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Espectáculo de JxCat y ERC, que se acusan de mentir sobre el recurso al TC de Puigdemont

Los republicanos aseguran que no fueron informados mientras que los posconvergentes alegan que se trata de un paso técnico para acudir a Estrasburgo.

Los republicanos aseguran que no fueron informados mientras que los posconvergentes alegan que se trata de un paso técnico para acudir a Estrasburgo.

Nueva bronca en el frente separatista. El recurso de Carles Puigdemont ante el Tribunal Constitucional contra el presidente del Parlament y la mesa de la cámara por impedir su delegación de voto agudiza la crisis de confianza entre los socios del gobierno catalán. En ERC todavía no han acabado de digerir que Puigdemont, al que todavía se refieren como "el president", haya acudido a un Tribunal Constitucional que según la retórica nacionalista no es más que una extensión del supuesto aparato represor del Estado. Alegan, además, que a diferencia de lo que afirman dirigentes del grupo de Puigdemont como Josep Costa, vicepresidente primero de la mesa, y Eduard Pujol, el presidente del Parlament, Roger Torrent, no fue avisado de la última maniobra del prófugo en Waterloo.

Desde el entorno de Torrent se admite que Costa le comentó que Puigdemont recurriría al Constitucional la no delegación de voto, pero no que fuera a cargar contra el presidente de la cámara y el acuerdo de la mesa, sino que se trataba de una ampliación del recurso presentado por los propios partidos separatistas en contra de la decisión del Supremo.

La portavoz de ERC Marta Vilalta ha asegurado que "si el president considera que un recurso contra Torrent y la mesa en el Tribunal Constitucional español es la mejor opción para defenderse, lo respetamos". Sin embargo, considera que se trata de una acción "prescindible". A la contra, la portavoz de la Generalidad, Elsa Artadi, ha defendido el recurso por "razones técnicas" y asegura que la última maniobra de Puigdemont no tendrá incidencia en el Govern. Según el grupo de Puigdemont, es necesario agotar las vías judiciales en España para poder acudir ante la justicia europea.

En esta ocasión y a diferencia de lo que ocurrió el pasado octubre, cuando ERC decidió acatar la decisión del Supremo de retirar la delegación de voto de los encausados por el golpe de Estado, no está en riesgo la continuidad del ejecutivo catalán por la cercanía del juicio. No obstante, Quim Torra y el vicepresidente autonómico Pere Aragonès han mantenido una reunión para escenificar la teórica unidad independentista como ya hicieran en el primer episodio de este desencuentro.

La foto de los cinco requerimientos

El recurso de Puigdemont ante el denostado Constitucional (llegó a hacerse una foto con los cinco requerimientos del TC antes del referéndum ilegal jactándose de nada le impediría culminar sus planes) es la evidencia, según ERC, de que Puigdemont ha perdido el norte. A modo de ejemplo, explican que es capaz de insistir en una lista conjunta mientras denuncia a sus teóricos socios ante la justicia española. O que es capaz de acatarla en ese caso mientras ordena a sus diputados una reforma reglamentaria para volver a plantear su investidura cuando concluya el juicio.

Tampoco están muy contentos en el PDeCAT con los vaivenes de su líder y el nada disimulado intento de acabar con esas siglas y la organización en favor de la Crida, que este fin de semana celebrará su congreso fundacional en Bruselas. La última afrenta contra el PDeCAT es el veto que ha impuesto a la candidata a las municipales Neus Munté, exvicepresidenta de su gobierno y que decidió dimitir a tres meses del 1-O ante el cariz penal que estaban tomando los acontecimientos. Según Puigdemont, Munté no es de fiar. Le reprochan también que, en cambio, haya ofrecido un puesto en la candidatura para las elecciones europeas a Beatriz Talegón, noticia avanzada por Libertad Digital el pasado 23 de noviembre y que la aludida se apresuró a desmentir en ese momento.

En ERC se lamentan también de que Puigdemont y los diputados de su grupo hayan adoptado un papel "combativo", con apelaciones a la desobediencia, mientras aceptan el marco jurídico del Tribunal Constitucional cuando les conviene.

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