Vila, el "interlocutor" con el Gobierno
La sesión de este jueves se iniciaba con el interrogatorio al exconsejero de Empresa, Santi Vila. Según su testimonio, la Generalidad quería "tensar la cuerda, pero no romperla" con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, reconocía que tras la votación hubo discrepancias internas en el Gobierno catalán entre los que consideraban que el 1-O era vinculante y los que opinaban que era "una movilización importante".
Vila ha explicado que fue el interlocutor con el Gobierno del PP y con altos cargos del PSOE, también con representantes religiosos, empresariales e institucionales para evitar "el despropósito", y que dimitió "frustrado", tras no alcanzar el pacto.
Tras alcanzar un principio de acuerdo el 25 de octubre de 2017, antes de la Declaración Unilateral del Independencia en el Parlamento catalán, la presión de los independentistas fagocitaron el pacto. En ese momento, afirma Vila, mantuvo una conversación con el entonces presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y le explicó que tras haberse dado la mano con dirigentes del PP y el PSOE para evitar la DUI, se tenía que ir del Gobierno si no se cerraba el acuerdo.
El martes a las 9:30 se retomarán las declaraciones de los acusados con el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Las testificales fijadas para ese día se irán desplazando hasta que finalicen los citados interrogatorios.