Los negociadores de PP y Ciudadanos han cerrado un acuerdo con 23 medidas de regeneración democrática, que incluye el límite de mandato, la supresión de los aforamientos y una oficina de lucha contra el fraude, entre otras iniciativas.
En un documento conjunto emitido hoy, ambos partidos indican que los andaluces han reclamado que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se defienda "la Unidad de España Constitucional frente al Independentismo radical, haciendo que el pueblo español siga siendo el sujeto de la soberanía nacional".
Por ello, han acordado la defensa de la unidad de España y el estado de las autonomías bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución y la despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción con "tolerancia cero con la corrupción", comprometiéndose a la separación inmediata de los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción hasta la decisión definitiva del órgano judicial.
También aprobarán un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados del Parlamento para acabar con fueros y privilegios y un Proyecto de Ley de Despolitización que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas.
Esta Ley recogerá la reducción de los altos cargos, quienes deberán tener dedicación exclusiva y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones. El acuerdo incluye que los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales que ahora son nombrados libremente por el Gobierno sean elegidos por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo.
Limitar a 8 años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente de la Junta y de los consejeros, garantizar la protección de quienes denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta y poner en marcha una Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción para prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción son otras medidas acordadas.
Los negociadores también han acordado suprimir el Consejo Consultivo, reformar la Cámara de Cuentas y constituir un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político.
"Desmontar la 'administración paralela'" y racionalizar el gasto, con una "auditoría integral" a la Cámara de Cuentas y un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la "Administración paralela" son también puntos incluidos en el acuerdo.
Otros compromisos son revisar la Ley de Transparencia Pública y modificar la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía para mejorar el control y transparencia de la gestión de los fondos públicos del Presupuesto de la Junta y acabar con los "incentivos al despilfarro".
Una Ley de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía, la creación de una Comisión parlamentaria de Investigación de la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE), establecer los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE y elaborar una Ley de Subvenciones son puntos destacados.
Los negociadores se han comprometido a revisar la normativa de contratación de la Junta y sus entidades instrumentales para que cumpla escrupulosamente los principios de publicidad, neutralidad, transparencia y buena gestión y a aprobar una Ley de Función Pública que siente las bases de una administración pública "cada vez más moderna, eficaz y profesional".
Clarificar y agilizar los procesos de oposiciones para el acceso al empleo público es otro de los acuerdos, que recogen también impulsar una reforma de la Ley Electoral de Andalucía que incluya una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces y una reducción de los gastos electorales, además de regular el carácter obligatorio de la celebración de debates electorales.