¿Quiénes son los fiscales del juicio del 1-O?

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena son los representantes del Ministerio Público en el juicio del 1-O. La primera sesión se celebrará el próximo martes 12 de febrero, tal y como recogía el auto de admisión de pruebas conocido el pasado viernes.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, Zaragoza y Cadena representarán al Fiscalía durante la vistilla preliminar del juicio, en la que se planteará las cuestiones previas que establece el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, la vulneración de derechos, la nulidad de actuaciones o las causas de suspensión del juicio. Recordamos, que la cuestión de competencia ya fue resuelta por el Supremo.

Estas mismas fuentes esperan que esta vista preliminar pueda extenderse durante los días 12 y 13 de febrero. Siguiendo esta agenda, el jueves 14 comenzaría el interrogatorio de los acusados. Los otros dos representantes del Ministerio Fiscal en el juicio sobre el golpismo catalán son Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.

Los cuatro fiscales han representado al Ministerio Público durante la instrucción de la causa efectuada por el magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena. Madrigal, Zaragoza, Cadena y Moreno "asistirán por parejas a las diferentes sesiones del juicio oral" contra los golpistas y se turnarán dependiendo de la prueba y el interrogatorio.

Consuelo Madrigal fue la primera mujer que ocupó el cargo de fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, tras la dimisión de Eduardo Torres Dulce. Posteriormente, fue relevada del cargo por el fallecido José Manuel Maza, tras negarse a efectuar determinados relevos en la Fiscalía durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Javier Zaragoza fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante 11 años. En febrero de 2017, fue sustituido por su entonces nº 2, Jesús Alonso. Precisamente, Zaragoza al frente de la Audiencia inició hace tres años diligencias contra el golpismo catalán con el objetivo de parar el golpe, sin embargo, no recibió el apoyo necesario para cortar de raíz esta amenaza.

Fidel Cadena es fiscal del Tribunal Supremo desde hace 10 años. Formó parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, TSJA, durante 17 años antes de recalar en el Alto Tribunal. Ahora será uno de los cuatro fiscales en el juicio del procés.

Por último, el cuarto representante del Ministerio Público es Jaime Moreno. Fiscal del Tribunal Supremo desde el año 2003 ha participado en causas muy conocidas como el Faisán, el 11-M o el caso del exportavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs.

Los cuatro fiscales del Supremo han mantenido la línea marcada en la causa de Cataluña por el fallecido José Manuel Maza, cuyo testigo fue recogido por Julián Sánchez Melgar, hasta que fue relevado por María José Segarra tras cesar el Gobierno popular de Mariano Rajoy. Durante toda la instrucción, la Fiscalía y sus 4 representantes han mantenido una línea muy firme frente al golpismo catalán.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio Público presentaba su escrito de acusación en el que solicitaba una pena de 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por un delito de rebelión en su tipo agravado de malversación.

Para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la Fiscalía solicitaba 17 años de prisión por rebelión. Por el mismo delito, reclamaba 16 años de cárcel para los exconsejeros catalanes Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, y Dolors Bassa.

Finalmente, la Fiscalía reclamaba a su vez siete años de cárcel para los últimos tres exconsejeros procesados y acusados sólo por malversación y desobediencia continuada y grave: Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila.

La "cascada de delitos" constituye ya la rebelión

Tal y como avanzó LD, la Fiscalía defenderá durante las sesiones del juicio que en el marco del 1-O se registró una "cascada de delitos" que configuran ya por sí mismos el delito de rebelión. El Ministerio Público considera que durante el proceso independentista en Cataluña se cometieron presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación, malversación, desobediencia, lesiones, resistencia a la autoridad, organización criminal, y por supuesto, al menos un delito de sedición. Por tanto, todos estos delitos unidos con la citada sedición provocan que "reaparezca el delito de rebelión".

Además, el Ministerio Fiscal sostiene que los Mossos d’Esquadra se convirtieron en "un equipo armado al servicio de los fines independentistas de la Generalidad de Cataluña", a pesar de que su misión es la defensa de la Ley, el orden y la Constitución. No obstante, los Mossos d'Escuadra se habrían actuado "al servicio contrario para frenar y neutralizar, con la apariencia de colaboración, la actuación de las fuerzas del orden constitucional y colocar a las ciudadanía en frente de esas fuerzas".