Además de las razones vitales de mantener a "su gente" incrustada en los mecanismos de la administración; además de la necesidad capital de que no haya auditorías serias en cada Consejería de la Junta que describa el cómo y el cuánto del régimen; además de la conveniencia de Pedro Sánchez de liquidar a Susana Díaz, cuya credibilidad cuestiona ya hasta su amigo Juan Carlos Ibarra, y además de la necesidad de mantener la estructura financiera-organizativa del PSOE, no sólo a nivel regional, hay otra razón para ceder la presidencia a Juan Marín a cambio de impedir la catástrofe.
Pocos parecen reparar en el horizonte penal horribilis que puede esperar a un PSOE andaluz, todavía susanista, humillado por las urnas, traicionado por Ferraz o eso creen muchos socialistas afines a la trianera y acosado a derecha e izquierda, si se consuma verdaderamente un cambio profundo de las políticas vigentes hasta el momento en Andalucía.
Si Manuel Chaves, ex presidente de la Junta, le dijo a su ex amigo y ex presidente, José Antonio Griñán que Susana "nos ha matado, Pepe", cuando la todavía presidente en funciones los dejó caer sin miramientos – por cierto, impulsada por el propio Pedro Sánchez que por entonces competía con Mariano Rajoy en limpieza e higiene contra la corrupción -, lo que se avecina en los juzgados andaluces para el PSOE, si el cambio funciona, es sencillamente un horror.
Las armas esenciales de la estrategia para obstaculizar la investigación de la corrupción del régimen socialista andaluz en los macrocasos conocidos han sido la inacción o el entorpecimiento de la acción judicial. De hecho, la Junta se retiró del juicio de los ERE sobre el procedimiento específico o fondo de reptiles y ha propiciado el archivo de muchas de las piezas del caso de la formación, algunas de ellas más que escandalosas, por ejemplo en Huelva. Incluso llegó a lograr que Manos Limpias cambiara de bando en el juicio principal.
Como ayuda de su estrategia, el troceo de los macrocasos perpetrado por la sucesora de la juez Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, fue decisivo porque se abrieron 187 piezas separadas de investigación, reducidas ya 146 porque o bien se ha terminado la instrucción de cinco de las mismas o han sido archivadas por la juez titular, nada menos que 36. Más de 500 investigados hay en todas estas piezas y según el grupo Joly podría llegar a los 600 en un corto espacio de tiempo, entre políticos, empresarios y beneficiados por las ayudas de la Junta.
Lo curioso es que en algunas de estas piezas está personada la Junta de Andalucía como acusación particular que, a veces, incluso ha protestado contra las decisiones de la juez Bolaños, por ejemplo, en algún caso en el que está imputado el ex consejero Antonio Fernández y otros.
Pero hay que tener en cuenta que es la Fiscalía Anticorrupción, la que dirige la acusación en todos estos casos, la que ha puesto varas veces en cuestión la tarea de la juez Bolaños. Precisamente, la última trascendió ayer tras el archivo definitivo de la causa matriz abierta por la juez Alaya por considerar la juez Bolaños que no hay ninguna ayuda que no se esté investigando.
La Fiscalía, representada por Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, que esa decisión de la juez no se basa en una valoración concreta de todos los expedientes y que no menciona siquiera las ayudas a diferentes empresas. Además, indican que no aparece mención de ciertos informes de la Guardia Civil relativos al patrimonio de investigados como el mencionado ex consejero de Trabajo, Antonio Fernández, que gozó de un incremento inexplicado.
Por ello no entienden los fiscales que se haya decretado el sobreseimiento que conduce al fin de toda investigación por parte de la policía judicial y la misma instructora. Tampoco entienden que se dicte un archivo sobre casos en los que pende un recurso de la Fiscalía que no permiten la firmeza de decisión alguna.
ABC destaca la "exasperación" de la Fiscalía muy especialmente en el caso de la Sierra Norte de Sevilla y la tela de araña de empresas creadas por los exconcejales de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo tras la recepción de 14 millones de euros de la Junta. El escándalo es tremendo porque la juez Bolaños no ha instruido esta causa y ahora el investigado Sayago y otros –Rosendo murió hace unos años–, transcurrido el plazo legal de 18 meses, han solicitado el archivo de la causa. O sea, prescripción por responsabilidad directa de la juez Bolaños.
Pero el enfrentamiento capital de la Fiscalía con la juez Bolaños se refiere a sus exclusiones de ex alto cargos de la Junta en estas piezas separadas aludiendo a la razón de que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito, sobre todo, el de malversación de caudales públicos por los que ya están siendo procesados en el caso ERE. La juez se ampara en la Audiencia Provincial de Sevilla, una de cuyas secciones, la Séptima, dio pie a dicha a interpretación.
La Fiscalía, sin embargo, pide a la juez que anule sus exclusiones de ex altos cargos porque esta decisión puede desembocar en un «intolerable espacio de impunidad». Según la Fiscalía, lo que ha dicho el tribunal que juzga a los 21 ex altos cargos por el fondo de reptiles y sus procedimientos es que lo se juzga es precisamente el procedimiento, su concepción, su puesta en marcha y la financiación consecuente de todo el entramado.
Pero el juicio que se sigue contra Chaves, Griñán y 19 ex altos cargo más no trata de la concesión y pago de ayudas concretas a empresas y trabajadores así lo delimitó el propio Tribunal. Esto es, en esas piezas separadas los ex altos cargos deberían ser investigados para determinar su responsabilidad, en su caso, penal. Por ello, los fiscales piden que sea anulen las exclusiones decididas por la juez Bolaños.
Según la Fiscalía, lo que ha hecho la juez es facilitar una especie de "salvoconducto procesal que cerraría la posibilidad de dirigir la acción penal contra las personas acusadas» en la pieza política del caso" creándose un «un intolerable espacio de impunidad».
En nuevo escenario, la juez Bolaños apenas tendría que pedir un documento, papel o prueba pericial para obtenerla de manera inmediata impidiéndose así el retraso o prescripción de los sumarios.
Una nueva Junta que colaborara con la Justicia
Naturalmente, el caso ERE no es el único caso a que se enfrenta la gestión socialista de la Junta de Andalucía. Aunque hay más, señalemos cuatro por su importancia y su extensión a toda Andalucía. El caso del fraude de la formación, el caso de la Fundación FAFF y las tarjetas sex-back, el caso de la agencia IDEA y el caso Invercaria. Además, quedarían el caso Avales y otros, pero hay que resumir.
La pregunta es qué haría una nueva Junta de Andalucía en los juzgados tanto en el caso de los ERE como en todos los demás.
Para ello, si se recurre a los programas propuestos a los andaluces por quienes pueden ser los gestores de una nueva Junta son evidentes. Ciudadanos dice en sus textos que hay que "limpiar Andalucía de corrupción, que el dinero público es sagrado y que fuera corruptos de las instituciones."
Según el programa del PP, "hay que dotar de más medios a la lucha contra la corrupción atendiendo de manera especial a los juzgados que instruyan macrocausas". Bien claro.
Según el programa de Vox, la lucha contra la corrupción es una prioridad nacional. Por eso, proponía eliminar el indulto, endurecer las penas del código penal para los corruptos y un Poder Judicial de ámbito nacional, independiente y profesional.
Hasta Podemos incluye la lucha contra la corrupción en su texto programático. Dice: "Transparencia y la lucha contra la corrupción multiplicando los medios y recursos de los juzgados con estas competencias: crear una unidad contra la corrupción que facilite las acusaciones populares; poner en marcha una oficina virtual del funcionario, que permita a los empleados públicos denunciar irregularidades de forma anónima; hacer públicas las cuentas."
Por el contrario, el PSOE no menciona la corrupción ni siquiera una sola vez en su programa político para Andalucía.
Con estos mimbres, es fácil suponer que el comportamiento de una Junta de Andalucía impulsada por PP, Ciudadanos y Vox, que en estos temas incluso podría contara con el apoyo directo o la abstención de Podemos.
La personación de la Junta con acusación sería un hecho contundente en todos los casos de corrupción que se siguen instruyendo y su actuación, que dejaría de ser obstaculizadora para ser colaboradora, podría dar importantes giros a los procesos puesto que la documentación oficial estaría gestionada por el nuevo gobierno de la Junta.
Además, las auditorías propuestas para la gestión de los gobiernos socialistas, de hacerse efectivas, podrían dar lugar a nuevos procesos judiciales.
Todo ello determina que el horizonte judicial del PSOE andaluz, en caso de que haya un nuevo gobierno no ligado por vínculo alguno al pasado, sea "horribilis" y que el temor que suscita pueda influir de manera importante en la decisión de ceder la presidencia de la Junta a cambio de impedir este peligro inminente que podría terminar incluso con el PSOE y no sólo el andaluz.