La explotación laboral sigue siendo una realidad en España. Aunque no solo en nuestro país, ya que según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ni un sólo país del mundo se libra de esta lacra. Se trata de personas que trabajan por imposición de grupos delictivos, sufren a diario amenazas e intimidación de sus empleadores, jornadas laborables interminables y sus salarios y/o documentación es retenida por sus jefes.
La Guardia Civil ha efectuado desde 2011 un total de 12.804 actuaciones contra la explotación laboral y la trata de seres humanos con dichos fines en territorio nacional, ha informado de sus derechos a más de 80.000 personas y ha detenido a 763 personas, de las que 521 eran extranjeros, aproximadamente el 70 por ciento. Además ha liberado a 1.794 víctimas, de las que 1.716 eran extranjeras, un 95 por ciento.
Durante 2018, en coordinación con la Inspección de Trabajo, los agentes del Instituto Armada han llevado a cabo 732 inspecciones en lugares susceptibles de producirse explotación laboral, trabajo forzoso o trata de seres humanos y han asistido e informado de sus derechos a 3.141 personas que se encontraban trabajando. Las víctimas son de todas las nacionalidad, incluso españoles, aunque priman rumanos, búlgaros y chinos.
Para intentar concienciar a la sociedad, prevenir esta situación y solicitar la colaboración ciudadana para combatir esta lacra, la Guardia Civil ha presentado este martes por la mañana en el Palacio de la Prensa de Madrid su nueva campaña: #trabajoforzoso. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acompañado el director general del Instituto Armado, Félix Azón.
El ministro ha afirmado que la sociedad no puede permitir esta "dura realidad" ante la que "hemos de fomentar la denuncia y mostrar una clara intolerancia". "Se va a perseguir" a quienes no respeten los derechos laborales de todas las personas, ha continuado Marlaska, tras lo que ha insistido en que las Fuerzas de Seguridad del Estado van trabajar con el mismo "ímpetu" que lo vienen haciendo para erradicar la violencia de género o la trata de personas con fines de explotación sexual.