La defensa de los golpistas cuestiona la imparcialidad del tribunal y arremete contra la investigación del 1-O

La defensa de los golpistas ha cuestionado durante la primera sesión del juicio del 1-O la imparcialidad del tribunal juzgador y han arremetido contra la instrucción que se inició sobre la causa en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.

El juicio más importante de la democracia española arrancaba a las 10:23 de la mañana con la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena. A continuación, los letrados de los dirigentes independentistas que son juzgados por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal, comenzaban a detallar las supuestas vulneraciones a los derechos de los procesados.

En el banquillo de los acusados, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxel Borrás. También el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

En primero en tomar la palabra era el letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, que calificaba de "vodevil procesal" la investigación sobre el desafío independentista iniciada en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El abogado también afirmaba que la causa "atenta contra la disidencia política", que "es una causa general" y que "impide el desarrollo de una "ideología política". Además, aseguraba que la investigación es "desproporcionada" y que la Fiscalía ha perdido "credibilidad" con su acusación.

Después, intervenía el letrado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Xavier Melero pedía al tribunal que acepte la declaración testifical del exministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido. Según el letrado, esta declaración es necesaria tras la citación del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y de la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Después el letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, Jordi Pina, rebatía las peticiones de testificales rechazadas por el tribunal del Rey Felipe VI y el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Además, pedía a los magistrados que actúen como "jueces y no como salvadores de la patria".

Antes de ser interrumpida la sesión para el almuerzo, la letrada Ana Bernaola planteaba más supuestas vulneraciones a los derechos de los procesados en nombre de Rull, Turull y Sànchez.

Por la tarde, el abogado del presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, Benet Salellas, afirmaba que estaban juzgando al citado Cuixart por "ejercitar sus derechos fundamentales" y que el juicio se convertía así en "un juicio a los derechos fundamentales, con peligro de que se vacíe la democracia".

Posteriormente, la letrada del expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, Olga Arderiu, aseguraba que Forcadell "ni organizó, ni efectuó" el referéndum ilegal del 1 de octubre. Según la abogada, se la está juzgando por "sus convicciones políticas" y negaba que hubiese cometido "un delito de rebelión o sedición".

A continuación, el letrado de la exconsejera Dolors Bassa, Mariano Bergés, pedía incorporar a la causa toda la documentación que obra en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Además, sostenía que en comparación con la Fiscalía, se han rechazado la mayoría de diligencias solicitadas por las defensas de los acusados.

Por su parte, la letrada de la exconsejera Meritxel Borrás, Judit Gené, pedía al tribunal del 1-O que no tuviera en consideración la acusación por un delito de organización criminal planteada por la acusación popular que ejerce Vox. Mientras, el letrado del exconsejero Carles Mundó, Josep Riba, detallaba algunas de las supuestas vulneraciones a la defensa del exdirigente catalán. Por último, el abogado del exconsejero Santi Vila, Pablo Molins, recordaba que éste renunció para evitar cometer un delito de rebeliñon y sedición.

Mañana la acusación compuesta por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox, contestará a las cuestiones previas planteadas por la defensa