Un día antes de que en el Parlament se proclamara la república catalana del 27 de octubre de 2017, la Policía Nacional impidió que agentes de los Mossos d'Esquadra destruyeran miles de papeles y documentos en una incineradora. Hubo momentos de gran tensión. Los agentes autonómicos se resistieron a entregar las cajas con el material. La Policía Nacional tuvo que esperar un par de horas a que la Audiencia Nacional tramitara la orden judicial para incautarse de la abundante documentación que se pretendía destruir.
En un primer análisis se detectaron numerosos papeles con información sobre dirigentes políticos y sociales contrarios al proceso separatista, sindicalistas de los Mossos, abogados, periodistas y dirigentes o miembros de organizaciones como Sociedad Civil Catalana. Los afectados pusieron unas denuncias que acaban de ser archivadas. El titular del juzgado número 22 de Barcelona considera que los Mossos actuaron correctamente al seguir a esas personas y recopilar información sobre sus actividades, reuniones, manifestaciones y postulados políticos.
El auto de archivo sostiene que los informes sobre el primer presidente de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, el abogado José María Fuster Fabra o el secretario del Sindicato Policial de Cataluña, David José, su hijo de quince año o su exesposa, entre otros, tenían como objetivo prevenir delitos" en un momento de "especial vulnerabilidad social", en alusión a los meses y semanas previos al referéndum ilegal del 1-O.
Medios lícitos
El juez considera que la información fue conseguida por medios lícitos, sin intervención extrajudicial de comunicaciones ni utilización de medios ilegales, y que tenía por objetivo obtener el máximo de información sobre personas que "pudieran devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes".
A tenor de las declaraciones en sede judicial del comisario general de información de los Mossos, Manel Castellví, el juez da por supuesto que el propósito de la policía autonómica no era el de fichar a elementos contrarios al proceso separatista, sino facilitar su seguridad, que no había en ello ninguna motivación política y que la investigación cesó cuando se comprobó dichos elementos no suponían ningún peligro para el orden público en Cataluña.