El juicio sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre y las próximas elecciones locales, autonómicas y europeas de mayo amenazan la renovación del Consejo General del Poder Judicial CGPJ. Según las fuentes consultadas por LD, "este contexto judicial y político no es el más apropiado" y dificulta mucho el cambio en el Gobierno de los jueces que preside en funciones, Carlos Lesmes, cuyo mandato de 5 años expiró en diciembre.
Previsiblemente, la vista oral en la que se enjuiciará a los dirigentes independentistas catalanes arranque en la primera semana de febrero. Por otro lado, el 26 de mayo se celebrarán en España las elecciones locales, autonómicas y europeas. Estas mismas fuentes apuntan que "la unidad judicial que se quiere mostrar durante el juicio del procés, unida al ambiente pre-electoral podría seguir bloqueando la renovación del CGPJ en los próximos meses".
La renuncia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a presidir el CGPJ, provocó la ruptura del pacto alcanzado entre populares y socialistas para el reparto de los vocales. Dicho acuerdo contemplaba que el presidente y 9 vocales fueran propuestos por el PP y 11 vocales por el PSOE.
De hecho, ya se habían anunciado los nombres de los 8 vocales correspondientes a los juristas de reconocido prestigio: José Ricardo de Prada, Carmen Sáez, Luis Martín Contreras y José Miguel Castillo Calvín; y por el Senado, figuraban Manuel Guillermo Altava, María Rosa Rubio Ramos, Pilar Fernández y Bernardo Fernández.
El desconcierto se ha apoderado en este tiempo de estos aspirantes a vocales del CGPJ, cuyo nombramiento pende de un hilo, tras la ruptura del pacto entre el PP y el PSOE. Después de la renuncia del aspirante Marchena, el Partido Popular solicitaba la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, mientras el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervenía públicamente para intentar mantener el pacto alcanzado.
El Gobierno es partidario de retomar las negociaciones con el PP. Las asociaciones judiciales también verían con buenos ojos que se acometa cuanto antes la renovación del Consejo. El pasado 10 de enero, el propio Lesmes recordaba por carta al Congreso de los Diputados y al Senado que la renovación del CGPJ se debe hacer en el plazo "legalmente obligado" por la Constitución y por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A pesar de las intenciones, las mismas fuentes consultadas consideran que no existe el "clima propicio" para retomar la renovación del Gobierno de los jueces con el juicio más importante de la historia de la democracia a la vuelta de la esquina, con permiso del 11-M y el caso Nóos, y las tres citas electorales de mayo. La razón es que se podría dañar la imagen y la unidad de la justicia en pleno juicio y que los partidos políticos podrían "utilizar el cambio en el CGPJ para intentar sacar rédito electoral".
De esta forma, Lesmes y el resto de componentes del CGPJ seguirán ejerciendo su labor "en plenitud de funciones y sin ningún tipo de limitación, hasta que entre en funcionamiento el nuevo Consejo General del Poder Judicial". Ya existe el precedente del fallecido Francisco José Hernando cuyo mandato se extendió entre 2001 y 2008, en vez de los 5 años estipulados.
Como consecuencia, previsiblemente se paralicen también otros nombramientos de "cargos constitucionales" como el del Defensor del Pueblo o la renovación de 4 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato finaliza a finales del próximo año.
Por su parte, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, que se jubila en apenas 7 meses, podría finalizar su carrera al frente del Alto Tribunal. Tras su retirada, se designaría a un nuevo vicepresidente y el puesto vacante sería ocupado por uno de los vocales del CGPJ suplentes.