La esposa del juez Eloy Velasco trabajó en un despacho de abogados que administra concursalmente una sociedad del cerebro de la Púnica, David Marjaliza, mientras el magistrado investigaba aún la trama corrupta.
Beatriz Saura formó parte del equipo del economista y abogado Pedro Bautista Martín Molina entre noviembre de 2015 y enero de 2019. Concretamente, fue directora del Área de Derecho Penal y Compliance de este bufete para atender asuntos relacionados con el citado área de Compliance y la protección de datos.
Eloy Velasco fue el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional entre el año 2008 y junio de 2017. La trama Púnica, en la que fueron detenidos el empresario David Marjaliza y el exdirigente del PP, Francisco Granados, estalló en octubre de 2014. Es decir, el bufete de la esposa de Velasco trabajó para Marjaliza administrando su sociedad, Aldabán Iniciativas S.L., durante casi 2 años mientras el juez instruía la causa.
El magistrado abandonó el Juzgado Central de Instrucción nº 6 en junio de 2017 para formar parte de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. En su lugar, el magistrado Manuel García Castellón se hacía cargo de la investigación de la trama Púnica y del resto de causas del Juzgado.
Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el socio de Marjaliza, José Luis Capita, aseguró ayer en su declaración ante el juez García Castellón que las empresas que comparte al 50% con el cabecilla de la trama Púnica, "se encuentran administradas concursalmente por el bufete de abogados Martín Molina". Capita desveló este hecho, mientras era interrogado por el letrado de Granados, Javier Vasallo. Además, el empresario aseguró que no conocía a la esposa de Velasco.
Estas mismas fuentes añaden que el letrado de Granados podría solicitar documentación sobre este hecho y que el actual instructor podría deducir testimonio e investigar estos hechos, para determinar si pueden afectar de alguna forma a la causa o si Velasco tendría que haberlo anunciado mientras investigaba el caso, ya que podría haber derivado "en una posible recusación o nulidad de las actuaciones".
El despacho Martín Molina ha remitido un comunicado a LD en el que señala que Pedro Martín Molina ha ejercido como administrador en la mercantil Aldabán Iniciativas S.L., donde fue asignado a través del Juzgado de lo Mercantil, junto con otros 2 Administradores Concursales más, dejando claro que Beatriz Saura no participó en administración concursal de la sociedad, aunque sí formaba parte del bufete. El despacho reconoce sólo la administración concursal de dicha empresa, aunque según la versión de Capita podrían ser más sociedades.
"La función de los Administradores ha sido la determinar las causas de la insolvencia que ha llevado a esta sociedad a la liquidación y realizar las acciones más beneficiosas para los acreedores. En el ámbito penal", añade el comunicado, "en sede de la Audiencia Nacional se persiguen delitos penales, que no infieren ni dependen de los procesos mercantiles del concurso de acreedores, que son los que han sido gestionados por los 3 administradores concursales anteriormente mencionados. D. Pedro Martín Molina, como administrador concursal, centró su trabajo en la parte económica del concurso, que debía consensuar con los otros dos administradores. Este proceso se inició en el año 2011 y en la actualidad está en fase de liquidación".
Exonera a Granados del cobro de mordidas
Precisamente, durante el interrogatorio, José Luis Capita aseguraba que "jamás ha pagado ningún tipo de comisión" al exconsejero madrileño, Francisco Granados, ni a otro político y que nunca se reunió con él. Además, ha señalado que "no tenía constancia de que el exdirigente popular participase en alguna de las sociedades" que compartía con Marjaliza.
La Fiscalía Anticorrupción imputó a José Luis Cápita dentro de la operación Púnica y Lezo ocho delitos: por blanqueo, malversación cohecho, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad y corrupción urbanística.
José Luis Capita ya declaró el pasado 20 de diciembre por ser cotitular de una cuenta en Suiza junto a Marjaliza, y se desvinculó de la trama pero el interrogatorio no terminó. La Fiscalía Anticorrupción localizó cuentas bancarias con 1,2 millones de euros vinculadas con sociedades offshore de Islas Vírgenes Británicas y Singapur.