El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abierto juicio oral a 88 personas, por el denominado caso Madeja de corrupción. El magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado "de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas" en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.
Recordamos que el Partido Popular fue condenado a pagar 245.000 euros por ser partícipe a título lucrativo en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre primera época del caso Gürtel. Dicha condena fue utilizada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para promover la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa.
Según el juez, la infraestructura conformada en torno a la empresa Fitonovo fue dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años. Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal.
Fitonovo SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.
En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.
En la pieza separada denominada "Ayuntamiento de Sevilla", el auto explica que tres de los investigados, José Manuel García Martínez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, "recibieron un total de 155.000€ de Fitonovo SL, para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo".
Por su parte, "Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo, de igual manera consiguieron de Fitonovo SL, a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera "el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo", concluye el juez.
Los reproches a la Fiscalía
A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.
Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, "el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas".