La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que el juicio contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por rebelión se celebre en Cataluña por la presión independentista. Concretamente, se juzga el papel de Trapero y de otros altos cargos de los Mossos y de la Consejería de Interior durante el asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 y el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Este martes, la Sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado una vista preliminar para analizar la cuestión de competencia planteada por la defensa del exsecretario general de Interior catalán, César Puig, y el exdirector general de los Mossos, Pere Soler. La defensa de ambos solicitaba que el juicio se celebrara en los Juzgados de la Ciudad Condal o en la Audiencia Provincial de Barcelona, en lugar de la Audiencia Nacional.
La abogada de Trapero que también defiende a la cuarta acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, ha rechazado adherirse a la alegación de Puig y Soler. Por su parte, el representante del Ministerio Público, Pedro Rubira, ha mantenido que el juicio se debe celebrar en la Audiencia Nacional.
Durante su intervención, el fiscal cuestionaba que en Cataluña existiera la "serenidad suficiente" para juzgar estos hechos. Una reflexión en la que parafraseaba la querella presentada por el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza y que dio origen a la causa. Esta afirmación era aprovechada por la defensa de los independentistas para acusar al Ministerio Público de poner en duda la imparcialidad de los tribunales de Cataluña.
Tras la celebración de la vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitía un comunicado en el que afirmaba que "en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña, y en el resto del territorio nacional, quienes con su desempeño diario garantizan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico".
La Fiscalía reiteraba en el comunicado "su confianza en la independencia de jueces y tribunales en Cataluña, así como la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción".
Tras la celebración de la vista, la Sección Primera de la Sala de lo Penal deberá dictar un auto para decidir si acepta o rechaza las alegaciones presentadas por los acusados y por tanto, el juicio se celebra en la Audiencia Nacional como está previsto o en Cataluña.