El juicio contra el proceso independentista de Cataluña arrancará en pocos días en el Tribunal Supremo. En el banquillo de los acusados, se sentará gran parte del Gobierno del fugado Carles Puigdemont, así como los líderes de las entidades sociales que encabezaron las revueltas callejeras en las calles de Cataluña.
Los acusados son el exvicepresidente, Oriol Junqueras; el expresidente de la ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; la experesidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Los tres últimos se encuentra en libertad al no estar acusados de rebelión, sino de desobediencia y malversación de fondos públicos.
Antes de que arranque el juicio más importante de la democracia española, con permiso del 11-M, cabe recordar los hitos y hechos más significativos que investigó la Fiscalía junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la instrucción judicial llevada a cabo por el magistrado Pablo Llarena en el Supremo. Unos hitos que fueron recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía.
En este primer capítulo, Artur Mas es el principal protagonista. Mas declaró como investigado en febrero de 2018 ante el juez instructor del referéndum ilegal del 1-O en el Supremo. El expresidente catalán aludió ante el juez a una negociación mantenida durante año y medio con representantes del PP y PSOE de forma discreta para conseguir pactar la consulta ilegal del 9-N, aunque no se alcanzó ningún acuerdo. Finalmente, se archivó la investigación contra el que fuera líder de CIU.
El origen del proceso independentista
El origen del procés se remonta al 19 de diciembre de 2012. Artur Mas, entonces candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña y líder de CiU, suscribía con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el "Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya". Recogieron las líneas maestras de un pacto para la legislatura y un acuerdo para la celebración de una consulta independentista en el 2014.
El Parlamento de Cataluña aprobaba el 23 de enero de 2013 una "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña". Tres semanas después, también el decreto del Departamento de la Presidencia que propició la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Tras ser impugnada la resolución por el Gobierno, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional y nula la proclamación del carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Cataluña en marzo de ese mismo año.
Entre julio de 2013 y julio de 2014, el Consejo Asesor de Transición Nacional elaboró y entregó 18 informes a la Generalidad, que se refundieron en el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. El 29 septiembre de 2014, Artur Mas presentaba en su sede institucional este informe completo, donde se analizaban los distintos aspectos necesarios para el proceso de transición de Cataluña hacia un país independiente.
El citado Libro Blanco proclamó la legitimidad del proceso de autodeterminación de Cataluña, y contempló distintos procedimientos para la creación del nuevo estado. Mediante un marco de colaboración negociada con el Gobierno español o bien en el caso de que el Estado desplegara instrumentos de oposición a la independencia. Es decir, el objetivo era alcanzar la independencia mediante un acuerdo o de manera unilateral.
Mientras, el Parlamento catalán aprobaba la Ley Catalana de Consultas Populares no Referendarias y otras formas de participación ciudadana. La Generalidad promulgaba además el decreto del Departamento de la Presidencia de convocatoria para la consulta popular sobre el futuro político de Cataluña.
Tantol a Ley de consultas populares, como el decreto de convocatoria de la consulta popular fueron suspendidos provisionalmente dos días después de su promulgación por el Constitucional. Pese a ello, seis semanas después, el 9 de noviembre de 2014, se llevó a término una consulta general en Cataluña, el 9-N, que planteaba dos preguntas: a) "¿Quiere que Catalunya sea un Estado?" y b) "En caso afirmativo, ¿quiere que Catalunya sea un Estado independiente?".
Las elecciones "plebiscitarias"
El Tribunal Constitucional declaraba finalmente en febrero de 2015 la inconstitucionalidad y nulidad de las normas inicialmente suspendidas, es decir la Ley de consultas populares y el decreto de convocatoria de la consulta.
El 24 de febrero de 2015, se publicaba el decreto del Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña por el que se crea el "Comisionado para la Transición Nacional". Además, se colgaba en la web de la Generalidad un "Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado", y otro denominado "Plan de Infraestructuras Estratégicas", ambos incluidos en lo que se identificaba como "10 Proyectos Estratégicos de Acción de Gobierno y para la Transición Nacional".
El 30 de marzo de 2015, se acuerda una hoja de ruta del proceso independentista entre CDC (Josep Rull) y ERC (Marta Rovira), junto a Ómnium Cultural (Muriel Casals), ANC (Carme Forcadell) y la Asociación de Municipios para la Independencia AMI (José María Foige).
En el preacuerdo, se estableció que las elecciones próximas tendrían un carácter plebiscitario y votar a sus candidaturas supondría un pronunciamiento favorable a iniciar de inmediato un proceso de "transición nacional", que llevaría a la proclamación de la república catalana en 18 meses.
El 12 de abril de 2015, la ANC aprobaba su propia hoja de ruta en la que aseguraba que velaría por el cumplimiento de las resoluciones del Parlamento de Cataluña relativas al impulso del proceso. En esa misma línea, el documento Enfocats contenía una exhaustiva guía del proceso a desarrollar.
En las elecciones del 27 de septiembre de 2015, la agrupación Junts pel Sí, constituida por CDC y ERC, obtuvo la mayoría. La coalición obtuvo 62 diputados, y la CUP 10 diputados, de un total de 135 diputados que conforman el Parlamento de Cataluña.
A partir de noviembre del 2015, el proceso se acelera mediante la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Resolución I/XI de 9 de Noviembre, punto de partida del permanente ataque a la legalidad democrática y constitucional que los acusados habían planificado y organizado.