No corren buenos tiempos para Margarita Robles al frente del Ministerio de Defensa. Prácticamente desaparecida desde la polémica por la venta de armas a Arabia Saudí, que cerca estuvo de acabar con un multimillonario contrato de Navantia y que hizo que fuera desautorizada públicamente en varias ocasiones por el presidente del Gobierno, los problemas de aquellos días vuelven otra vez al presente en modo de polémica por un revés judicial y de malestar interno en las Fuerzas Armadas.
El último día de agosto, el Consejo de Ministros dispuso el pase a la reserva del vicealmirante de la Armada Alfonso Gómez Fernández de Córdoba cuando aún le quedaban al menos cuatro años por delante. Cuatro al menos en ese empleo, que es equivalente al de general de División en el Ejército de Tierra o el del Aire, ya que tenía la posibilidad todavía de ascender a almirante, lo que habría extendido su vida militar otros dos años más.
Una decisión que tan sólo había tenido dos precedentes. Se trata de los del teniente general José Mena, que criticó el proyecto de Estatuto de Cataluña durante la Pascua Militar del año 2006 –su pase a la reserva fue finalmente revocada por el Tribunal Constitucional– y el del teniente general José Antonio Beltrán, responsable militar de la repatriación a España de los cuerpos de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42.
En un primer momento se pensó que ese cese era consecuencia del revés judicial que había sufrido Defensa por unas oposiciones al cuerpo de psicólogos militares, tras el recurso de dos aspirantes que fueron descartados por llevar tatuajes. El vicealmirante era subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral y se mostró contrario a que esas oposiciones se repitiesen para no perjudicar a los que habían aprobado el examen, tal y como querían altos cargos políticos del departamento.
Robles cesó a Gómez Fernández de Córdoba de su puesto en el Ministerio el 3 de agosto y durante casi un mes intentó buscarle un puesto de su nivel en el que no pudiera mostrar valoración contraria alguna a una decisión de su departamento. El Estado Mayor de la Armada le propuso como director de Personal, pero la ministra rechazó este nombramiento. Pidió que tuviera un puesto "poco relevante", pero desde la Armada le dijeron que en su jerarquía no había puestos así.
Parecía un castigo duro, pero podía tener algún tipo de justificación. La realidad es que sólo fue la excusa para apartar a una persona que ya había tenido otra desavenencia previa con la directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, política socialista muy cercana a la ministra. Y esas fricciones fueron a cuenta de la intención del Ministerio de dar la espantada del Salón de la Educación de Barcelona en 2019.
En julio, nada más llegar al Ministerio tras la moción de censura, Valcarce decidió que las FAS no volverían a esa feria, de la que los nacionalistas y la alcaldesa Ada Colau querían sacarles. El vicealmirante le alertó de que era un gravísimo error y le explicó que ese salón era "una oportunidad para que los jóvenes catalanes conocieran la opción profesional de las Fuerzas Armadas", pero la política socialista se mantuvo firme.
Hace unas semanas el diario ABC hizo público la decisión del Ministerio de Defensa de no acudir a la feria de la Ciudad Condal y, en cuestión de horas, debido a las críticas recibidas por la ministra, su departamento decidió dar marcha atrás y anunció que sí estarían en el mencionado Salón de la Educación, al que las Fuerzas Armadas llevan acudiendo de manera ininterrumpida desde hace casi una veintena de años.
El vicealmirante recurrió su pase a la reserva ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la misma a la que pertenecía la ahora ministra antes de dar su salto a la política, y los jueces le dieron la razón, dando al traste con la decisión del Consejo de Ministros que le había apartado de la carrera militar. En Defensa se vieron obligados entonces a buscarle un destino que fuera acorde a su cargo.
Y el destino final fue publicado en el Boletín Oficial de Defensa este martes 4 de diciembre. La orden 430/17940/18 le nombraba "Alto representante del Ministerio de Defensa para los actos de conmemoración del V Centenario de la Expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano". Un puesto absolutamente irrelevante más propio de un alto mando en la reserva que de un vicealmirante en activo.
No en vano, fuentes próximas a Gómez Fernández de Córdoba han confirmado a Libertad Digital que los representantes legales del vicealmirante han presentado en las últimas horas ante el Supremo "un incidente de ejecución judicial con el objetivo de que el Ministerio ejecute y cumpla lo mandado por el poder judicial en los términos contemplados en la resolución, corrigiendo cualquier actuación que con la apariencia de cumplir lo que hace es perturbar el mandato judicial".
Este periódico ha solicitado al Ministerio de Defensa algún tipo de valoración formal sobre la sentencia del Supremo y el nuevo destino del vicealmirante, pero han guardado silencio. Serán de nuevo los tribunales los que tengan que decidir el destino del militar.
El caso del vicealmirante Gómez Fernández de Córdoba es el más alarmante pero no es la única polémica entre Defensa y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El Boletín Oficial de Defensa publicó el pasado 28 de noviembre el cese del general de brigada del Ejército de Tierra Juan Francisco Díaz Rodríguez-Valdés, que era hasta la fecha el director del Gabinete Técnico del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), máximo responsable orgánico de las FAS.
Según publicó el diario El País, la destitución se debió a que el general, hombre de confianza y amigo personal del JEMAD, se refirió "en términos despectivos" a Amparo Valcarce, y en términos "poco respetuosos" hacia el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, en un grupo de Whatsapp en el que participan decenas de militares pertenecientes a su misma promoción del arma de Artillería del Ejército de Tierra.
Estos hechos no hacen sino poner de manifiesto el amplio descontento que existe en ámbitos castrenses con los actuales responsables del Ministerio de Defensa y, especialmente, con los cargos políticos más próximos a Margarita Robles.