La nueva Junta pagará 800 millones por la mala gestión de Díaz

Además de los 850 millones de euros de los euros irregularmente distribuidos en el caso de los ERE –680 de ellos malversados según Ciudadanos y con los que podría haberse resuelto el problema del riego en el campo andaluz según su máximo representante, Juan Marín–, y los más de 1.000 millones –hasta 3.000 millones euros se llegó a calcular– indebidamente empleados en el fraude de los cursos de formación, este lunes se conoció que hay otros 800 millones perdidos.

Es el nuevo macrocaso de una mala gestión política que viene a sumarse a los 2.000 millones de euros mal utilizados, por ahora, en los macrocasos judiciales de corrupción mencionados. Ahora resulta que hay otro macrocaso, éste debido a las deudas originadas por diferentes reveses judiciales anteriores sufridos por la Junta gobernada por el PSOE y que afectarán a la disponibilidad de dinero en el próximo presupuesto andaluz.

La cifra es tan escandalosa que supone una cantidad superior al presupuesto total de la Consejería de Justicia de Interior, tres veces el presupuesto de la Consejería de Economía y más o menos el mismo importe presupuestado para las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y la consejería de Fomento y Vivienda de la anterior legislatura. Ello da una idea del desaguisado.

Entre estos casos, los de corrupción y los pendientes de pago por sentencia adversas, la cifra final puede aproximarse e incluso superar el 10 por ciento del total del presupuesto andaluz de un año que se sitúa en torno a los 340 millones de euros.

Lo destapó este lunes el propio vicepresidente plenipotenciario de la Junta, Juan Marín, líder de Ciudadanos, quien dijo en su primera visita a la Empresa Pública de Turismo y Deporte andaluz en Málaga, y recoge ABC, que los 36 años de socialismo en Andalucía han dejado una herencia de "deudas a las que hay que hacer frente".

Curiosamente en su intervención ante los empleados del ente público anunció que continuaría la política turística del anterior gobierno de la Junta de Andalucía al mismo tiempo que admitía que algunos de los procesos judiciales que pueden costar dinero, y mucho, al nuevo gobierno se derivan de casos relacionados con la gestión del turismo en Andalucía.

Marín afirmó que "hay muchas sentencias judiciales. Algunas de ellas en firme, una muy concreta es la sentencia del Caso Nevada, entre muchos otros que nos van a ir cayendo encima". Se refería a la relativa al empresario Tomás Olivo al que la Junta debe pagar más de 168 millones de euros tras la condena condenatoria sufrida por haber paralizado el proyecto del centro comercial Nevada durante años.

168 millones es tres veces el presupuesto total del Parlamento andaluz y básicamente el mismo presupuesto que las Consejería de Cultura y Turismo y Deportes.

Añadió el vicepresidente que el consejero de Hacienda de la Junta, Alberto García Valera (PP), anunciará "esta semana o la que viene como muy tarde" las deudas a las que deberá hacer frente. Aunque Marín no concretó a qué reveses judiciales se refería precisó que el coste de las sentencias va a estar entre 700 y hasta 800 millones de euros.

Mientras estaba en funciones y antes del cambio de gobierno, Susana Díaz autorizó el pago de 168,26 millones de euros al empresario Tomás Olivo tras no admitir el Tribunal Supremo el recurso del Gobierno andaluz contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a la Junta a hacer esta indemnización millonaria.

Curioso en ese caso fue que el letrado de la Junta de Andalucía personado en el caso no compareciera siquiera en el juicio donde iba a presentar un informe pericial. La consecuencia de gestión tan anómala y lesiva para los intereses generales, fue el pago ordenado el pasado 21 de diciembre de los casi 170 millones de euros.

Este desembolso millonario se hizo efectivo el pasado 21 de diciembre. El mismo día la Junta tuvo que pagar otra indemnización 63,31 millones para reparar los daños ocasionados a Nueva Generadora del Sur por anular y paralizar el proyecto de una central eléctrica en San Roque. NI una palabra se dijo sobre aquel asunto antes de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.

A principios de año, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del juez de lo Contencioso número 11 de Sevilla que condenó a la extinta Agencia de Obra Pública a pagar otros 160 millones por los retrasos en las obras del Metro de Sevilla.

Hace siete meses, en julio, el Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz autorizó pagar a las constructoras 17 millones de euros –9,5 millones por la inversión realizada y 7,5 millones por daños y perjuicios– tras haber decidido resolver unilateralmente el contrato para la construcción, explotación y conservación del trazado de la inacabada Autovía del Almanzora entre Purchena y la Autovía A-7 del Mediterráneo, en Almería.

Queda ahora por conocer qué entidades serán las beneficiarias de las nuevas indemnizaciones de la Junta anunciadas por Marín, al parecer bien numerosas porque si son 800 millones de euros los que hay que pagar, hay alrededor de 400 de los que no sabe el destino. Lo único que ha trascendido es que la Junta deberá afrontar algunas cantidades relativas a la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera y a la Empresa Pública de Turismo.