En un clima claramente preelectoral, con la duda de si los independentistas aprobarán los Presupuestos y la continuidad de la legislatura pendiente de un hilo, el Gobierno ha sufrido este martes su primera derrota parlamentaria en el Congreso. Podemos ha dejado caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su primer rechazo parlamentario al decreto de medidas urgentes del alquiler en un claro aviso al Ejecutivo al que reprochan no cumplir con el acuerdo presupuestario firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Un rechazo que se suma a la abstención de la formación morada en otro de los siete decretos más que se sometió a votación en el pleno y que ha motivado la "frustración" de fuentes del Ejecutivo. "Es frustrante que la derecha en Andalucía cierre con VOX y trague con carros y carretas y aquí, por contra, no se pasa en la izquierda el pelo de una gamba", reconocen fuentes del Gobierno con pesar.
El decreto decaído este martes llevaba la firma del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos cuyo entorno explica que las discrepancias con Podemos han sido menores y en aspectos de forma porque "hay acuerdo en lo fundamental sobre la regulación de los precios del alquiler". "La socialdemocracia busca avances; otros, en cambio, buscan paraísos", explican no obstante ante la negativa de la formación morada de aceptar la llamada ‘fórmula de las VTC’, es decir, pasar la patata caliente de la regulación de un precio máximo en el alquiler a las comunidades autónomas y ayuntamientos, como defendió esta mañana en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
"Hay una cuestión que es importante que es regular las zonas de especial tensión de las grandes ciudades. No es la Administración general, nuestras competencias ahí son limitadas. Son ya las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que puedan determinar cuándo se dan las circunstancias para que se declare una zona tensionada o se produzca una regulación para que no vayan al alza los precios del alquiler en forma de espiral. En la fórmula estamos bastante de acuerdo con Podemos en su literal pero el debate es de forma".
Según la ministra es la forma, y no el fondo, lo que hará que Podemos "se decante" por el rechazo. Esto es: que sí hay acuerdo en el punto concreto de la regulación pero no en la norma que ha de albergarlo. El Ejecutivo quería que se incluyera en el proyecto de Presupuestos pero, en privado, se comprometía a desarrollar las medidas en otro ámbito legislativo. Según fuentes negociadoras se ofrecieron tres opciones: "Un decreto de medidas complementarias, incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado a través de enmiendas parciales o tramitar el decreto del alquiler como proyecto de Ley. Pero Podemos ha rechazado las tres".
Un varapalo parlamentario que ha suscitado las tensiones en el seno del Ejecutivo entre los tres departamentos implicado: Economía, Hacienda y Fomento. Primero, en lo relativo al fondo, porque Economía no acepta de ninguna manera que se pase la patata caliente a ayuntamientos y comunidades autónomas y porque, si se regulan los precios del alquiler, "el mercado se nos echa encima".
Y, segundo, por las formas. Hacienda y Economía reprochan al Ministerio de Ábalos haber descuidado la negociación de un decreto crucial en la gestión del Gobierno. "Si otros lo hacen tarde, a lo mejor no lo aprueban". Una visión injusta, según Fomento, cuya versión denota un gran malestar: "Ha habido varias intentos por sentarnos a la mesa, pero Podemos nos ha dado largas desde el primer momento". Según el departamento de Ábalos "nos han pedido en todo momento retirar el decreto y hacer uno nuevo" cuando lo "razonable" es incluirlo en las enmiendas en los PGE o en la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de Ley porque "el PNV nunca va a aceptar que se regulen los precios del alquiler" como sí hace ahora el Gobierno en clara cesión a Podemos.
Según las fuentes gubernamentales consultadas, pese a las voces discrepantes del Ejecutivo los negociadores socialistas y gubernamentales han transmitido a Podemos su compromiso de que aceptarán que se regulen los precios del alquiler interviniendo en el mercado inmobiliario entre particulares. Lo harán después del rechazo parlamentario de este martes a través de un 'plan B': la inclusión de nuevas medidas en las enmiendas al articulado de los PGE.