El gran objetivo que se marcó Quim Torra al acceder al cargo de presidente de la Generalidad fue restituir a todos los cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A pesar de que él mismo era la encarnación de la impotencia en calidad de sustituto de Puigdemont, se propuso renombrar consejeros a los exconsejeros presos, maniobra abortada sobre la marcha ante las dificultades jurídicas y operativas que tenía la operación cuando los encausados aún estaban en cárceles de Madrid.
También intentó que Josep Lluís Trapero, procesado por el intento de linchamiento de una comitiva judicial el 20 de septiembre de 2017, retomara su cargo de "major" de los Mossos. El policía, a la espera de juicio, decidió no complicarse más la vida y rechazó amablemente la propagandística "oferta" del vicario de Puigdemont. Sin embargo, en los escalafones inferiores muchos de los cesados se han aferrado al programa de Torra para recuperar sus puestos e incluso acceder a otros mejores. La hermana de Guardiola, Francesca Guardiola, ha pasado de ser "embajadora" de la Generalidad en Dinamarca a "embajadora" para todos los países nórdicos.
Es el caso también de Mònica Osàcar Andreu, cesada como responsable de publicidad institucional de la consejería de Presidencia en virtud del 155 y que vuelve a la Generalidad como gran experta en redes sociales, políticas digitales y comunicación. Osàcar es hija del extesorero de la Generalidad Daniel Osàcar, condenado a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de Convergència a través del Palau de la Música.
Carrera con Pujol y Mas
Mònica Osàcar comenzó su carrera en la Generalidad en el último mandato de Puiol (2003) y retornó con la llegada al poder de Artur Mas, en 2011. En su anterior puesto cobraba algo más de 65.000 euros. Ahora tendrá un salario anual base de 55. 657,56 euros, el correspondiente a un funcionario del grupo A con nivel de destino 27, pero con un complemento de 31.236,60 euros.
El nombramiento, que recoge el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) de este jueves, tiene fecha de 27 de diciembre y es en calidad de "asesora en materia de comunicación digital" adscrita al departamento de Comunicación de la Generalidad. Entre las funciones, el DOGC destacan la de "asesorar en el ámbito de las políticas de comunicación digital, para mejorar la visibilidad en las redes sociales; gestionar las respuestas a los usuarios, fomentando el uso de las redes sociales como medio de interacción del Gobierno con la ciudadanía y velar por la corrección de los contenidos de las webs, a partir del establecimiento de unas normas de uso adecuadas".