Va quedando más que claro para cualquier observador sin prejuicios que el comportamiento de Ciudadanos con VOX dista mucho de ser el que corresponde por realismo político a quien necesita sus votos para componer un acuerdo de gobierno. La filtración del acuerdo de gobierno horas antes de la reunión PP-VOX ha sido otro hito más de este camino de desaires y exclusiones poco explicables debido a la realidad aritmética incuestionable: sin VOX, no será posible un gobierno de cambio en Andalucía.
El Mundo de este lunes habla ya del "enésimo desaire de Ciudadanos a VOX" y desde que se conocieron los resultados de las pasadas elecciones del 2 de diciembre, el partido de Albert Rivera ha hecho todo lo posible para distanciarse del partido de Santiago Abascal, alineándose con la izquierda socialista, con Podemos e incluido con el nacionalismo vasco en los últimos días y los separatismos más radicales.
El plan de Ciudadanos es negociar sólo con el PP, dejando a éste la responsabilidad de las negociaciones, absolutamente necesarias, con VOX para lograr un acuerdo de gobierno. Dicho con claridad, la presidencia del Parlamento andaluz, que desempeña la diputada naranja Marta Bosquet, ha sido posible porque VOX la ha votado. Y si Juan Marín quiere ser un supervicepresidente "regenerador" de la Junta lo será con el apoyo expreso de Francisco Serrano y de VOX o no lo será.
Por tanto, si Juan Manuel Moreno, cuya carrera política ha sido catapultada desde el abismo más oscuro al estrellato gracias a estas elecciones, quiere ser presidente de la Junta y lograr, indirectamente, que Pablo Casado pueda remontar su vuelo inicial, necesita absolutamente el apoyo expreso de VOX antes de la sesión de investidura que parece fijarse para el próximo día 16.
Si el apoyo de VOX, concreto y firme al menos en la cantidad de los 8 diputados necesarios para que la suma de los 26 escaños del PP y los 21 de Ciudadanos alcancen el listón de los 55 necesarios, no se produce antes del día 16 de enero, la presidenta del Parlamento tendrá que tomar una decisión forzada que podría resultar muy escandalosa.
El procedimiento exige que el presidente de la Junta de Andalucía sea uno de los diputados electos en las pasadas elecciones de 2 de diciembre. Pero la presentación de las candidaturas no corresponde a los partidos, como parece hacer creer Susana Díaz que defiende su mayoría para justificar su presentación.
En el artículo 138 del Reglamento, punto 1, se dice textualmente que:
1. El Presidente o Presidenta del Parlamento, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La propuesta deberá formularse, como máximo, dentro del plazo de quince días desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del Presidente o Presidenta.
Esto es, será la flamante presidenta del Parlamento Marta Bosquet quien deberá proponer el candidato o candidata a presidir la Junta de Andalucía. Naturalmente, su propuesta, aunque nada dice de ello el reglamento en cuestión, no podrá ser arbitraria. Esto es, deberá proponer a quien tenga mayores posibilidades de ser proclamado en sesión plenaria como presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Si PP, Ciudadanos y VOX firman un acuerdo claro y definitivo, Juan Manuel Moreno será propuesto para la presidencia de la Junta y elegido en primera votación.
Pero la relación de fuerzas es tal que, si Ciudadanos y VOX no se ponen de acuerdo expresamente, por las razones que sea, Juan Manuel Moreno no podrá ser propuesto para la presidencia de la Junta si Susana Díaz y la coalición Adelante Andalucía llegan a un acuerdo de investidura.
Si Ciudadanos continúa por la senda de ignorar a VOX y éste se abstuviera de participar, la suma de 50 escaños –los 33 del PSOE y los 17 de Podemos e IU–, superarían a los 47 de PP y Ciudadanos, forzando que la presidenta del Parlamento no tuviera otro remedio que nominar a Susana Díaz como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía antes del próximo día 16.
En tal caso, Susana Díaz dispondría de tiempo ilimitado para la presentación de su candidatura en un ejercicio parlamentario sin precedentes porque, si no hay sorpresas o felonías de nivel desconocido hasta el momento, no podría ser investida porque sólo dispondría de 50 votos a su favor y tendría 59 votos en contra, los de PP, Ciudadanos y VOX. Sin embargo, la operación propagandística a nivel nacional sería de efectos imprevisibles.
Como en segunda votación valdría la mayoría simple, la mera abstención de cualquiera de los tres partidos que componen hoy por hoy la opción de cambio valdría para la investidura de Susana Díaz. Si tampoco lograra esa mayoría, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, tendría que presentar otro candidato o candidata, pero para ello, naturalmente, volvería a ser necesaria la concurrencia expresa de VOX, tanto en primera votación como en segunda dado que la abstención de VOX haría que los votos de PSOE y Podemos + IU superaran a los de PP y Ciudadanos.
Ello conduciría a la convocatoria de nuevas elecciones el 16 de marzo si no se hubiera logrado la investidura de candidato alguno, celebrándose en el mes de mayo, coincidiendo con las elecciones autonómicas, municipales y tal vez generales.
Por tanto, todo el acuerdo programático y el organigrama inicial del futuro gobierno son papel mojado sin la concurrencia de VOX en ese acuerdo. De ahí la ininteligibilidad de los comportamientos que estén teniendo lugar y que están produciendo la perplejidad, cuando no el cabreo abierto, de muchos de los que llevan esperando un cambio en Andalucía casi 40 años.