La Fiscalía estalla contra la juez Bolaños por la posible impunidad de ex altos cargos en los ERE

Se acaba de saber, vía ABC, que los fiscales Juan Enrique Egocheaga y María Nazaret Salguero, de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, han interpuesto un recurso de apelación contra el archivo de la pieza de las ayudas para pagar a 247 prejubilados de la empresa Bilore. Cuarenta de ellos trabajaban en la fábrica de Lucena (Córdoba). El archivo del caso es consecuencia de la decisión de la juez María Núñez Bolaños, con lo que el enfrentamiento entre Fiscalía y Juzgado sigue un curso ascendente.

Sorprende más que otra cosa el lenguaje utilizado por la Fiscalía que considera "simplistas", "infundados", "gratuitos" y "carente de todo criterio" los argumentos expuestos por la juez Bolaños en su auto del pasado 16 de enero.

Como ya es costumbre, la juez acordó además el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y los exresponsables de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo. De la pieza Bilore, ya habían sido excluidos el exconsejero Antonio Fernández y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, porque ya están sido juzgados, junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el sistema supuestamente ilícito de ayudas.

El caso ERE no es sólo el caso que se juzga en Sevilla para dirimir si el procedimiento utilizado para conceder las ayudas es un caso claro de prevaricación y malversación de caudales. El caso ERE, además de este juicio que implica a 21 ex altos cargos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán incluidos, engloba otros 146 sumarios pendientes de fin de instrucción y juicio. Pero en ellos podría no poder acusarse a los ex altos cargos juzgados ahora por razón de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos. Esto es, la impunidad de los ex alto cargos en cada caso concreto en que se concedieron ayudas, es una posibilidad cercana.

Precisamente, esta fue una de las razones por las que la juez Alaya se negó, mientras fue titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruía el caso, a trocearlo en sumarios diferentes, algo en lo que coincidieron la propia Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y las altas magistraturas regionales, desde la Audiencia de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia.

El fraccionamiento del caso dio lugar al sumario del procedimiento específico, el fondo de reptiles, y casi 200 subcasos más de los que 146 siguen vivos e instruyéndose en el juzgado que ahora dirige María Núñez Bolaños. Pero las diferencias entre la Fiscalía y la juez están dando paso a un enfrentamiento que ayer mismo tuvo un día de gloria.

ABC recuerda este miércoles que la tensión fiscalía-juez Bolaños se ha extendido a los archivos de diferentes piezas separadas que incluían ayudas irregulares con cargo al fondo de los ERE y a la exclusión sistemática de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que están haciendo que el macrocaso de los ERE de la juez Alaya se vea reducido a una mínima expresión, como ella misma profetizó.

En este recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el caso Bilore, se reproducen las deficiencias detectadas por la Intervención General del Estado sobre las ayudas concedidas por la Junta a Bilore, que ascendieron a 1,7 millones de euros y fueron "concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". No se han publicado ni existen bases reguladoras para su otorgamiento. No consta la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. No hubo solicitud formal de la ayuda. El expediente no se sometió a fiscalización previa de la Intervención de la Consejería de Empleo, como era preceptivo.

La Fiscalía se opone a las exclusiones de ex altos cargos por parte de la juez, que considera provisionales mientras no haya sentencia firme o delimitación objetiva de los hechos objeto de enjuiciamiento en el denominado procedimiento específico". La Fiscalía aduce que los 21 ex altos cargos juzgados en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla lo son por el sistema de ayudas, pero no por las ayudas mismas que en las que ellos intervinieron personalmente.

Por ejemplo, Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, fue quien ordenó el pago de ayudas sociolaborales a extrabajadores de Bilore. Por ello, según la Fiscalía, debe seguir imputado, hay "una falta absoluta de legalidad en la tramitación de cualquier procedimiento relativo a la concesión de las ayudas. "Meras irregularidades", califica la juez Núñez. Señala la Fiscalía además errores y fallos en el auto de la juez, como aludir a un informe de la Cámara de Cuentas que intervino en el caso Bilore.

La Fiscalía responde además a la acusación de la juez Bolaños que subraya "graves errores en los atestados policiales" referidos a la Guardia Civil, errores que no concreta dando pábulo a sospechas infundadas.

Es más, la Fiscalía no se explica cómo la juez califica de lícita la actuación de los intermediarios de la empresa Vitalia cuando esta empresa "ni tan siquiera podía operar en Andalucía", y cobraba "comisiones muy por encima del valor de mercado" por gestionar las pólizas. Tampoco comprende cómo la juez convalida "la arbitrariedad de la práctica sistemática de operaciones carentes absolutamente de control, fiscalización y contabilidad, que se efectúan en detrimento de fondos públicos y no menos acuciantes necesidades sociales".