Vox se fundó a finales de 2013 de la mano de Santiago Abascal. Desde entonces, el partido ha sufrido varias crisis, incluyendo el abandono de alguno de sus estandartes fundacionales. La formación fue ignorada mediáticamente durante mucho tiempo. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando Vox decidió, como hizo UPYD, personarse en varias causas judiciales para luchar contra el independentismo catalán.
El partido liderado por Abascal y flanqueado por su secretario general, Javier Ortega Smith, y su vicesecretario jurídico, Pedro Fernández, comenzó su andadura judicial querellándose tras la consulta ilegal del 9-N de Artur Mas. Posteriormente, en febrero de 2017 Vox presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona contra el exsenador de ERC, Santiago Vidal, por admitir la utilización ilegal de datos fiscales para crear la llamada "Hacienda catalana" desde la propia Generalidad.
La causa sirvió de base para investigar la planificación y organización del referéndum ilegal del 1 de octubre en este mismo Juzgado, tras el asalto a la Consejería de Economía catalana del 20 de septiembre del mismo año. Poco después de la consulta ilegal, Vox se personaba como acusación popular en la causa instruida por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Durante los meses que ha durado la instrucción, Vox y la Fiscalía han mantenido una postura judicial muy firme contra los golpistas catalanes. Ninguna formación política más se presentó como acusación popular, mientras la Abogacía del Estado modificó su criterio tras la llegada al Gobierno de España del socialista Pedro Sánchez.
De esta forma, el juicio sobre el llamado procés dará todavía más visibilidad, si cabe, a Vox a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. Desde el partido trasladan a Libertad Digital que Javier Ortega Smith será el encargado de preguntar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un papel que le permitirá tener aún más presencia mediática después de las elecciones andaluzas. Pedro Fernández, también abogado, asegura a este periódico que el objetivo de su formación en cualquier caso es "la defensa de España, su unidad y sus símbolos" .
Desde Vox aseguran que obtienen las fianzas exigidas para presentar las denuncias en los tribunales a través del método conocido como crowdfunding. De hecho, en su última denuncia contra el nº 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jové, el partido se felicitaba a través de las redes sociales por haber conseguido los 8.000 euros necesarios para iniciar el proceso en apenas 5 horas.
Recientemente, la formación ha presumido de conseguir que la Audiencia Nacional ratifique la multa de 220.000 euros impuesta a Ómnium Cultural por la Agencia de Protección de Datos a raíz de una denuncia interpuesta por Vox en el año 2014.
Cuenta atrás para el juicio
El pasado mes de noviembre, Vox presentó su escrito de acusación en la causa del 1-O en el que pide 74 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras: 25 años por dos delitos de rebelión, 12 por uno de organización criminal y otros 12 por malversación de caudales públicos. En el mismo escrito, se solicita la misma pena para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
Para los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, Vox reclama 24 años de prisión y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años por un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.
El próximo 12 de febrero arranca el juicio del 1-O en el Supremo. Vox, como acusación popular, tendrá una presencia mediática diaria gracias a su personación en la causa. El tiempo dirá si el Supremo servirá de trampolín a la formación de Santi Abascal para "reconquistar" el resto de España.