El Consejo de Ministros reunido este viernes en Barcelona ha aprobado varias medidas que afectan a la región, entre ellas una declaración que rechaza y condena el consejo de guerra que en 1940 condenó a muerte al presidente de la Generalidad Lluis Companys. En dicha declaración, el Ejecutivo proclama además su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalidad, como ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Celaá ha anunciado por otro lado la creación de una Comisión de Trabajo para la rehabilitación de siete científicos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sancionados durante la guerra civil.
Como recuerdan fuentes del Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya declaró la ilegitimidad de las condenas de los tribunales durante la guerra civil y el Congreso aprobó el pasado mes de septiembre una iniciativa por la que declaraba nula la sentencia por la que Companysfue ejecutado. A este respecto, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha señalado en la rueda de prensa que con esta declaración el Consejo de Ministros toma conocimiento de la aprobada por el Parlamento.
Y en cuanto a la nulidad del juicio que condenó a Companys, Batet ha explicado que requiere previsión normativa y legal y ha recordado que en estos momentos está contemplada la propuesta en una proposición de ley que ya se tramita en el Congreso, por lo que puede ser aprobada eventualmente.
Precisamente este punto es el que sigue reclamando el separatismo, insatisfecho por el gesto del gobierno. La consejera de Justicia, Ester Capella, ha dicho que su ejecutivo espera se promulgue una ley que "anule los procedimientos sumarísimos y la sentencia que condenó a muerte" a Companys: "Recibimos el anuncio del Consejo de Ministros cuarenta años tarde. Valoramos el gesto, pero es únicamente un gesto".
Esta no ha sido la única medida vinculada a Cataluña del 21-D. El Ejecutivo ha acordado que el aeropuerto de El Prat pase a denominarse Josep Tarradellas. Según ha explicado Celaá, el cambio de nombre quiere transmitir un mensaje de "concordia, entendimiento, diálogo", así como un "reconocimiento" a quien fue el primer presidente de la Generalidad de Cataluña en democracia.
Otra de las medidas está relacionada con las carreteras, que han sido de nuevo tomadas y cortadas por los CDR para protestar contra el Ejecutivo. El Gobierno ha autorizado la licitación de contratos para conservación y explotación en carreteras del Estado en Cataluña por más de 85,3 millones de euros, más otros 27,5 millones añadidos para acondicionar el trazado de la N-II entre Tordera (Barcelona) y Maçanet de la Selva (Gerona). En total, 110 millones para realizar trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y colocación de semáforos, entre otros.